El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) llevó a cabo dos talleres sobre la “Participación de la Sociedad Civil en la Supervisión Ambiental y Social de Grandes Proyectos de Infraestructura del Sector Privado” durante las últimas semanas en Lima, Perú, y en Santiago de Chile, Chile.
Miembros del departamento del sector privado y de las representaciones del BID en Chile y Perú participaron en dichos talleres, cuyos asistentes incluyeron también miembros de organizaciones no gubernamentales (ONGs), gobiernos, empresas privadas y instituciones de investigaciones. El taller en Chile fue organizado en coordinación con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas (CEPAL).
Durante los talleres se discutieron alternativas para la participación de la sociedad civil en la supervisión ambiental y social de grandes proyectos de infraestructura del sector privado.
“En términos de participación en los proyectos del sector privado, la experiencia ha demostrado que los beneficios incluyen un mejor diseño de los proyectos, menos conflictos, más aprendizaje y un fortalecimiento de la capacidad institucional de la sociedad civil,” dijo Robert Montgomery, Jefe de Unidad Ambiental y Social del Departamento del Sector Privado. “La participación puede también ayudar a reducir los riesgos de financiamiento y costos directos de la inversión, aumentando la participación en el mercado de negocios y aportando beneficios a las comunidades. Mientras que las estrategias de participación requieren inversiones de tiempo y recursos, los beneficios sociales y financieros justifican claramente los esfuerzos adicionales requeridos del sector privado.”
Con base en estos conceptos, el departamento del sector privado del BID ha contratado a la empresa CDR Associates para desarrollar un estudio sobre mecanismos que podrían promover y permitir la participación ciudadana en la supervisión de aspectos ambientales y sociales en grandes proyectos del sector privado.
Este inédito estudio presenta casos de buenas prácticas en América Latina y de todo el mundo, donde han intervenido instituciones financieras, comunidades, gobiernos, inversionistas y organizaciones no gubernamentales en iniciativas de monitoreo, mayormente, pero también de supervisión y colaboración. Asimismo, ofrece recomendaciones prácticas para elaborar estrategias de supervisión participativa que busquen el apoyo de la comunidad en el desarrollo de proyectos y sustenten la “licencia social” necesaria durante su operación.