El Banco Interamericano de Desarrollo anunció hoy la aprobación de un préstamo de 27,9 millones de dólares para apoyar el Programa de Paz Social de El Salvador, una iniciativa para mejorar la seguridad ciudadana a través de acciones integrales de prevención de la delincuencia juvenil, con amplia participación de instituciones nacionales, municipios y la sociedad civil.
Esta operación profundiza la acción del BID en el campo de la seguridad ciudadana y se complementa con el proyecto de modernización del sistema de justicia de El Salvador. Asimismo, tiene como antecedentes iniciativas de seguridad ciudadana respaldadas en años recientes en Colombia, Jamaica y Uruguay.
Por otra parte, el proyecto complementa otras operaciones en el campo social apoyadas por el BID en El Salvador, en materia de desarrollo urbano, vivienda, educación y salud.
Este proyecto contribuirá a enfrentar uno de los mayores problemas sociales de El Salvador, el alarmante aumento en los índices de criminalidad y violencia desde el fin de la guerra civil en 1992. La inseguridad no sólo es fuente de inestabilidad para la paz y la gobernabilidad sino que tiene altísimos costos económicos y sociales.
“Esta es una operación novedosa por la combinación de cuatro elementos: la integralidad de sus acciones, la amplia participación de la sociedad civil, el trabajo directo con las instituciones nacionales, los municipios y el acercamiento de la policía con la comunidad”, explicó la jefa del equipo de proyecto del BID, Juana Salazar. “Se espera que esta iniciativa beneficie a unos 200.000 niños y jóvenes salvadoreños.”
El proyecto involucrará a instituciones del gobierno nacional, de los municipios y de la sociedad civil en acciones enfocadas en la prevención del delito y la violencia juvenil e intrafamiliar, la rehabilitación y reinserción social de los menores y jóvenes infractores, la promoción del empleo juvenil y el fortalecimiento de las relaciones entre la policía y las comunidades.
Asimismo contará con recursos para apoyar proyectos innovadores propuestos por organizaciones de la sociedad civil y el sector privado salvadoreños en áreas como la atención de niños en situación de riesgo social, la prevención del abuso de alcohol y drogas, el apoyo a jóvenes deportados por delitos y la reinserción social de miembros de pandillas e infractores.
El proyecto se desarrollará en las zonas de mayor incidencia delictiva en el Departamento de San Salvador y en otras municipalidades, ampliando experiencias piloto basadas en la organización comunal.
Las acciones de rehabilitación y reinserción de menores y jóvenes infractores apuntarán a reducir la reincidencia delictiva, continuando los esfuerzos emprendidos bajo otro proyecto apoyado por el BID, la modernización del sistema de justicia. Estas acciones contarán con la intervención de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
Otro de los componentes del proyecto fortalecerá y mejorará la capacidad de gestión de las diversas instituciones participantes en esta iniciativa: el Ministerio de Gobierno, como organismo coordinador, ejecutor y administrador; el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el Instituto Salvadoreño de la Mujer, la Policía Nacional Civil, el Instituto Salvadoreño de Protección del Menor y la Dirección General de Centros Penales.
El trabajo de preparación del proyecto incluyó la realización de dos foros en 1998 y 2000 sobre violencia social y seguridad ciudadana que contaron con apoyo del gobierno de Noruega.
Esta operación refleja los esfuerzos del BID por responder con propuestas innovadoras a las necesidades de desarrollo de sus países miembros.
El nuevo préstamo del BID fue concedido a un plazo de 25 años, con cuatro de gracia, y a una tasa de interés variable, que en la actualidad es de 6,97 por ciento anual. Los fondos de contrapartida local ascenderán a 7,5 millones de dólares.