- 30x30 es alcanzable para ALC: Lograr la meta 30x30 costaría entre US$9.600 y US$11.400 millones, menos del 0,2% del PIB regional, lo que demuestra que proteger la naturaleza es financieramente viable y económicamente inteligente.
- Un diseño estratégico reduce costos y aumenta beneficios: Priorizar áreas ricas en biodiversidad y diseñar adecuadamente las áreas marinas protegidas permite maximizar beneficios de conservación, mantener bajos los costos de oportunidad y apoyar la productividad a largo plazo.
- El BID impulsa decisiones basadas en evidencia: A través de su nueva Nota de Política, el Banco Interamericano de Desarrollo presenta la primera estimación regional de costos y escenarios prácticos para que los países planifiquen, financien e implementen estrategias efectivas de biodiversidad alineadas con sus prioridades nacionales.
América Latina y el Caribe (ALC) es una de las regiones más biodiversas del mundo, con ecosistemas de importancia global y fundamentales para su desarrollo. También es una de las regiones más comprometidas con la meta 30x30: conservar el 30% de las tierras, aguas y mares para 2030. Sin embargo, convertir este compromiso en acción concreta requiere inversión significativa.
Para apoyar la planificación, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó la Nota de Política “Costos a nivel nacional de implementar el ‘30x30’ en América Latina y el Caribe”. Basado en la primera evaluación regional de costos de este tipo, el estudio estima cuánto costaría ampliar y gestionar áreas protegidas. El resultado es claro: el costo total para establecer y administrar las áreas necesarias para cumplir 30x30 se sitúa entre US$9.600 y US$11.400 millones, menos del 0,2% del PIB regional.
El análisis considera tres grandes categorías de costos:
- Costos de establecimiento: gastos únicos para crear nuevas áreas protegidas.
- Costos de gestión: gastos anuales recurrentes para operarlas y mantenerlas.
- Costos de oportunidad: posibles pérdidas económicas en agricultura y pesca por restricciones en el uso del suelo o del mar.
También explora tres escenarios posibles:
- Escenario 1 – Prioridad en biodiversidad: protege las áreas más biodiversas sin considerar impactos económicos.
- Escenario 2 – Prioridad económica: minimiza los costos de oportunidad, priorizando agricultura o pesca.
- Escenario 3 – Enfoque de equilibrio: combina criterios ecológicos y económicos.
Los países de ALC están liderando el camino. La región ya ha alcanzado 24,5% de protección terrestre y 25,3% de protección marina, ambas por encima del promedio global.
- Áreas marinas protegidas (AMPs): Colombia y Chile ya alcanzaron el 30%. Costa Rica (28,4%), Brasil (26,7%), Panamá (26,3%) y México (22,6%) están cerca.
- Áreas terrestres protegidas (ATPs): Bahamas, Belice, Bolivia, Brasil, Panamá, Trinidad y Tobago y Venezuela ya superaron el 30%.
Proteger biodiversidad suele ser más costo-efectivo: muchas áreas de alta biodiversidad no coinciden con zonas clave para expansión agrícola, lo que reduce los costos de oportunidad.
Los costos de establecimiento terrestre representan los gastos directos más altos, mientras que los costos anuales de gestión dependen del tamaño del territorio de cada país. Por ejemplo:
- En Guyana, gestionar nuevas áreas protegidas costaría alrededor de US$1 millón anuales.
- En Brasil, podría superar los US$2.000 millones anuales, dado su tamaño territorial.
La creación de áreas protegidas terrestres no necesariamente reduce las ganancias agrícolas. En toda la región, los costos totales de oportunidad agrícola proyectados hacia 2050 oscilan entre US$0.350 mil millones (US$350 millones) y US$3.750 mil millones por año, según el escenario, lo que equivale a menos del 0,5% — y potencialmente tan solo al 0,04% — de las ganancias totales del sector agrícola. Bajo el Escenario 1, algunos países —Argentina, Bahamas y Costa Rica— no presentan costos de oportunidad proyectados. Esto se debe en gran medida a que muchas áreas de alta biodiversidad tienen una superposición mínima con las zonas identificadas para la futura expansión agrícola.
Los costos de establecimiento de las áreas marinas protegidas (AMP) son significativamente menores que los de las áreas terrestres protegidas (ATP). En la mayoría de los países, establecer AMP requiere menos de US$1 millón, sumando aproximadamente US$21,3 millones a nivel regional. Los costos anuales de gestión marina para 2030 se proyectan entre US$1.400 y US$1.700 millones. Cabe destacar que el Escenario 2 es la opción más costosa y el Escenario 1 la menos costosa, en gran parte porque las AMP con reglas estrictas de no pesca son más económicas y fáciles de administrar que aquellas con múltiples zonas y regulaciones más flexibles.
Las AMP pueden restaurar la sostenibilidad y la productividad a largo plazo. Cuanto mayor ha sido la sobrepesca en un área, mayores son los beneficios futuros de permitir la recuperación de las poblaciones de peces. Si bien puede parecer políticamente más sencillo proteger zonas con baja actividad pesquera, hacerlo podría limitar los beneficios de largo plazo para la seguridad alimentaria, el PIB y la biodiversidad.
Cada país puede utilizar los tres escenarios para adaptar sus necesidades de financiamiento, planes estratégicos y presupuestos de áreas protegidas. Estos datos también pueden informar decisiones sobre manejo de deuda, reformas de política pública y estrategias regionales de financiamiento para la conservación.
En última instancia, proteger el 30% de tierras y mares no es solo una meta ambiental, sino también económica. Si bien requiere inversiones iniciales y costos de corto plazo, los retornos a largo plazo son mayores: economías más fuertes, ecosistemas saludables, comunidades resilientes y nuevas oportunidades para la seguridad alimentaria y el turismo sostenible.
Para ALC —donde la pérdida de biodiversidad avanza rápidamente— invertir en naturaleza es invertir en el futuro de la región.
Explora la nota de política completa para conocer los costos estimados bajo cada escenario y mantente atento al próximo tablero interactivo en línea, que permitirá modelar escenarios de costos adaptados a las prioridades y planes de biodiversidad de cada país.