El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un préstamo de US$100 millones para apoyar la agenda de gobierno digital de Chile. Esta operación busca incrementar la eficiencia y equidad en la prestación de servicios ciudadanos a través de la transformación digital del Estado, tanto a nivel central, como en el despliegue de su implementación en regiones y municipios.

Con estos recursos Chile aumentará la adopción de servicios digitales del Estado con enfoque ciudadano y mejorará la efectividad del gasto e inversión pública en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Estas acciones beneficiarán a la ciudadanía chilena en general que tendrá acceso a mejores y más eficientes servicios públicos.

Se estima que, entre 2019 y 2021, la digitalización de trámites generó ahorros para la población chilena por US$154 millones por concepto de transporte, y ahorros para el Estado por US$259 millones, solo con la reducción de gastos en atención presencial. Sin embargo, aunque de cara a los ciudadanos el 89% de los trámites gubernamentales están digitalizados, el 43% de estos servicios aún no está totalmente digitalizado a nivel interno en las entidades, lo que significa que hay espacio para profundizar la transformación digital de los procesos internos y desbloquear mayores beneficios.

No obstante, el país se encuentra detrás de algunos de sus pares latinoamericanos y de otras economías más avanzadas. En el Índice de Gobierno Digital de la OCDE de 2019, Chile tuvo una puntuación de 0,411, por debajo de Uruguay y Brasil, y del promedio de los países de la OCDE (0,501).

“Esta operación se enfocará precisamente en apoyar los esfuerzos de Chile en las áreas en las que aún hay rezagos, como el fortalecimiento de las capacidades para diseñar e implementar servicios digitales con enfoque ciudadano, la adopción de tecnologías para la transformación digital del Estado y la eficiencia de la inversión en TIC”, señaló Maria Florencia Attademo-Hirt. Representante del BID en Chile.

Para avanzar en estos frentes, esta operación se ejecutará a través de tres componentes. El primero apoyará el desarrollo y despliegue tecnológico de las plataformas digitales, impulsando su adopción y uso. El segundo impulsará un nuevo modelo de gobernanza, gestión y evaluación de la inversión pública en TIC, que promueva la alineación con las prioridades estratégicas del Estado y el monitoreo de desempeño. El tercero, incorporará innovaciones en la gestión y el seguimiento de proyectos TIC, gobernanza de datos y estrategias de ciberseguridad, con un enfoque inclusivo.

El préstamo de US$100 millones tiene un plazo de amortización de 25 años, un período de gracia de cinco años y medio, y una tasa de interés basada en Secured Overnight Financing Rate (SOFR).