El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo Enrique V. Iglesias y el ministro de Hacienda de Bolivia Herbert Muller firmaron los documentos de contrato de dos préstamos blandos por un total de 54,7 millones de dólares destinados a programas de mejoramiento de la carretera Ventilla-Tarapaya y para facilitar el acceso de los sectores más vulnerables de la población a la justicia.
Mejoramiento vial y apoyo sector transporte:>/b>
El primer préstamo, de 52 millones de dólares, financiará un programa para rehabilitar una sección de la Ruta Panamericana, la Ruta No. 1 de Bolivia, y también mejorar los caminos de acceso e introducir una administración vial más eficiente y sostenible, el control del peso de los vehículos y el mantenimiento.
Los recursos se utilizarán para ayudar a financiar la pavimentación y mejoramiento de 84 kilómetros de carretera que conectan Ventilla y Tarapaya, y para mejorar 23 kilómetros de ruta entre Tarapaya y Potosí. También serán mejorados aproximadamente 150 kilómetros de caminos de acceso que conectan con el tramo Ventilla-Tarapaya-Potosí. Además, se fortalecerán las oficinas del Servicio Nacional de Caminos y del Viceministerio de Transporte, Comunicaciones y Aeronáutica Civil.
El proyecto estimulará el crecimiento económico en las zonas altas que atienden estos caminos, mejorará el acceso de la población a los servicios sociales básicos, reducirá el tiempo de viaje, mejorará la administración del transporte caminero y el mantenimiento, y proveerá oportunidades de empleo temporal para las comunidades de bajos ingresos.
El costo total del proyecto es de 71,8 millones de dólares. El Fondo de Desarrollo Nórdico aportará un financiamiento de 6,8 millones de dólares y los fondos de contrapartida totalizarán 13 millones de dólares.
Acceso de grupos vulnerables a la justicia
Un segundo préstamo blando, de 2,7 millones de dólares, financiará proyectos de la sociedad civil para apoyar a los sectores más vulnerables de la población a lograr un mayor acceso a la justicia.
El Programa incrementará también la conciencia sobre los derechos al aportar recursos a las organizaciones de la sociedad civil que ofrecen servicios de capacitación y asistencia legal a los beneficiarios.
La iniciativa contempla, además, asistencia técnica para fortalecer a la sociedad civil en el diseño y gestión de proyectos para implementar el programa, que se concentrará en suministrar apoyo legal a los grupos de bajos ingresos, mujeres, niños, jóvenes y comunidades indígenas.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos estará a cargo del programa, que contempla un mecanismo especial de ejecución que incorpora a la sociedad civil. El costo total del programa es de 3 millones de dólares. Los fondos locales de contrapartida ascienden a 300.000 dólares.
Los dos préstamos del BID, provenientes del Fondo para Operaciones Especiales, se otorgan a un plazo de 40 años, con un período de gracia de 10 años, a una tasa de interés anual del 1 por ciento durante el período de gracia y de 2 por ciento con posterioridad.