¿Estamos preparados para proteger lo que más importa?

Los edificios públicos son mucho más que paredes y techos. Son hospitales que salvan vidas, escuelas que abren oportunidades, oficinas que brindan servicios a los ciudadanos y museos que resguardan nuestra historia y patrimonio cultural. En ellos se asegura la continuidad de los servicios esenciales y el bienestar de la ciudadanía. Pero cuando ocurre una emergencia, todo lo que representan puede verse comprometido: la atención médica, los servicios sociales, la gestión pública o la preservación de bienes culturales. Para evitarlo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha publicado la Guía para el desarrollo de planes de emergencia para edificios públicos en el fortalecimiento de la resiliencia de los servicios esenciales en América Latina y el Caribe (LAC).

En nuestra región, la pregunta ¿estamos realmente preparados? no es retórica: desde el año 2000 se han registrado más de 1.500 desastres que afectaron a más de 190 millones de personas, lo que hace de nuestra región la segunda más propensa a desastres del mundo, solo detrás de Asia y el Pacífico. En paralelo, análisis globales estiman costos directos de desastres por el orden de US$200 mil millones anuales; y cuando se consideran pérdidas indirectas, el costo real supera US$2,3 billones, lo que refuerza la urgencia de invertir en resiliencia ahora para evitar pagar más después. 

América Latina y el Caribe (LAC) combina una alta exposición a fenómenos naturales con vulnerabilidades físicas y sociales crónicas: infraestructura que cumplió su vida útil, déficit de mantenimiento, crecimiento urbano no planificado, degradación ambiental, pobreza y desigualdad. Cuando un edificio público no está preparado para atender las emergencias, el impacto del desastre no sólo se mide en daños físicos, sino también en la pérdida de servicios esenciales para la población.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) acompaña a los países en el fortalecimiento de su resiliencia mediante herramientas prácticas que integran la gestión del riesgo de desastres en los proyectos de infraestructura social. Este enfoque permite no solo reducir vulnerabilidades, sino también anticipar riesgos, adaptar la infraestructura a eventos climáticos extremos y proteger la continuidad de los servicios esenciales. 
 

Tendemos a pensar que un edificio sólido garantiza continuidad durante una crisis. No siempre es así. La capacidad de un edificio público para seguir funcionando depende de varios factores: decisiones de diseño que integren criterios de gestión de riesgo, medidas no estructurales que eviten daños, acciones operativas que aseguren una eficaz respuesta a la emergencia, y un aprendizaje continuo que se apoya en planes de emergencia capaces de adaptarse a condiciones cambiantes. Cuando esas capas se articulan, el edificio mantiene su integridad estructural y sigue prestando servicios cuando más se necesitan.

Diseño con visión de riesgo (y continuidad). La preparación ante las emergencias empieza en la fase de diseño arquitectónico y funcional, en la que se definen criterios de ubicación y orientación adecuados, accesos y rutas de evacuación sin barreras, se incorpora la posible redundancia de sistemas críticos (energía, agua, telecomunicaciones), la protección de cuartos de equipos sensibles, y se permite la flexibilidad de espacios para su reconversión (por ejemplo, como refugios temporales). La evidencia internacional muestra que, en los hospitales, los daños no estructurales —como cielos falsos que colapsan, ductos desconectados o estantes sin anclaje— explican gran parte de las fallas operativas tras un evento. Es decir, incluso edificios que “soportan” un sismo pueden dejar de funcionar por daños evitables.

Medidas no estructurales: el “orden interior” que evita daños. Son acciones relativamente de bajo costo y alto impacto, como el anclaje de mobiliario y equipos, señalización clara y accesible, iluminación y alarmas con respaldo, sistemas de comunicación redundantes, manejo de materiales peligrosos y zonificación dentro del edificio. Todas las medidas deben tener en cuenta a las personas con movilidad reducida y/o discapacidad. La operación, uso y mejoras de estas acciones se comprueban con simulacros y mantenimientos periódicos. Estas acciones son la base para evacuar el edificio en caso de ser necesario y asegurar una rápida restauración de las operaciones. 

Acciones operativas: protocolos vivos, roles definidos y ensayos frecuentes. Un plan de emergencia eficaz describe qué hacer antes, durante y después de escenarios como incendios, sismos, inundaciones o emergencias sanitarias. Ordena quién decide y quién ejecuta, cómo se activa la alarma, qué mensajes se emiten, por dónde se evacúa o se confina, dónde se concentran las personas, cómo se atienden heridos, y cómo se restablecen los servicios críticos. 

Aprendizaje continuo: la resiliencia como práctica sostenida. La resiliencia requiere buenas prácticas institucionales: documentar lecciones aprendidas, corregir fallas detectadas en cada simulacro, actualizar procedimientos según cambios en el entorno y asegurar que el personal reciba capacitación periódica. Un plan de emergencia es un documento vivo, que se actualiza luego de un simulacro o un desastre, para corregir fallas, mejorar la comunicación y ajustar procedimientos. Una organización que aprende y mejora de forma continua transforma los planes de emergencia en un sistema vivo y confiable, capaz de adaptarse a condiciones cambiantes y responder con mayor eficacia ante eventos adversos.
 

Toda institución, sin importar su tamaño, puede dar los primeros pasos:

• Nombrar un responsable del plan de emergencia con autoridad para coordinar áreas clave.
• Realizar un levantamiento rápido: riesgos, rutas, sistemas críticos, ocupantes del edificio.
• Elaborar un protocolo breve por tipo de emergencia con acciones claras y recursos definidos.
• Ejecutar un simulacro inicial, medir tiempos y corregir.
• Establecer un ciclo anual de actualización del plan, vinculado al presupuesto y a decisiones directivas.

Estos pasos convierten la intención en acción.
 

Las emergencias no esperan. Y cuando un edificio público falla, la ciudadanía lo siente inmediatamente. Garantizar una adecuada respuesta a las emergencias para asegurar la continuidad del servicio es una responsabilidad institucional que requiere gobernanza clara, recursos definidos, mantenimiento constante y protocolos actualizados.

Por eso, el BID apoya a la región con herramientas para integrar la gestión de riesgo de desastres en los proyectos de infraestructura social, adaptar la infraestructura crítica al clima extremo, y construir escuelas y hospitales resilientes. Más recientemente, el Banco, por medio del Grupo de Infraestructura Social y la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres publicó la “Guía para el desarrollo de Planes de Emergencia para edificios públicos”. Esta es una herramienta práctica que reúne el paso a paso completo para preparar, actualizar e implementar planes de emergencia y contingencia efectivos.

La Guía ofrece:

• Una metodología clara para diagnosticar amenazas, vulnerabilidades y capacidades.
• Criterios de gobernanza institucional y coordinación con autoridades locales.
• Lineamientos para asignar recursos financieros, humanos y técnicos.
• Recomendaciones de operación y mantenimiento para evitar que pequeños problemas se conviertan en fallas críticas.
• Listas de chequeo de uso inmediato y términos de referencia para contratar la elaboración o actualización del plan de emergencia.

En esencia, es un puente entre la normativa y la acción.

Al final, la construcción de la resiliencia es un compromiso con las personas, la protección de los bienes públicos y con nuestra memoria colectiva. No es solo técnica: es gobernanza, cultura organizacional y confianza pública. Cada protocolo, cada inventario, cada simulacro es una inversión en bienestar y sostenibilidad. Construir resiliencia es construir futuro; y ese futuro se edifica hoy, con planificación, coordinación y responsabilidad compartida.