- La Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo, impulsada por el BID, este año amplió su alcance, movilizando más financiamiento, asistencia técnica y cooperación regional contra el crimen organizado.
- La Fuerza de Tarea de Respuesta Rápida ya apoya a países de la región con soluciones ágiles frente a desafíos urgentes de seguridad.
- Nuevas iniciativas regionales están fortaleciendo el intercambio de información, la prevención del reclutamiento de menores y la coordinación transnacional entre instituciones.
El crimen organizado no espera, y no respeta fronteras. Sus redes mueven dinero, armas y personas entre jurisdicciones más rápido de lo que cualquier institución puede responder sola. Sus altos grados de violencia mantienen a nuestra región con los mayores índices de criminalidad del mundo además de explotar la fragmentación entre sistemas e instituciones.
La Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo, impulsada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), existe justamente para cerrar brechas como esa. Una plataforma regional donde gobiernos, organismos multilaterales, sociedad civil y academia trabajan juntos en bienes públicos regionales que ningún país puede producir por sí solo: conocimiento compartido sobre cómo opera el crimen organizado, mecanismos de coordinación transnacional que conectan, y políticas piloto que se prueban en un país y se escalan al siguiente.
La Alianza es resultado de lo que los países de la región venían pidiendo. Surgió durante la Cumbre de Seguridad realizada en Ecuador en 2024, y pocos meses después se formalizó en Barbados, con Ecuador en la presidencia pro tempore. Su declaración fundacional fue que el crimen organizado impone altos costos sociales, institucionales y económicos en toda la región, y su naturaleza transnacional exige una respuesta que ningún país puede dar solo.
En 2025 la presidencia pro tempore la asumió Argentina. Hoy la integran y lideran 23 países que representan más del 90% de la población de la región, más del 95% de su PIB y el 92% de los homicidios que ocurren cada año en la región que sigue siendo la más violenta del mundo. Estos países, junto a 14 aliados estratégicos y con el BID como Secretaría, gobiernan la Alianza directamente a través de sus ministros de Seguridad y Justicia, mediante grupos de trabajo técnicos organizados en torno a tres pilares: proteger a las poblaciones vulnerables, fortalecer las instituciones de seguridad y justicia, y desarticular los mercados ilícitos y los flujos financieros.
Hace un año en Buenos Aires, la Alianza suscribió tres compromisos: movilizar US$2.500 millones para seguridad ciudadana y justicia hacia fines de 2028, crear un bien público regional que facilitara el intercambio de antecedentes penales entre países, y poner en marcha una Fuerza de Tarea de Respuesta Rápida permanente para atender las urgencias de seguridad en la región.
Con la próxima Cumbre anual a realizarse en Brasilia el 5 y 6 de agosto, es momento de responder: ¿Cuál es el estado de avance de esas promesas?
Escalar: de dos proyectos a una cartera regional
Mientras en 2024 el BID aprobó US$185,3 millones en dos operaciones en seguridad ciudadana, en 2025 fueron tres operaciones llegando a US$602 millones. Esto fue un crecimiento de 225% respecto al año anterior. Sin embargo, en 2026 el pipeline establecido llega a US$1.420 millones: un aumento de casi 670% en la cartera bajo nuestra División de Seguridad Ciudadana frente a 2024. Con todo, esta cifra ya equivale al 57% de la meta original de US$2.500 millones a tres años fijada en Buenos Aires.
El crecimiento en operaciones en seguridad no es algo abstracto: se distribuye en un número mayor de países bajo una cartera activa de 17 operaciones que abarcan desde prevención de la violencia, modernización policial e interoperabilidad digital, hasta reforma de justicia, sistemas penitenciarios y fortalecimiento institucional frente al crimen organizado.
En paralelo, también logramos un incremento sin precedentes en las cooperaciones técnicas no reembolsables, que permiten llegar rápido con apoyo técnico, evidencia y acciones concretas a los distintos países de la región, facilitando respuestas innovadoras que van desde nuevos mecanismos para la interrupción de la violencia, el uso de inteligencia artificial para maximizar plataformas de vigilancia, el uso de satélites para monitorear actividades ilícitas y la creación de conocimiento.
Este crecimiento de cartera, que casi se multiplicó por ocho en dos años, confirma además algo estructural: desde el 2025, el BID es el primer banco multilateral de desarrollo con una división dedicada exclusivamente a la seguridad ciudadana y la justicia, una especialización que viene construyendo desde que aprobó sus primeros proyectos del sector a fines de los noventa. Una escala así tampoco se improvisa; es lo que ocurre cuando la inversión basada en evidencia muestra impacto y logra dar respuesta a la principal preocupación de nuestra región.
La Fuerza de Tarea: del anuncio al despliegue rápido
La Fuerza de Tarea de Respuesta Rápida (FTRR) se anunció durante la pasada Cumbre como un mecanismo permanente de asistencia técnica y rápida ante urgencias de seguridad. Un año después, la FTRR ya ha operado en distintos grados en diferentes países y forjó con nuevos socios distintas alianzas estratégicas y operativas en forma de entendimientos técnicos con instituciones internacionales y una red de aliados que permiten maximizar la capacidad de respuesta y el impacto que esta tiene para nuestros socios.
La Fuerza de Tarea funciona con distintos formatos de misión. Uno de ellos pensado para responder a una urgencia que requiere un despliegue inmediato: así ocurrió en 2025, cuando Perú solicitó apoyo técnico en materia de crimen organizado y extorsión, apoyo que decantó en la elaboración del Plan de Seguridad Nacional 2026.
