Capacidad Institucional, Seguridad Ciudadana y Estado de Derecho

Contexto  

• Para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo inclusivo y sostenible de América Latina y el Caribe es necesario fortalecer las capacidades estatales, la seguridad ciudadana y el Estado de Derecho.  
• Según los Indicadores de Gobernanza Mundial del Banco Mundial, en 2021, la región se encontraba en el percentil 50 del mundo entero en Efectividad Gubernamental (un indicador relativo a la capacidad estatal), el percentil 49 en cuanto al Estado de Derecho, y el percentil 50 en Control de la Corrupción, lo que significa un deterioro en el desempeño con respecto a la década anterior. 
• Por su parte, los altos niveles de crimen, violencia e inseguridad exacerbados por el crimen organizado tienen implicaciones sociales y económicas importantes: desincentivan la inversión extranjera, obstaculizan los negocios, reducen la productividad laboral, impactan negativamente en el medio ambiente, afectan la calidad de vida de la ciudadanía y cuestan anualmente a la región el 3,5% del PIB, restando recursos para necesidades urgentes como la educación y la salud (BID, 2023).  
• Un análisis preliminar del FMI sugiere que cerrar las brechas de seguridad de la región respecto al promedio mundial podría tener un efecto significativo en el crecimiento económico.  

¿Por qué es importante fortalecer la capacidad institucional, la seguridad ciudadana y el Estado de Derecho? 

• La evidencia muestra que la capacidad institucional sólida, el Estado de Derecho y la seguridad ciudadana son clave para reducir la pobreza y la desigualdad, abordar el cambio climático y fomentar un crecimiento regional sostenible, en cuanto precondiciones para la formulación e implementación efectiva de políticas, prestación de servicios y reformas en todas las áreas. 
• Además, la capacidad institucional del Estado es una precondición para garantizar que las políticas, programas y proyectos se implementen de manera efectiva y sus resultados sean sostenibles. 
• En ese sentido, el Grupo BID está trabajando en: 
  • Fortalecer las capacidades institucionales y técnicas del sector público para implementar eficazmente las políticas, mejorando sus funciones estratégicas y el funcionamiento de sus sistemas de gestión para prestar servicios y, mediante el ajuste de sus estructuras organizativas y marcos regulatorios, permitir la implementación de políticas, la prestación de servicios y el desarrollo del sector privado. 
  • Generar un entorno habilitador y mecanismos de gobernanza para la implementación efectiva de políticas públicas, mejorando la comprensión del contexto de los países y los principales actores de política y estableciendo alianzas para fomentar la cooperación y coordinación. 
  • Fortalecer el Estado de Derecho y la rendición de cuentas, fomentando la imparcialidad y previsibilidad del rendimiento del Estado, la ausencia de corrupción, el gobierno abierto, así como la aplicación coherente, imparcial y transparente de regulaciones y contratos que proporcionen un marco legal estable y predecible para la sociedad y las empresas. 
  • Para el Grupo BID es importante mejorar la seguridad ciudadana y la justicia, fortaleciendo la capacidad institucional del sector de seguridad y justicia y la protección de las poblaciones vulnerables. 

¿Qué está haciendo el Grupo BID?   

1.     Fortalecimiento de la gestión del sector público. En esta área, el BID apoya a los países a:   

• Consolidar la gestión estratégica de la administración pública.  
• Mejorar la gestión financiera, los procesos y prácticas de compras e inversión pública. 
• Fortalecer los marcos legales y políticos, así como las estructuras estatales y los arreglos organizativos para una coordinación intergubernamental efectiva y la implementación de políticas  
• Promover un servicio civil meritocrático y capacitado, con más representación de mujeres y grupos de población diversos. 

Resultados

• El BID ha introducido con éxito los Centros de Gobierno en la región, unidades de gestión que ayudan a ordenar la complejidad de las administraciones públicas, fijar prioridades y facilitar el logro de resultados.  En los últimos 10 años, desde el BID hemos apoyado con asistencia técnica estos esfuerzos en más de 15 países de la región.   
• El BID también ha fortalecido los servicios civiles, creando capacidades estatales para gestionar mejor el segmento de alta dirección de las administraciones públicas, como la implementación de la alta dirección en Chile durante los últimos 20 años, y la carrera del servicio civil en Brasil.  

2.     Fortalecimiento de la gestión y la política fiscal: En esta área, el BID apoya a los países en:  

• Política y gestión macro fiscal y de deuda,  
• Política y gestión fiscal, incluyendo política y administración tributaria, gestión del presupuesto público y gasto (presupuestación anual y a medio plazo, revisiones rutinarias de gastos, capacidad de gestión de adquisiciones públicas e inversión), y gestión fiscal verde;  
• Descentralización y fortalecimiento de los gobiernos subnacionales, incluyendo arreglos intergubernamentales para la gestión de ingresos y gastos, sistema de transferencias y marcos de responsabilidad fiscal a nivel subnacional  
• Promoción de equidad y transparencia en el uso de los recursos públicos. 

