El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito de US$200 millones para apoyar un programa de Uruguay que contribuirá a la seguridad hídrica y la sostenibilidad ambiental con enfoque de circularidad, adaptación y mitigación al cambio climático. Sus objetivos específicos son mejorar la gestión de los recursos hídricos y la calidad de los servicios de agua aumentando la resiliencia ante eventos extremos y fortalecer la gestión de residuos sólidos.

Entre fines de 2022 y comienzos de 2023, Uruguay fue afectado por una de las peores sequías de su historia, que impactó fuertemente a todos los sectores económicos, especialmente al abastecimiento para consumo humano, al no contar con suficiente cantidad y calidad de agua.

Por otro lado, la gestión de residuos sólidos se vincula estrechamente con la situación hídrica, ya que su inadecuada disposición contamina los recursos hídricos, exacerba los impactos de eventos extremos y genera serias consecuencias ambientales, sociales y económicas.

Para abordar estos desafíos, el programa apoyará diez medidas de reformas de políticas para la gestión integrada de recursos hídricos y servicios de agua y saneamiento, entre las que se encuentran el desarrollo de un Protocolo de Actuación frente a Sequías y un Protocolo de Alerta Temprana de Inundaciones, que mejorarán la capacidad de prevención y respuesta ante eventos extremos e incrementarán la resiliencia del país.

Asimismo, apoyará la implementación de un convenio entre el Ministerio de Ambiente y Obras Sanitarias del Estado (OSE) para definir acciones que mejoren la gestión de pérdidas en sistemas de agua potable, así como la actualización y modernización del marco normativo sobre vertido, reúso y calidad de aguas, vigente desde 1979.

El programa, a su vez, acompañará el desarrollo de siete medidas para la gestión de residuos sólidos con enfoque de economía circular, que incluirán la ejecución de la Estrategia Nacional de Prevención y Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos, que abordará el desafío de la pérdida del 10% de los alimentos en el país.

También se impulsarán, entre otras acciones, la suscripción de convenios entre el Ministerio de Ambiente y ocho Intendencias Departamentales que establecen compromisos de mejora en la gestión de residuos a nivel departamental, y el fortalecimiento de la gestión integral de residuos de aparatos electrónicos, debido su potencial contenido de residuos peligrosos.

Será beneficiaria del programa la población del país, mediante las medidas para preparar y anticipar eventos extremos, evitar interrupciones en la provisión de agua potable, y contar con una mayor disposición adecuada de residuos sólidos; y los hogares vulnerables, con herramientas para reducir la inseguridad alimentaria y aumentar la formalización de los recicladores. 

Otros beneficiarios serán los sectores agrícola, industrial y privado, a través de mejoras en la calidad del recurso hídrico, instrumentos para incrementar la circularidad de los residuos sólidos y efluentes.

El crédito del BID de US$200 millones tiene un plazo de amortización de 20 años, un período de gracia de 5 años y medio, y una tasa de interés basada en SOFR.