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El BID celebra tercera reunión de consulta pública sobre el proyecto Camisea


Organizaciones de la sociedad civil, autoridades del gobierno peruano, especialistas del Banco Interamericano de Desarrollo y líderes del sector privado realizaron su tercera reunión de consulta pública semestral para intercambiar opiniones e información y expresar preocupaciones relacionadas al proyecto de gas natural de Camisea.

Unas 50 personas de diversas organizaciones se reunieron en la sede del BID en Washington, D.C. el 27 de febrero para discutir, pedir aclaraciones y opinar sobre temas tales como los derrames en el gasoducto de líquidos de gas natural, las propuestas para una auditoría del gasoducto y una auditoría social y ambiental, la propuesta para una evaluación del área de explotación del gas, futuras perforaciones para procurar gas natural en áreas de la selva peruana y la viabilidad de un sistema de supervisión independiente.

"Esta serie de reuniones públicas no tiene precedente en las operaciones del BID y demuestra el compromiso de todas las partes interesadas de trabajar continuadamente para mejorar la sostenibilidad del proyecto de Camisea", comentó Robert Montgomery, jefe de la Unidad Ambiental y Social del Departamento del Sector Privado del BID.

El BID se ha comprometido a celebrar dos consultas públicas semestrales con los diversos grupos interesados en el proyecto. La agenda actual comprende una reunión anual en Lima y otra en Washington, D.C.

El informe completo sobre la reunión del 27 de febrero aparecerá en la página sobre Camisea en el sitio Internet del BID.

La reunión fue inaugurada por dos ejecutivos del BID: el gerente del Departamento del Sector Privado del Banco, Hiroshi Toyoda, y Alicia Richie, la gerente del Departamento de Operaciones para los países andinos y caribeños. El vicepresidente ejecutivo del BID, Ciro de Falco, también habló ante la reunión.

El BID otorgó un préstamo de 75 millones de dólares, desembolsado a finales de 2004, a la compañía del gasoducto de Camisea, Transportadora de Gas del Perú (TGP), y también prestó al gobierno peruano 5 millones de dólares para fortalecer sus sistemas social y ambiental. Camisea, el mayor proyecto energético en la historia del Perú, ha generado tanto significativas ganancias económicas como desafíos sociales y ambientales.

El tema de los cuatro derrames ocurridos en el gasoducto de líquidos de gas natural, que corre paralelo al gasoducto de gas natural desde el Valle del Urubamba hasta la costa peruana, fue tratado  por el presidente de TGP, Ricardo Markus, y por el consultor técnico de la firma, Gonzalo Morante, quien indicó que las causas de tres de los derramamientos habían sido identificadas y que el cuarto caso aún estaba bajo investigación. Markus dijo que la empresa está realizando extensos estudios y que está probando el ducto y tomando medidas para ayudar a prevenir futuros accidentes, incluyendo la construcción de un túnel para sortear el terreno inestable que dio lugar a uno de los derramamientos. La empresa invertirá 25 millones de dólares adicionales en el proyecto durante 2006 para aumentar la seguridad del gasoducto y los sistemas de seguridad. Rechazó las alegaciones de un informe presentado durante la sesión por una organización consultora sin fines de lucro que indicaba irregularidades en el gasoducto y ofreció proporcionar los datos para refutar estas afirmaciones. Los representantes del BID dijeron que ellos revisarían las alegaciones, las cuales que no habían sido comunicadas al Banco antes de la reunión pública.

El viceministro de Energía y Minas de Perú, Juan Miguel Cayo, describió los beneficios económicos del proyecto de Camisea y los esfuerzos del gobierno por actualizar y mejorar constantemente su sostenibilidad ambiental y social. Observando el amplio nivel de consulta pública sobre el proyecto, dij "Nunca un proyecto ha recibido tan intenso escrutinio nacional e internacional".  Agregó que el gobierno peruano está trabajando en mecanismos que aseguren que las regalías generadas por el proyecto beneficien a los ciudadanos y particularmente a los pobres.

Manuel Pulgar-Vidal, director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, dijo que el proyecto de Camisea había creado "muchas expectativas que no fueron satisfechas".  Además de los derramamientos de la tubería, indicó que había preocupación por la falta de capacidad para la preparación de proyectos en las regiones del área de influencia del gasoducto y por las dificultades que tiene el gobierno en hacer cumplir sus leyes y reglamentos y para establecer mecanismos que aseguren una distribución apropiada de los beneficios del proyecto. Asimismo reclamó más asistencia técnica para facultar a las comunidades a utilizar los ingresos de las regalías  de Camisea para mejorar su nivel de vida.

Bill Powers de E-Tech International presentó un informe crítico de los gasoductos de Camisea como sistema, mientras que Michael Valqui de World Wildlife Fund Perú hizo una crítica a los componentes ambientales y sociales del proyecto y a las medidas dirigidas a salvaguardar a las poblaciones indígenas. Amazon Watch presentó dos videos.

Alfredo Dammert, presidente del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía (OSINERG) del gobierno peruano, describió los esfuerzos de su entidad por hacer cumplir las medidas de seguridad y las regulaciones del gasoducto. Elizabeth Brito, especialista social y ambiental del BID, discutió los desafíos de crear un consenso sobre el posible diseño de un sistema de supervisión independiente para servir a la sociedad civil.