¿Cómo repensar la medición de la pobreza para incluir a las personas con discapacidad?

El enfoque tradicional que suelen usar los países para medir la pobreza compara el ingreso per cápita de los hogares con una línea de pobreza que representa el nivel mínimo de recursos necesarios para cubrir necesidades básicas como alimentación, salud, educación y vivienda. Sin embargo, este enfoque no contempla los costos adicionales asociados a vivir con una discapacidad. Como resultado, se subestima el nivel de ingreso requerido para satisfacer las necesidades básicas de los hogares con personas con discapacidad, lo que invisibiliza la situación de estas familias y limita su acceso a programas sociales diseñados para quienes más lo necesitan.

En este artículo presentamos los principales hallazgos del estudio Adaptar las líneas de pobreza monetaria para reflejar los costos de la discapacidad: un estudio aplicado en Perú, que propone un ajuste de la línea de pobreza monetaria para reflejar de manera más precisa las necesidades económicas de las personas con discapacidad. El análisis combina datos de encuestas nacionales con testimonios de personas con discapacidad, cuidadores y funcionarios públicos del país.  

En Perú, alrededor de 1,5 millones de personas de cinco años o más viven con alguna discapacidad, según datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) de 2022. Vivir en un hogar con un miembro con discapacidad reduce los niveles de ingreso un 12,8%, en promedio, en comparación con hogares similares sin personas con discapacidad. Esto ocurre, en parte, porque las personas con discapacidad como sus cuidadores enfrentan restricciones en sus oportunidades laborales.

“Actualmente no trabajo porque mi hija, la mayor, estudia en la mañana y no tengo con quién dejar a mi hijo por sus terapias”. – Grupo focal 4, Chancay, persona cuidadora.  

Además del impacto en los ingresos, la discapacidad suele implicar mayores gastos en bienes y servicios esenciales. En Perú, los hogares con miembros con discapacidad destinan, en promedio 17% de su consumo total a salud, frente al 12% en hogares sin personas con discapacidad. Para compensar los gastos, estos hogares tienden a ajustar su presupuesto en otros rubros básicos, como la alimentación,  sustituyendo productos de mayor calidad por opciones menos costosas y nutritivas.  

Como señalaron varias personas entrevistadas en el estudio, estas decisiones no responden a una preferencia, sino a una estrategia de supervivencia para “estirar el dinero” y cubrir sus necesidades básicas.

“A veces estoy mal, pero a veces me curo con pura hierba, es más barata que las pastillas”. – Entrevista 3, Ventanilla, persona con discapacidad psicosocial.  

Una manera de abordar este problema es ajustar el ingreso per cápita que se compara con la línea de pobreza usando una “escala de equivalencia”. Este enfoque asigna un mayor peso relativo a las personas con discapacidad al calcular el ingreso del hogar, con el fin de reflejar los mayores recursos necesarios para cubrir un conjunto equivalente de necesidades básicas.

A partir del análisis realizado, estimamos que una persona con discapacidad necesita 1,47 veces más ingresos que una persona sin discapacidad para cubrir las mismas necesidades económicas básicas incluidas en la canasta que define la línea de pobreza. En otras palabras, para no ser considerada pobre, una persona con discapacidad debe contar con un ingreso equivalente al 147 % de la línea de pobreza.

En hogares unipersonales, el ajuste requerido es aún mayor: una persona con discapacidad que vive sola equivale, en promedio, a dos personas sin discapacidad en términos de necesidades económicas básicas.  

Entonces, ¿cómo cambia la estimación de pobreza para Perú cuando se consideran los costos adicionales asociados a la discapacidad? Los siguientes resultados corresponden al año 2022:

• La tasa de pobreza en la población con discapacidad y sus familias sube de 35% a 50,1%, lo que implica que aproximadamente 760 mil personas pasan de ser  clasificadas como no pobres a pobres.
• La tasa de pobreza total pasa de 29,6% a 31,9%.
• La brecha de pobreza aumenta en 4,4 puntos porcentuales para la población con discapacidad y sus familias y en 0,7 puntos para la población total.  

En América Latina y el Caribe, una de cada siete personas vive con alguna discapacidad. Además, debido al rápido envejecimiento poblacional, se proyecta que la cantidad de personas con discapacidad alcanzará 150 millones para 2050.  

Algunos países ya han estado tomando medidas. En 2016, Panamá estableció una línea de pobreza más alta para evaluar la elegibilidad al programa de transferencias monetarias Ángel Guardián, dirigido a personas con discapacidad. Este ajuste se realizó en el contexto de un proyecto apoyado por el BID.  

Costa Rica, por su parte, ha trabajado en estimaciones de canastas que consideran los gastos adicionales asociados a distintos tipos de discapacidad. Los resultados sugieren que la línea de pobreza para personas con discapacidad debería ubicarse entre 1,4 y 3,3 veces la línea de pobreza monetaria oficial para la población general. Además, el país ha desarrollado canastas diferenciadas según el grado de dependencia de cuidados (leve, moderada y severa).  

Ajustar la línea de pobreza monetaria no es suficiente para abordar los diferentes costos adicionales que enfrentan las personas con discapacidad ni para garantizar su participación plena en la sociedad. Sin embargo, es un elemento fundamental para mejorar la precisión de las estadísticas oficiales y para diseñar sistemas de protección social más inclusivos, que contribuyan a mejorar el bienestar de las personas con discapacidad y sus familias. 

Puedes acceder al estudio completo aquí: Adaptar las líneas de pobreza monetaria para reflejar los costos de la discapacidad: un estudio aplicado en Perú.