Al igual que algunos de nuestros pacientes, el transporte público está en cuidados intensivos. La crisis del COVID-19 ha decimado el uso de buses, trenes, busetas y combis. En un día normal, el transporte público mueve el 56% de todos los viajes motorizados y recauda cerca de US$ 127 millones de dólares en pagos de tarifas en las ciudades principales de la región. Sin embargo, los datos de Moovit nos muestran que, en promedio, las medidas de contención del coronavirus han reducido en un 75% los abordajes en ciudades latinoamericanas. Las primeras afectadas por esta situación son las empresas operadoras. Sus ingresos se han decimado por menores recaudos de tarifa y en algunos casos por menos aportes de subsidios operativos. Las empresas de transporte público de una ciudad principal están dejando de recibir, en promedio, US$ 12 millones al mes por cada millón de habitantes. La ausencia de pasajeros afecta tanto a empresas consolidadas, como a las pequeñas empresas de transporte las cuales son aún más vulnerables a esta situación.
Naturalmente, la crisis también afecta el bienestar de los usuarios, como los que realizan trabajos esenciales y atienden nuestros enfermos. Para algunos de ellos, el transporte público es su única alternativa de movilidad.
Sin embargo, en muchos casos no hay garantías respecto a la continuidad de los servicios durante la crisis. El 91% de los viajes en América Latina lo prestan empresas privadas que, dependiendo del nivel de regulación, pueden suspender o recortar algunos servicios para sobrevivir durante este período. Así mismo, el riesgo a nivel de la industria no es menor. El transporte público en las principales ciudades de la región genera cerca de 2.4 millones de empleos directos, y maneja activos cercanos a las 778.000 unidades. Estos son empleos que están en riesgo y activos que pueden estar atados a créditos y financiamiento. Especial atención requieren las pequeñas empresas informales, por cuanto las protecciones laborales son menores y algunos grupos podrían entrar en situaciones de pobreza.Los gobiernos están identificando medidas para garantizar la supervivencia de la industria durante esta etapa crítica.
Por ejemplo, el Congreso de Estados Unidos aprobó un paquete de 25 billones de dólares para financiamiento de las agencias de transporte público. Esto es cerca del 34% del presupuesto anual de las agencias. No obstante, en Estados Unidos las agencias públicas prestan el servicio directamente y tienen autonomía para tomar decisiones laborales y operativas. En América Latina, donde el sector privado es el principal proveedor de servicios, y donde hay menos disponibilidad de recursos, es probable que la supervivencia de la industria se traduzca en una combinación de aportes públicos y recortes de servicio. Para ello, los gobiernos tendrán que trabajar en conjunto con empresas operadoras y pequeños transportistas, para diseñar planes de contingencia para reducir los costos operativos de las empresas, garantizando niveles mínimos de calidad. Y al mismo tiempo, desarrollar soluciones de financiamiento que mitiguen los problemas de liquidez, y fortalezcan los operadores de buen desempeño para reactivar el sector de manera dinámica una vez que haya salido de cuidados intensivos.
Observatorio de Movilidad Urbana (CAF, 2016) Ciudades de más de 500.000 habitantes en América Latina y el Caribe Abordajes en 4/4/20 con respecto a 3/11/20. Buses, busetas, microbuses, combis y jeeps. Coches de trenes urbanos, suburbanos y tranvías Corresponde al 1.25% del CARES Act (2 trillones de dólares)