• Con un proyecto de US$600 millones se busca mejorar la protección de personas vulnerables a través de políticas sociales para el mercado laboral, servicios públicos de salud, educación técnico-productiva y prevención y atención de la violencia contra la mujer.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un proyecto para Perú con el que se espera mejorar la protección de personas vulnerables a través de políticas sociales por US$600 millones. Ésta es el primera de dos operaciones bajo la modalidad de Préstamo Programático de Apoyo a Reformas de Políticas y la Opción de Retiro Diferido.

El objetivo de la operación es mejorar la protección de las personas vulnerables mediante políticas sociales en las áreas de mercado laboral, servicios públicos de salud, educación superior técnico-productiva, y prevención y atención de la violencia contra la mujer. Sus objetivos específicos son: mejorar el acceso al aseguramiento contra la pérdida de ingresos, a los servicios públicos de salud, y equitativo a la educación superior técnico-productiva; y mejorar la calidad de los servicios de prevención y atención de la violencia contra la mujer.

Con esto se espera ver resultados en cada una de sus dimensiones. Para el apoyo contra la pérdida de ingresos se evaluará el número de trabajadores formales con salario subsidiado; personas capacitadas en habilidades digitales avanzadas y socioemocionales; y jóvenes capacitados en habilidades técnicas y socioemocionales. Para los servicios de salud se medirá el porcentaje de la carga de enfermedad cubierta por la población económicamente activa; la proporción de la población cuyo gasto de bolsillo en salud es mayor al 10% del ingreso total del hogar; y el número de personal de salud que brinda atención en Telemedicina.

Para medir el impacto en educación se evaluará el número de perfiles ocupacionales diseñados para ser incluidos en el Marco Nacional de Cualificaciones; el número de alumnos matriculados en universidades públicas en áreas prioritarias del Ministerio de Educación; el porcentaje de jóvenes (quintiles 1 y 2 de ingreso) matriculados en educación superior técnico-productiva; y el número de docentes de universidades públicas que han recibido servicios de Internet. Finalmente, para los servicios de prevención y atención de la violencia contra la mujer se medirá el porcentaje del personal de los Centros Emergencia Mujer que ha sido capacitado y certificado en el nuevo protocolo de atención; y el número de policías de la División de Familia cuyas competencias profesionales se ajustan al perfil profesional establecido.

El proyecto de US$600 millones tiene un plazo de amortización de 20 años y una tasa de interés basada en LIBOR.