Resultados:  

• El Banco ha apoyado reformas de políticas en Costa Rica, Chile, Ecuador, Jamaica, Perú y Uruguay para implementar políticas fiscales contracíclicas, fortalecer la gestión macro fiscal y mejorar la calidad del gasto público y la eficiencia de los procesos presupuestarios.  
• Las reformas fiscales, tributarias, aduaneras y de gasto de Jamaica que redujeron la deuda pública en 50 puntos porcentuales del PIB e incrementaron la tasa de crecimiento en un punto porcentual.  
• La digitalización de la administración tributaria y la gestión financiera a nivel subnacional en Brasil, incluyendo la implementación de la facturación electrónica, concretó aumentos de 10% en la recaudación fiscal y de 3% en la formalidad laboral, y ahorros de R$ 1,000 millones en compras públicas.  

3.     Impulso a la transformación digital del sector público: En esta área, el BID apoya:  

• La transformación digital de las administraciones públicas para mejorar la capacidad estatal y la prestación de servicios, y empoderar a la ciudadanía.  Para ello, fortalece la gobernanza e instituciones digitales, el marco regulatorio, el talento digital, la infraestructura y herramientas digitales, así como la transformación digital sectorial para mejorar la eficiencia y el servicio a la ciudadanía.  

Resultados:  

• Una intervención emblemática en esta área es el apoyo del Banco al sistema de contratación pública de Argentina, incluyendo la implementación de la plataforma COMPR.AR, que permitió bajar los precios finalmente pagados, representando ahorros anuales de más de US$ 35 millones (aproximadamente el 4.4% del total de compras públicas); reducir la duración de los procesos de contratación pública; y aumentar la competencia (medida por el número de oferentes).  

4.     Fortalecimiento de la transparencia y la integridad: En esta área, el BID apoya a los países a:  

• Impulsar la integridad del sector público, la ética y la prevención de conflictos de interés, el gobierno abierto, el acceso a la información, las políticas anticorrupción, la transparencia fiscal y la rendición de cuentas de los recursos. Asimismo, fortalecer las entidades de control y auditoría, la transparencia financiera, iniciativas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, y la transparencia sectorial en áreas como las industrias extractivas, la infraestructura y la gobernanza de los recursos naturales. 

Resultados:  

• El Banco ha fortalecido la transparencia fiscal y la rendición de cuentas de recursos utilizando tecnologías digitales, a través de la iniciativa Mapainversiones, que tiene presencia en 14 países de América Latina y el Caribe: Nueve países tienen plataformas ya lanzadas y cinco se encuentran en proceso de desarrollo para ser publicadas próximamente.  

5.     Mejora de la seguridad ciudadana y la justicia: En esta área, el BID apoya a los países a:   

• Implementar políticas proactivas para prevenir y reducir el crimen y la violencia entre las poblaciones vulnerables.  
• Profesionalizar las instituciones policiales para mejorar la efectividad en la respuesta al crimen y la confianza de los ciudadanos.  
• Reforzar las instituciones del sistema de justicia para garantizar una resolución de casos y servicios de justicia accesibles, imparciales, iguales y transparentes.  
• Fortalecer el sistema penitenciario, mejorando la política e infraestructura de rehabilitación. 
• Fomentar la coordinación a nivel nacional y local para mejorar el diseño, la gestión y la evaluación de políticas y programas que marcarán la diferencia en los resultados de seguridad ciudadana. 

Resultados:  

• Una intervención de crianza positiva dentro de un programa en Jamaica concretó una baja del 22% en los casos de abuso infantil y una reducción del 33% en el ausentismo escolar.  
• En Honduras, un programa de Reforma Policial contribuyó a una disminución del 50% en la tasa de homicidios y un aumento del 50% en la confianza en la policía por parte de la población.  
• En Chile, una asociación entre el sistema penitenciario y el sector bancario, a través de microcréditos, capital semilla, y preparación para el trabajo, logró la inclusión económica y una reducción del 50% en la reincidencia de mujeres en conflicto con la ley. 

6.     Mejora del entorno propicio para el desarrollo del sector privado: En esta área, el BID apoya a los países a: 

• Fortalecer la capacidad de política y estatal para promover el clima empresarial, incluyendo la creación de empresas, inversión, comercio y sector productivo, emprendimiento, innovación, pymes y cadenas de valor.  
• Mejorar la calidad y capacidad regulatoria en áreas críticas como la competencia, los derechos de propiedad, los derechos y protección del consumidor, y los estándares de calidad, entre otros.  
• Impulsar al sector financiero y la inclusión financiera, con énfasis en financiación productiva, digital y verde.  
• Fortalecer la gobernanza corporativa y la cultura de integridad en el sector privado.  

Resultados:  

• Los programas de innovación para fomentar el desarrollo del sector privado apoyados por el BID en Perú y Uruguay muestran que el Estado recupera US$ 7 y US$ 6,5 en ingresos fiscales por cada dólar gastado en apoyar la innovación y el desarrollo empresarial, respectivamente.