- Las mujeres enfrentan importantes barreras para denunciar la violencia doméstica, y las Salas Lilás de Ceará, en Brasil, ofrecen una puerta de entrada más segura, privada y centrada en las personas para acceder a servicios de protección, justicia y apoyo.
- Este tipo de infraestructura es clave para la prestación de servicios públicos. Cuando se combinan espacios bien diseñados con personal capacitado, protocolos claros y redes de derivación, se puede ampliar el acceso a servicios especializados, especialmente en municipios con menor cobertura.
- Los resultados iniciales sugieren que el modelo está mejorando el acceso y la confianza en los servicios. Las Salas Lilás ya funcionan como puertas de entrada al sistema de protección establecido por la ley brasileña, demostrando cómo la infraestructura social puede fortalecer los servicios públicos y contribuir a la protección de los derechos de las mujeres.
Cuando una mujer vive una situación de violencia doméstica, acudir a la policía puede parecer el paso más evidente. Sin embargo, para muchas, dar ese paso implica enfrentar el miedo a las represalias, la dependencia económica, el estigma social y la incertidumbre de no saber si serán escuchadas o creídas.
Para abordar este desafío, un proyecto apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el estado brasileño de Ceará está implementando espacios de atención específicos dentro de las comisarías de policía para que las mujeres que sufren este tipo de violencia puedan reportarla con privacidad y recibir atención más especializada, acogedora y humanizada.
Estos espacios, conocidos como Salas Lilás, son especialmente importantes en varios municipios del interior de Ceará. Hasta hace poco, una mujer que quisiera denunciar una situación de violencia doméstica podía tener que hacerlo en una comisaría común, en el mismo entorno donde se atendían robos, accidentes de tránsito y otros casos, sin privacidad ni atención especializada. La falta de privacidad, de tiempo y de un espacio pensado para una escucha protegida podía convertirse en una barrera concreta para pedir ayuda.
Este proyecto constituye un ejemplo concreto de cómo la infraestructura social puede contribuir a mejorar la calidad de los servicios públicos y ampliar el acceso a protección y justicia para las mujeres. Para el BID, la experiencia demuestra cómo la infraestructura social, cuando se integra con servicios y capacidades institucionales, puede contribuir a ampliar el acceso a protección y justicia para poblaciones vulnerables.
Según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE, por su sigla en portugués), apenas el 30,5% de los municipios del país contaba con servicios especializados de atención a mujeres en situación de violencia. En estados con municipios dispersos y capacidades institucionales heterogéneas, esta brecha se vuelve especialmente relevante porque el acceso a atención especializada suele concentrarse en centros urbanos más grandes.
En ese contexto, las Salas Lilás no buscan reemplazar las comisarías especializadas de mayor escala, sino ampliar la capilaridad del servicio. Permiten llevar estándares mínimos de atención diferenciada a territorios con menor infraestructura institucional, acercando protección y orientación a mujeres que antes dependían de estructuras menos preparadas para ese tipo de atención.
La experiencia de las Salas Lilás confirma una idea simple: el espacio físico también es parte del servicio, como indican las guías clínicas y de política de la Organización Mundial de la Salud. Por eso, la adecuación física no es un elemento accesorio. La privacidad visual y acústica, la separación de flujos, el mobiliario adecuado y la existencia de un ambiente claramente identificado para la acogida forman parte de la capacidad del servicio para proteger, orientar y generar confianza.
Sobre esa base, el modelo combina infraestructura y funcionamiento del servicio: acogida especializada, registro del registro de la denuncia policial de forma calificada y sensible, orientación sobre derechos, solicitud de medidas de protección cuando corresponde y derivación a la red municipal de asistencia social, salud y apoyo psicosocial.
El enfoque también se alinea con el marco RESPECT Women, desarrollado por organismos internacionales para orientar políticas de prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres. Una de sus estrategias, “services ensured”, destaca la importancia de asegurar servicios de salud, policía, justicia y asistencia social para mitigar las consecuencias de la violencia y prevenir su recurrencia.
Hoy, nueve municipios del interior del estado cuentan con las Salas Lilás, que fueron inauguradas en el primer trimestre de 2026. La experiencia invita a una reflexión más amplia para gobiernos subnacionales, equipos técnicos y gestores públicos: cuando la infraestructura se diseña desde la experiencia de las personas, puede convertirse en una herramienta directa de protección, confianza y acceso a derechos.
Antes de la inauguración de las Salas Lilás, entre junio y diciembre de 2025, las comisarías registraron 286 casos de violencia doméstica en espacios comunes, sin atención especializada. Después de la apertura, entre enero y marzo de 2026, se contabilizaron 218 nuevos casos en las nueve salas inauguradas.
En cinco municipios (Aracoiaba, Jijoca de Jericoacoara, Parambu, Várzea Alegre e Icapuí), se observó un aumento en las denuncias, reflejo de una mayor confianza de las mujeres en los espacios especializados y de la visibilidad institucional del tema.
En los demás municipios, Horizonte, Trairi, Itarema y Tamboril, los registros disminuyeron, lo que puede indicar una mejor clasificación y derivación de los casos, gracias a protocolos más claros y equipos capacitados. Esta variación muestra que el impacto de las Salas Lilás no se mide solo por el número de denuncias, sino por la transformación en la calidad del servicio público y en la forma en que el sistema acoge y protege a las mujeres.
Esos resultados iniciales demuestran la activación temprana del servicio: las salas comenzaron a operar desde su inauguración y funcionan como puerta de entrada al sistema de protección previsto en la Ley Maria da Penha, la principal legislación de Brasil para prevenir, sancionar y erradicar la violencia doméstica y familiar contra las mujeres.
La evidencia internacional refuerza este tipo de solución. La revisión del Home Office del Reino Unido sobre qué funciona para reducir la violencia contra mujeres y niñas señala que intervenciones de apoyo a víctimas, capacitación de profesionales y mecanismos de derivación pueden mejorar la identificación, la confianza y el acceso a servicios, aunque todavía existan brechas de evidencia en algunos efectos finales.
La experiencia de Ceará muestra que invertir en infraestructura social orientada al servicio, que considere tanto las necesidades específicas de las mujeres como la articulación institucional, puede reducir barreras de acceso a la justicia, mejorar la calidad del primer contacto con el Estado y acercar protección a territorios con menor cobertura.
Para municipios, estados y equipos que enfrentan desafíos similares, las Salas Lilás ofrecen una lección concreta: no basta con construir espacios; es necesario diseñarlos para que funcionen como parte de una red de atención y adaptarlos al contexto para fortalecer servicios públicos más humanos, accesibles y orientados a la protección efectiva de derechos.