Otro formato, como el desplegado en Jamaica tras el huracán Melissa, facilitó una discusión con referentes y expertos en torno a un desafío específico, ofreciéndole al gobierno no solo acceso a una nueva red de expertos dispuestos a proveer apoyo continuo, sino una alianza estratégica de planificación, enfocada en el potencial diseño de nuevas políticas públicas sobre la continuidad operacional de la seguridad nacional ante desastres naturales.
Construyendo el tejido conectivo para una respuesta integrada
Nada de lo anterior ocurre sin el trabajo de convocar a equipos técnicos de distintos países bajo un desafío compartido. Este año, con distintas reuniones de trabajo y talleres, se logró empezar a discutir soluciones para fortalecer el intercambio de informaciones entre países y el diseño de políticas públicas coordinadas tanto a nivel nacional como regional.
- Intercambio seguro de informaciones a nivel regional: En Ciudad de Panamá, el 2 y 3 de julio, convocamos a representantes de seis países y el Ministerio de Justicia de España en un taller práctico sobre ICARO: nuestra nueva herramienta regional de intercambio seguro y estandarizado de antecedentes penales, anunciada en la Cumbre de Buenos Aires en 2025 y adaptada del sistema europeo ECRIS con apoyo técnico español. El esfuerzo replica, deliberadamente, el proceso gradual que recorrieron los fundadores de ECRIS en 2012 en Europa: primero la confianza, después la tecnología. Este proyecto es de vital importancia para ampliar la capacidad de información y eventual investigación y persecución por parte de los países más allá de sus fronteras.
- Prevención al reclutamiento de menores: Junto a la OSCE, organizamos en Roma, Italia, un Diálogo de Política y Capacitación Técnica que reunió a socios técnicos de la región con contrapartes europeas para profundizar en modelos de intervención temprana contra el reclutamiento de menores, entre ellos el Rätt Kurva en manos de la policía sueca, que también estará presente en Brasilia. El trabajo posterior generó la primera hoja de ruta regional para identificar tempranamente a jóvenes en riesgo, que se espera presentar en el marco de la cumbre y una red de trabajo que antes no existía.
- Fortalecimiento de la coordinación regional: El tercer ejemplo tuvo lugar en Buenos Aires, donde junto al Ministerio de Seguridad de Argentina realizamos el Taller Regional sobre Investigación Criminal e Inteligencia para Delitos Complejos y Crimen Organizado. Ahí, policías federales y nacionales de siete países de la región junto a España y Estados Unidos, compartieron experiencias y desafíos en profesionalización policial, integración entre investigación e inteligencia, gestión de casos, interoperabilidad tecnológica, y lavado de activos y extinción de dominio. Se establecieron canales de acción conjunta entre países que antes no coordinaban en estas materias.
- Construcción de capacidades: El cuarto ejemplo acaba de tener lugar en Nueva York, con una semana de capacitación y certificación presencial para líderes policiales de América Latina que realizamos junto a John Jay College. Tras la activa participación de más de 670 oficiales que completaron nuestro curso regional desde enero, seleccionamos a 14 representantes junto a expertos. Además, sostuvimos sesiones de trabajo en la Academia NYPD y en el Centro Conjunto de Operaciones de la Policía de Nueva York. Abordamos entre otros desafíos los relacionados con inteligencia artificial, capacitación policial y capacidades para enfrentar al crimen organizado. Las policías son fundamentales para nuestras democracias, y su fortalecimiento institucional es un factor determinante en el grado de efectividad con que el Estado cumple su responsabilidad de proteger a la ciudadanía.
La Cumbre de Seguridad en Brasilia marca el próximo capítulo de la cooperación regional
El crecimiento de las operaciones, un nuevo mecanismo de urgencia que ya funciona, e iniciativas regionales que unen a los países bajo desafíos comunes, pertenecen a los distintos pilares del trabajo de la Alianza. Estas y otras acciones, y sus resultados, comparten una sola lógica: ningún país enfrenta al crimen organizado solo, y ninguna herramienta, por bien diseñada que esté, sustituye las relaciones que se construyen trabajando juntos.
El 5 y 6 de agosto, en la sede del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, la Cumbre hará ese balance junto a más de 50 autoridades entre ministros, fiscales nacionales y el secretario general de INTERPOL, además de más de 20 panelistas que jueces, académicos y representantes del sector privado, desde empresas de tecnología hasta gremios de seguridad privada. La agenda organiza el trabajo de los tres pilares en siete ejes: sistemas penitenciarios, protección de recursos estratégicos, persecución penal integrada, economías ilegales, nuevas tecnologías e inteligencia artificial, iniciativas regionales, y alianzas público-privadas.
La Cumbre será, además, el momento de ampliar la propia Alianza con nuevos pasos: ingreso de miembros, acuerdos de trabajo, la presentación de iniciativas regionales y un impulso a mecanismos tan importantes como la Fuerza de Tarea de Respuesta Rápida.
La Cumbre de Seguridad en Brasilia es el lugar donde una coalición que sigue creciendo decide, frente a sus pares, seguir demostrando que la única respuesta que funciona contra el crimen organizado es la que se construye juntos.
Conéctate para ver el livestream de la inauguración del evento el 5 de agosto a partir de las 8 a.m. (ET):