- La trata de personas afecta a más de 50 millones de personas en el mundo, de las cuales 4 millones viven en América Latina y el Caribe.
- Para responder a este desafío, es necesario implementar políticas públicas que incorporen evidencia, promuevan la capacitación especializada y tomen en cuenta la voz de las víctimas.
- Para apoyar a los gestores de políticas en esta tarea, el BID promueve la cooperación entre instituciones y países, y ayuda a los gobiernos a fortalecer capacidades poniendo a las víctimas en el centro.
La trata de personas es uno de los delitos más complejos, lucrativos y devastadores del crimen organizado a nivel global, ocupando el tercer lugar entre los quince mercados ilícitos de mayor impacto en América Latina y el Caribe (ALC). Se estima que afecta a más de 50 millones de personas en todo el mundo, de las cuales casi 4 millones viven en nuestra región.
Según el Reporte Global de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC), las mujeres y las niñas son las principales víctimas: representan el 51% de los casos detectados en Sudamérica y el 82% en Centroamérica y el Caribe. En ALC, la explotación sexual y el trabajo forzado continúan siendo las formas predominantes de este delito.
Más allá de las cifras desoladoras, la trata de personas es una grave violación de derechos humanos que se profundiza allí donde persisten desigualdades, discriminación y exclusión, y está profundamente vinculada con la violencia, la migración, la informalidad laboral y la debilidad institucional. Por ello, desde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), hemos implementado una amplia agenda de trabajo para apoyar a los países en la respuesta a este desafío.
Respuestas integrales para un problema transnacional
La experiencia del BID con los países de nuestra región refleja que la trata de personas no es un problema aislado, sino un fenómeno transnacional que demanda acciones integrales coordinadas entre los países de la región.
Esto significa fortalecer la cooperación entre países y fortalecer sus capacidades para incorporar evidencia en el diseño e implementación de políticas que sitúan las víctimas en el centro. Este tipo de abordaje es clave para mejorar la efectividad de las respuestas públicas, prevenir nuevas formas de explotación, proteger a las poblaciones más vulnerables y construir instituciones más eficaces y resilientes.
Plataformas regionales como la Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo establecida en diciembre de 2024, contribuyen a hacer avanzar esta colaboración regional de alto nivel, al fomentar el diálogo político, el intercambio de conocimientos y la movilización de recursos para prevenir y responder a la criminalidad organizada de ALC.
La Alianza está compuesta y liderada por 23 países prestatarios del Banco, y cuenta con 14 aliados estratégicos (incluida la INTERPOL). En conjunto, estos países representan el 90% de la población de la región, el 95% del PIB de ALC y el 92% de los homicidios que tienen lugar en la región cada año.
Desde sus tres pilares, de prevención y protección de poblaciones vulnerables, fortalecimiento institucional y desarticulación de los flujos financieros y los mercados ilícitos, la Alianza ofrece un marco para seguir reforzando el trabajo en trata de personas y avanzar hacia respuestas efectivas y coordinadas entre los países de la región.
Una iniciativa emblemática para fortalecer capacidades en las instituciones de seguridad y justicia
El Bien Público Regional “Modelo de fortalecimiento de capacidades institucionales del sector de seguridad y justicia para responder a la trata de personas en América Latina y el Caribe” es una iniciativa emblemática del BID para apoyar a los países en cómo implementar políticas relacionadas con la trata de personas de manera efectiva.
Su principal objetivo fue fortalecer las capacidades del sector de seguridad y justicia para prevenir y responder a este delito. Durante los últimos cuatro años reunió Ministerios de Seguridad y Justicia, Fiscalías o Ministerios Públicos y Secretarías de Comisiones Interinstitucionales contra la trata de personas de 15 países de la región.
La participación de aliados estratégicos, como la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Agencia de Implementación para el Crimen y la Seguridad de CARICOM (IMPACS), el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la UNODC, permitió incorporar enfoques comparados, conocimiento técnico especializado y experiencias innovadoras provenientes de distintos contextos regionales.
A través de este espacio se compartieron buenas prácticas, desde campañas de prevención hasta modelos de atención a víctimas, y se analizaron tendencias emergentes como el uso de tecnologías digitales por redes delictivas. Además, la iniciativa impulsó capacitación especializada, promovió el uso de evidencia y datos, y dio voz a los sobrevivientes como actores clave en la formulación de políticas, fortaleciendo así una respuesta más integral, coordinada y centrada en las personas.
