Además de las tres categorías de préstamo, el BID ofrece garantías a préstamos otorgados por instituciones financieras privadas que apoyan proyectos del sector público. Las garantías buscan mejorar las condiciones financieras de proyectos en América Latina y el Caribe para así ayudar a atraer inversión a los países de la región. Las garantías buscan cubrir aquellos riesgos que el sector privado no está normalmente equipado para absorber o manejar. Estas garantías se caracterizan por ser de corte parcial, de tal forma que los riesgos de los proyectos son compartidos por el Banco y los prestamistas privados. El Banco cuenta con una posición única dada su experiencia en la región y su relación con los gobiernos.
El BID ofrece dos tipos de garantías de inversión:
Las garantías parciales de crédito cubren parte (o excepcionalmente el total) de los fondos suministrados por los financiadores, cubriendo efectivamente cualquier riesgo que pudiera afectar el pago a los financiadores. Estas garantías están diseñadas para facilitar que los gobiernos y sus entidades accedan a nuevas fuentes de endeudamiento con periodos más largos de vencimiento de los que normalmente podrían acceder.
Las garantías de riesgo político cubren el riesgo de que la entidad soberana o pública no pudiera cumplir con las condiciones contractuales acordadas con una entidad privada como un banco o un socio inversionista, lo que podría afectar el pago de la deuda a los acreedores. Puede utilizarse, por ejemplo, cuando un gobierno ha pasado de ser propietario u operador a regulador o comprador de un servicio. Estas garantías promueven una mayor competencia y la participación del sector privado dado que protegen a los prestamistas contra los incumplimientos del servicio de la deuda que resultan de que el gobierno no acate las obligaciones acordadas bajo una concesión o un acuerdo similar.
El Instrumento de Garantía Flexible (IGF) es el instrumento de garantía del BID aplicable a operaciones con garantía soberana. El IGF es una plataforma única que permite a los países miembros prestatarios, entidades sub-nacionales, y gobiernos locales, la estructuración de garantías parciales de crédito y garantías contra riesgo político, tanto para proyectos de inversión como para intervenciones en apoyo de reformas de política.
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