El Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo recibió las conclusiones de un informe de expertos, según las cuales el BID cumplió adecuadamente con la aplicación de sus políticas operativas en un proyecto para construir una planta de generación termoeléctrica en el estado mexicano de San Luis Potosí, salvo en ciertos aspectos de su política de disponibilidad de información.
El informe fue preparado por una comisión independiente formada bajo el mecanismo de investigación independiente del BID, luego de recibir una queja presentada por miembros de una comunidad mexicana. Integraron la comisión el economista argentino Juan José Llach, el abogado ambientalista chileno Gonzalo Biggs y el analista de impactos ambientales estadounidense Donald Rhatigan.
La comisión contó también con el apoyo de un consultor especializado en aspectos ambientales, quien concluyó que los controles ambientales en práctica se encuentran entre los más avanzados.
Sobre la base de recomendaciones de la comisión investigadora, el Directorio Ejecutivo pidió a la Administración que realice un estudio para determinar la viabilidad de incorporar componentes sociales en proyectos “enclave” financiados por el BID.
Asimismo, el Directorio Ejecutivo tomó nota de la existencia de un Fondo de Medio Ambiente financiado por Termoeléctrica del Golfo para respaldar proyectos prioritarios para la comunidad.
El mecanismo de investigación independiente fue creado para atender quejas sobre presuntos incumplimientos en la aplicación de políticas operativas del BID en proyectos financiados por el Banco que podrían ocasionar daños materiales a grupos de personas en las zonas de influencia de los proyectos.
En este caso, la queja fue presentada por miembros de la comunidad de Tamuín, en San Luis de Potosí, con relación al proyecto Termoeléctrica del Golfo, una planta generadora que provee energía a fábricas de cemento en el centro y norte de México. El BID aprobó en 1999 un préstamo de 75 millones de dólares de su capital ordinario al proyecto. A su vez, bancos comerciales otorgaron un préstamo sindicado de 102,3 millones de dólares.