BID y Ministerio de Justicia español firman acuerdo sobre la administración de la justicia

• Presidente del BID y ministra de Justicia de España firman Memorando de Entendimiento para avanzar la transformación y digitalización de la justicia en América Latina y el Caribe, utilizando la amplia experiencia española en este sector.

• Este acuerdo contribuirá a acelerar los procesos de digitalización de la justicia que llevan adelante varios países mediante acceso a conocimiento, soluciones innovadoras, y asesoría técnica. También incluye la formación de operadores jurídicos.

MADRID – Durante una misión a España, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone y la ministra de Justicia de España, Pilar Llop Cuenca, firmaron hoy un Memorando de Entendimiento para fortalecer la cooperación de ambas instituciones para impulsar la transformación digital aplicada a la gestión, modernización y calidad de la Administración de la Justicia de América Latina y el Caribe.

La puesta en marcha del Memorando podrá, entre otros temas, contribuir a acelerar los procesos de digitalización de la Justicia que llevan a cabo varios países de esta región, mediante el intercambio de información, conocimiento, documentación, herramientas tecnológicas y expertos especializados en la materia.

“La urgente recuperación económica que precisan los países de la región, requiere de administraciones de Justicia confiables y eficientes. España es un referente internacional en Justicia digital, por lo que este acuerdo abre posibilidades de cooperación y aprendizaje para fortalecer nuestra agenda de digitalización de la Justicia”, dijo el presidente del BID, Mauricio Claver-Carone.

Por su parte, Pilar Llop señaló que este MOU constituye la base de lo que será una colaboración estable y positiva en beneficio común de ambas instituciones, así como de las Administraciones Públicas y de Justicia de los países de América Latina y el Caribe. La ministra puso en valor los proyectos que recoge el plan Justicia 2030, que se basa en tres leyes para la eficiencia de la justicia —entre ellas la de eficiencia digital—, y aseguró que “el progreso debe ser compartido, entre generaciones, entre hombres y mujeres, y entre los territorios; y este MOU será ese marco extraordinario donde seguir colaborando juntos”.

En algunos países de América Latina y el Caribe, un proceso judicial tarda en promedio más de 600 días en resolverse, mientras que en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) el promedio es de 240 días.

Entre las principales barreras están la gran cantidad de trámites y el tiempo que la ciudadanía requiere para realizarlos. La digitalización es una herramienta clave para acelerar procesos y hacer los trámites mucho más ágiles y accesibles. Asimismo, contar con marcos legales que garanticen la seguridad jurídica en el ámbito digital es clave.

Con el apoyo técnico y financiero del Gobierno de España, el BID apoya varios proyectos para avanzar hacia la digitalización en el ámbito de la Justicia. Entre ellos destaca, una línea de crédito de inversión por US$500 millones para la digitalización y adopción de nuevas tecnologías en Colombia, así como proyectos en Perú y Brasil en este ámbito.

Esta firma, se llevó a cabo como parte de la misión del presidente Claver-Carone a España, la cual ha tenido como fin incentivar a las empresas españolas a que inviertan en América Latina y el Caribe, estrechar los lazos de cooperación con el Gobierno de España, y presentar la Visión 2025, el plan de Grupo BID para acelerar la recuperación y el crecimiento sostenible postpandemia.