Más de cinco décadas de colaboración para mejorar la calidad de vida de los uruguayos, impulsando un desarrollo sostenible con equidad
Uruguay y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) son socios estratégicos para el desarrollo desde hace 53 años, constituyéndose el BID, a partir de su fundación, en el principal agente de financiamiento internacional del país.
Esta alianza se ha concretado en un proceso permanente de cooperación por el cual se han realizado proyectos emblemáticos que han sido fundamentales para impulsar el desarrollo económico y social de Uruguay.
Los programas se han desarrollado en múltiples sectores, entre ellos educación, ciencia y tecnología (Facultad de Ciencias, Plan Ceibal una computadora por estudiante, Agencia Nacional de Investigación e Innovación, entre otros); agua y saneamiento (incluyendo diversas etapas en Montevideo); infraestructura de transporte y comunicaciones; así como energía.
La alianza se tradujo en acciones conjuntas que permitieron mantener la inversión social en tiempos de crisis y consolidarla en tiempos de bonanza.
En los últimos 10 años, el BID financió 52 programas de desarrollo en Uruguay por un total de US$3.008 millones en el área social, educación, ciencia y tecnología, infraestructura, agua y saneamiento y residuos sólidos, sector privado, gestión y finanzas públicas, entre otros.
En la actualidad el BID tiene una diversa cartera de operaciones en Uruguay por US$1.398 millones, de los cuales US$1.105 millones se invierten en proyectos del sector público y US$293 millones financian proyectos del sector privado.
En 2011 el BID aprobó préstamos por US$532,6 millones para operaciones en Uruguay, incluyendo dos operaciones con el sector privado por US$265 millones, más que duplicando el promedio de aprobaciones de los siete años anteriores. También se aprobaron US$3,3 millones en cooperaciones técnicas, US$1,5 millones por parte del Fondo Multilateral de Inversiones y US$9,7 millones por la Corporación Interamericana de Inversiones.
En 2012 el BID prevé continuar con un alto nivel de aprobaciones para financiar proyectos en áreas tales como energía, saneamiento, seguridad ciudadana, transporte, promoción del emprendedurismo, y fortalecimiento institucional, entre otras.
Estrategia de país
La estrategia de país acordada con Uruguay hasta 2015 define un programa financiero de US$1.797 millones para préstamos con garantía soberana, a lo que se suma el financiamiento sin garantía soberana para el sector privado, así como los recursos no reembolsables de cooperación técnica.
Las áreas de acción prioritarias identificadas conjuntamente por las autoridades uruguayas y del Banco en consulta con la sociedad civil y el sector privado son, entre otras, la ampliación y mejoramiento de la infraestructura de transporte; abastecimiento de energía; incremento de la cobertura de saneamiento y correcta disposición final de residuos; reducción del abandono en la educación media y adecuación de los programas de capacitación laboral; e inversión en ciencia y tecnología de acuerdo con las necesidades del sector productivo.
También continúan entre las áreas prioritarias de acción la reducción de la pobreza e indigencia, especialmente en niños y jóvenes; el fortalecimiento de la eficiencia del sector público; y la cada vez mayor inserción internacional del país.
Un área particularmente considerada es la participación del Grupo BID en la promoción de la inversión privada, en sectores clave tales como la agroindustria, el transporte y la energía. En este contexto, el Banco está apoyando el nuevo mecanismo de asociaciones público-privadas adoptado recientemente por Uruguay, mediante financiamiento no reembolsable dirigido a fortalecer capacidades institucionales en las distintas instancias involucradas.
Las áreas definidas en la estrategia se enmarcan en las principales metas y prioridades sectoriales fijadas en el Noveno Aumento General de Recursos aprobado por los gobernadores del BID, que prevé un mayor apoyo del Banco a los países pequeños y vulnerables; mayores esfuerzos de los países prestatarios en la reducción de la pobreza y el aumento de la equidad; y acciones concretas sobre cambio climático, energía sostenible y sostenibilidad ambiental, y la profundización de la cooperación e integración regional.