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Colombia refuerza rol de Procuraduría General con ayuda del BID

Préstamo por US$10 millones contribuirá a aumentar transparencia de la gestión pública

El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un préstamo de US$10 millones para reforzar el rol de la Procuraduría General de la Nación (PGN), contribuyendo al mejoramiento de la transparencia en la gestión pública mediante el aumento de los niveles de cumplimiento normativo en Colombia

Se espera que este proyecto, basado en los pilares de prevención y supervisión, contribuya de manera significativa con los esfuerzos que el Estado Colombiano está realizando para aumentar el cumplimiento normativo en sus instituciones. Se estima que estos esfuerzos se reflejen en mejorías en las condiciones de transparencia del país, las cuales son regularmente examinadas por organizaciones independientes. En este sentido, se aspira que hacia el 2020 el índice de Transparencia Internacional para Colombia se haya elevado del actual 3.5 a 4.0 y que el índice de corrupción evaluado por el Banco Mundial haya caído desde el actual percentil 25-50 al 10-25. 

En materia de prevención, se desarrollarán mecanismos de coordinación a nivel central y territorial entre 82 dependencias de la PGN distribuidas por todo el país; se elaborará una guía de contratación pública para apoyar las tareas de control de obras; y se elaborará un manual de buenas prácticas de contratación. 

También se implementará un sistema integrado de información preventiva que incluirá índices preventivos, gestión de riesgos, inteligencia de negocios y jurisprudencia en la materia, y se impulsará la interoperabilidad entre los sistemas de información de la PGN y los de otras entidades públicas y de control. 

Asimismo, se pondrá en marcha un amplio plan de capacitación de 650 funcionarios en todo el país que incluirá manuales, protocolos, guías y producción de contenidos para formación a distancia. 

En el área de la supervisión, se buscará proporcionar mecanismos de medición del cumplimiento normativo por parte de las entidades públicas, fortalecer la cultura ciudadana en valores y principios éticos y propiciar condiciones para una mayor participación social en la lucha contra la corrupción mediante un plan de concientización en los medios de comunicación. 

Con ese fin, se elaborará un índice para medir el cumplimiento de normas relativas al destino de los recursos del Sistema General de Participaciones y de regalías y su aplicación a seis entidades territoriales piloto; la capacitación de recolectores de información; y la aplicación de metodologías para la medición de la legalidad en dos entidades públicas del orden nacional, escogidas como pilotos. 

El préstamo es a 20 años de plazo, con 4½ años de gracia, y a una tasa de interés variable basada en la Libor. 

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