El Banco Interamericano de Desarrollo anunció hoy la aprobación de un préstamo de 70 millones de dólares a El Salvador para apoyar un programa de vivienda con recursos para reconstrucción de hogares dañados por los terremotos ocurridos este año, mejoramiento de barrios marginales, titulación de tierras y expansión del mercado hipotecario.
Los recursos del BID respaldarán la tercera etapa del Plan de Reconstrucción presentado por el gobierno salvadoreño a la comunidad internacional en marzo, luego de que dos sismos arrasaran su territorio en enero y febrero. Durante las fases de emergencia y rehabilitación, el Banco aportó a El Salvador dos préstamos por un total de 40 millones de dólares para financiar vivienda provisional, mitigación de riesgos y remoción de escombros.
Además de medidas para atender problemas provocados por los terremotos, el nuevo programa apunta a fortalecer al sector vivienda salvadoreño, que logró un notable desarrollo durante la década pasada, señaló el jefe de equipo de proyecto del BID, Michael Jacobs.
"Cada instrumento del programa ha sido diseñado para atender los problemas de distintos segmentos del mercado habitacional. A medida que se apliquen dichos instrumentos, se asegurará que las políticas de vivienda de El Salvador se mantengan a la vanguardia de la región", agregó.
Los diversos componentes del nuevo programa serán ejecutados tanto por el gobierno central como por municipalidades, en particular la alcaldía de San Salvador. En total, se espera que esta iniciativa beneficie directamente a más de 50.000 familias, ya sea mediante mejoras en barrios marginales, subsidios para vivienda o la titulación de lotes en asentamientos urbanos.
Bajo uno los componentes, se aportarán 20 millones de dólares a un programa de subsidios directos para la reconstrucción de viviendas permanentes para familias pobres afectadas por los terremotos.
Otro componente, dotado con 40 millones de dólares, respaldará otro sistema de subsidios para proyectos de mejoramiento de barrios marginales a fin de llevar servicios públicos básicos a asentamientos de familias de bajos ingresos. Asimismo ofrecerá recursos para fortalecer los programas de vivienda de las municipalidades participantes.
La alcaldía municipal de San Salvador ejecutará otro programa similar que contará con 11,1 millones de dólares para mejoras de vivienda y fortalecimiento institucional.
Todas estas actividades apuntarán también a mitigar amenazas naturales como los deslaves y las inundaciones mediante el desarrollo de mapas de riesgo en los municipios participantes, con el fin de que las autoridades locales tengan en cuenta tales factores al evaluar permisos para nuevas urbanizaciones.
Otros componentes diseñados para paliar problemas en el mercado informal de vivienda financiarán la legalización de tierras en asentamientos marginales, la implementación de normas para hacer más eficiente al mercado de loteos de desarrollo progresivo, y la modernización del Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano.
El programa contempla, por otra parte, apoyo para el desarrollo de un mercado secundario de hipotecas en El Salvador, una iniciativa que promoverá la canalización de recursos de largo plazo a las instituciones financieras de vivienda, a fin de reducir los riesgos de descalces financieros y el costo de los créditos hipotecarios para los compradores.
Asimismo se modernizará el Fondo Social para la Vivienda, una institución financiera pública de primer piso que otorga préstamos para la compra de vivienda a la población de ingresos medios, a fin de asegurar su sostenibilidad financiera y administrativa.
El programa respaldado por el BID, que se desarrollará en dos etapas, tiene un costo total previsto en 142,7 millones de dólares. El préstamo del BID fue otorgado a un plazo de 25 años, con cuatro de gracia, y a una tasa de interés variable, que en la actualidad es de 6,97 por ciento anual. Los costos de los intereses serán cubiertos parcialmente con recursos de la Facilidad de Financiamiento Intermedio del BID.
El sector vivienda en El Salvador
La demanda de nuevas viviendas en zonas urbanas de El Salvador asciende a unas 32.800 unidades al año. Alrededor de la mitad de esos hogares son construidos y financiados dentro del sector informal, otro 35 por ciento son financiados por el Fondo Social para la Vivienda y casi 15 por ciento son financiados por bancos comerciales.
Gracias a una industria constructora competitiva, un sector financiero sólido y apoyos estatales dirigidos, El Salvador ha logrado crear un mercado habitacional donde la mitad de la población puede acceder a hipotecas para financiar la compra de viviendas. Esta proporción supera en gran medida a la habitual en el resto de la región.
En el caso de los segmentos de menor poder adquisitivo, El Salvador ha desarrollado una industria de loteo de tierras que le permite a personas de bajos ingresos comprar predios a plazos en urbanizaciones legales.
El programa apoyado por el BID apunta a superar algunas de las limitaciones del sector vivienda para dinamizar esos mismos mercados, así como a paliar los efectos de los terremotos ocurridos a principios del 2001, que afectaron a unas 335.000 viviendas, una cuarta parte de los hogares de El Salvador. Los daños, estimados en unos 260 millones de dólares, se registraron mayormente en hogares de familias de bajos ingresos en municipios pequeños.
El Plan de Reconstrucción presentado por El Salvador incluyó etapas de emergencia, rehabilitación y reconstrucción por valor de 375 millones de dólares para el sector vivienda. De los 1.300 millones de dólares en donaciones y préstamos ofrecidos por la comunidad internacional para el plan salvadoreño, unos 190 millones de dólares podrían dirigirse a financiar viviendas permanentes.
El BID ha contribuido recursos financieros y técnicos en todas las etapas del plan de reconstrucción. Sus préstamos de emergencia apoyaron esfuerzos como la remoción de escombros, la construcción de vivienda temporaria y la mitigación de riesgos contra nuevos desastres. Otro préstamo de 70 millones de dólares aprobado en septiembre financiará la reconstrucción de edificios públicos y obras de infraestructura dañados por los sismos.