Recursos disponibles para formuladores de políticas
En el marco del Bien Público Regional, fueron desarrolladas cinco guías de actuación regional que proporcionan conceptos clave, resaltan desafíos comunes, orientaciones y prácticas prometedoras.
Elaboradas en conjunto con los países participantes, los aliados estratégicos y la UNODC, cada guía integra un enfoque digital y una perspectiva centrada en mujeres y niñas, destacando el rol central de las instituciones de seguridad y justicia, así como la necesidad de una coordinación efectiva entre estas y otros sectores clave para abordar este delito:
- Guía Introductoria: Ayuda a solventar la falta de una comprensión común y compartida sobre la trata de personas, sus dinámicas, modalidades y enfoques de abordaje, proporcionando una base conceptual para diseñar respuestas integrales, coordinadas y basadas en derechos humanos.
- Guía 1: Prevención de la trata de personas: Ayuda a enfrentar la limitada capacidad institucional para anticipar y reducir los riesgos de la trata, fortaleciendo la planificación preventiva, el uso de datos, la identificación temprana de factores de vulnerabilidad y la incorporación de enfoques de género y digital frente a nuevas amenazas.
- Guía 2: Investigación y judicialización de la trata de personas: Contribuye a reducir las dificultades para investigar y sancionar eficazmente la trata, como la falta de evidencia, la baja identificación de víctimas y la limitada coordinación institucional, promoviendo investigaciones proactivas, especializadas y centradas en derechos.
- Guía 3: Asistencia y protección a sobrevivientes de la trata de personas: Facilita resolver las brechas en la atención integral a sobrevivientes, incluyendo la falta de servicios especializados, desigualdades territoriales y riesgos de revictimización, fortaleciendo mecanismos de protección, reparación y reintegración con enfoque de derechos.
- Guía 4: Cooperación internacional en la lucha contra la trata de personas: Ayuda a abordar la fragmentación de esfuerzos entre países e instituciones frente a un delito transnacional, fortaleciendo mecanismos de coordinación, intercambio de información y cooperación para prevenir, investigar, judicializar y proteger a sobrevivientes.
Además de las guías, la iniciativa produjo el curso virtual gratuito Actuación coordinada frente a la trata de personas desde el sector de seguridad y justicia, que está disponible en la AcademiaBID por demanda. En 2025, más de 300 funcionarios de 26 países de ALC participaron en el curso y adquiriendo una comprensión más profunda sobre la trata de personas, los marcos normativos vigentes y su aplicación práctica en el trabajo diario.
Cuatro lecciones de esta experiencia regional
Estas iniciativas muestran que invertir en capacidades estatales, fortalecer la cooperación entre países y poner a las víctimas en el centro mejora la respuesta pública. Entre las principales lecciones destacamos:
- La coordinación interinstitucional cambia la capacidad de respuesta. Las cinco guías regionales demuestran que enfrentar la trata exige articular sectores clave como seguridad y justicia con criterios comunes, rutas de actuación claras y enfoque en protección de víctimas.
- La cooperación regional acelera soluciones. El intercambio entre países permite alinear estrategias a nivel regional y traducir esta visión en acciones concretas, mediante el intercambio de protocolos, campañas, modelos de atención, mecanismos de judicialización e innovaciones que pueden adaptarse y escalarse en distintos contextos nacionales.
- La formación especializada multiplica el impacto. El curso virtual basado en las guías ha capacitado a funcionarios y ha ayudado a llevar marcos normativos y herramientas prácticas al trabajo cotidiano de las instituciones.
- Las políticas públicas son más sólidas cuando incorporan evidencia y voces de sobrevivientes. La experiencia mostró el valor de fortalecer datos, visibilizar buenas prácticas e incluir a personas sobrevivientes como expertas para diseñar respuestas más pertinentes, humanas y efectivas.
Cuando los países comparten conocimiento, fortalecen sus instituciones y escuchan a las víctimas, las respuestas ante la trata de personas no solo son más eficaces, sino también más sostenibles.
Frente a un delito transnacional, dinámico y profundamente arraigado en las vulnerabilidades de nuestra región, el mensaje es claro: la cooperación no es opcional, es una condición indispensable para construir respuestas efectivas con verdadero impacto en la vida de las personas.