La liberalización comercial ha desempeñado un papel clave en las reformas estructurales de América Latina y del Caribe durante las últimas dos décadas. Pactos como el propuesto acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana (DR-CAFTA, por sus siglas inglesas) pueden catalizar oportunidades para modernizar las economías de la región y promover el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. En reconocimiento de los potenciales efectos de estas reformas, el Banco Interamericano de Desarrollo ha venido apoyando desde años a sus países miembros prestatarios con programas innovadores diseñados para ayudarles a maximizar los beneficios y atenuar los costos potenciales de abrir sus mercados a la competencia extranjera.
El DR-CAFTA puede ayudar a estas seis democracias de América Latina a forjar economías más fuertes, más prósperas y más estables, fijando reglas de mercado y obligaciones que regirán los intercambios con su principal socio comercial. El acuerdo puede también convertirlos en destinos más atractivos para inversiones a largo plazo, que pueden fomentar transferencias de tecnología y estimular la demanda de trabajadores calificados, generando más oportunidades para millones de jóvenes de salir de la pobreza.
Sin embargo, el BID reconoció desde el principio que para obtener tales resultados, los países del DR-CAFTA necesitaban fortalecer su capacidad para negociar inteligentemente, implementar sus nuevas obligaciones en forma eficiente y manejar su transición al libre comercio con la perspectiva de alcanzar una mayor equidad social.
Para tales fines, el BID proporcionó asistencia técnica para la preparación de los
Planes de Acción Nacional para Fortalecimiento de Capacidad Institucional en Materia de Comercio Exterior. En el período 2003-04 aprobó casi 600 millones de dólares en préstamos, cooperación técnica y proyectos para fortalecimiento de la capacidad institucional en materia de comercio exterior, que correspondieron a necesidades perfiladas en esos planes de acción.
Nuestro trabajo sobre el DR-CAFTA, sin embargo, está lejos de haber concluido. Anticipamos la movilización de 10 millones de dólares en recursos concesionales del Fondo Multilateral de Inversiones, cooperación técnica y de fuentes bilaterales para apoyar la aplicación de las leyes laborales, la protección del medio ambiente y el fortalecimiento institucional en los seis países latinoamericanos.
Nuestra cartera de préstamos en preparación para los países de DR-CAFTA alcanza los 1.600 millones de dólares, incluyendo el financiamiento de programas de las "agendas complementarias" que estos países han elaborado para abordar los desafíos de la transición al libre comercio. Por ejemplo, el BID presentará muy pronto a su Directorio Ejecutivo una propuesta de préstamo de inversión de 116 millones de dólares a Costa Rica que combina apoyo para la pequeña y mediana empresa, fomento de la innovación tecnológica, rehabilitación de caminos rurales y fortalecimiento de la gestión del comercio exterior. Esfuerzos similares se realizarán en sus países vecinos, con el doble objetivo de aumentar su competitividad y de amortiguar el impacto de la reforma en los sectores desaventajados.