- El Salvador ha asumido la baja conectividad como un desafío nacional y, para enfrentarlo, impulsa la Agenda Digital Nacional 2020–2030, que establece la transformación digital como política de Estado.
• La agenda busca cerrar brechas, ampliar derechos y abrir puertas a personas y territorios que históricamente han quedado al margen del desarrollo digital a través de inversiones en infraestructura digital, fortalecimiento de los servicios públicos y construcción de habilidades digitales.
• El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en alianza con la Unión Europea y la Facilidad de Corea para el Cofinanciamiento del Desarrollo de Infraestructura en América Latina y el Caribe, ha apoyado la implementación de esta agenda, especialmente mediante el Programa de Conectividad Digital Social de la Secretaría de Innovación de la Presidencia.
Un desafío crítico al desarrollo de El Salvador es la baja conectividad digital, especialmente en áreas rurales. Apenas 4,1% de los hogares rurales cuenta con conexión a Internet, una cifra que refleja décadas de desigualdad territorial en el acceso a la tecnología, según el Estudio de pre-factibilidad de la Red Nacional de Banda Ancha en El Salvador.
El Salvador ha asumido este tema como un desafío nacional y, para enfrentarlo, impulsa la Agenda Digital Nacional 2020–2030, que establece la transformación digital como política de Estado.
Su implementación, a través del Programa de Conectividad Digital Social, ha contado con financiamiento y asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en alianza con la Unión Europea y la Facilidad de Corea para el Cofinanciamiento del Desarrollo de Infraestructura en América Latina y el Caribe.
Un nuevo contexto para el desarrollo: la conectividad como base del bienestar
La pandemia aceleró un proceso que ya era evidente: sin acceso a Internet, las personas quedan fuera del sistema educativo, de la atención médica oportuna, del empleo remoto y de los servicios públicos digitales.
La Agenda Digital Nacional 2020–2030 plantea principios de bienestar social, innovación, modernización del Estado y gobernanza digital que orientan la acción pública hacia un objetivo común: cerrar brechas y ampliar derechos.
Sin embargo, alcanzar esa visión requiere una condición esencial: infraestructura digital suficiente y capacidades humanas para aprovecharla. La conectividad no funciona sola; opera dentro de un ecosistema donde la educación, la salud, el trabajo y la participación ciudadana dependen de su disponibilidad.
El Programa de Conectividad Digital Social, implementado por la Secretaría de Innovación de la Presidencia, surge para responder a ese desafío, contribuyendo al fortalecimiento y formación en habilidades digitales de los usuarios de los centros de salud y educación, tomando en cuenta las necesidades específicas de la población femenina.
¿Qué hace el Programa de Conectividad Digital Social?
El programa no se define por los equipos, cables, torres o antenas que despliega, sino por lo que permite: cerrar brechas, ampliar derechos y abrir puertas a personas y territorios que históricamente han quedado al margen del desarrollo digital.
Sus dos componentes trabajan de manera complementaria para que la conectividad no sea un privilegio, sino una herramienta cotidiana para el aprendizaje, la salud, el trabajo, la participación ciudadana y el bienestar social. A continuación, explicamos el abordaje de cada uno de los componentes.
1. Infraestructura digital sostenible para incluir, no solo para conectar
El primer componente del programa lleva conectividad donde hoy no existe o donde es insuficiente: comunidades rurales, escuelas y centros de salud remotos, espacios públicos comunitarios y territorios donde los operadores privados normalmente no llegan. La intención es conectar a quienes más lo necesitan y garantizar que cuenten con una red estable, segura y preparada para el futuro.
Esta infraestructura no se limita a “poner Internet”. Está pensada para sostener la educación a distancia, la telemedicina, la gestión pública digital, el emprendimiento y la participación comunitaria. Busca asegurar que múltiples usuarios puedan conectarse al mismo tiempo sin interrupciones y que los servicios públicos esenciales puedan operar con continuidad, incluso en situaciones críticas. Es un esfuerzo para construir una base tecnológica que apoye el progreso social y económico de largo plazo.
2. Reducir la brecha de habilidades digitales: por qué conectar no basta
El segundo componente reconoce que una conexión por sí sola no transforma una comunidad. Para que la tecnología se convierta en oportunidad real, las personas necesitan competencias digitales que les permitan usarla con confianza, seguridad y sentido.
Esto abarca desde habilidades básicas, como navegar en línea o participar en clases virtuales, hasta capacidades avanzadas para docentes, personal de salud y funcionarios públicos que deben usar plataformas especializadas, sistemas de telemedicina o herramientas de gestión digital.
El programa también impulsa el fortalecimiento institucional, ayudando al Estado a modernizar procesos, mejorar la gestión de servicios y avanzar hacia una ciudadanía digital informada y protegida. La formación en competencias digitales no se limita a estudiantes y profesionales: es un esfuerzo que incluye a familias, comunidades y grupos tradicionalmente excluidos para que puedan ejercer sus derechos en un entorno digital y aprovechar las oportunidades educativas, laborales y económicas que ofrece la banda ancha.
Mejorando vidas mediante una mayor conectividad digital y mejores capacidades
Al integrar infraestructura sostenible con formación de habilidades digitales, el Programa de Conectividad Digital Social busca que la conectividad se convierta en un motor de desarrollo humano. No es solo una inversión tecnológica, es una apuesta por la accesibilidad, la equidad y el fortalecimiento de las capacidades del Estado y de la ciudadanía. Su propósito es que cada comunidad conectada pueda aprender, cuidarse, trabajar, emprender y participar plenamente en la vida digital del país.
La conectividad es un catalizador silencioso, pero poderoso. Cuando existe, permite que la educación avance incluso en tiempos de crisis, que una comunidad reciba atención médica oportuna sin desplazarse largas distancias y que las personas accedan a empleos globales desde sus territorios.
Cuando falta, amplifica desigualdades. Si bien la inversión en banda ancha es un paso crítico, su impacto depende del uso que las instituciones y la ciudadanía le otorguen. La conectividad se vuelve significativa cuando mejora la vida diaria: cuando una familia accede a servicios digitales, cuando un estudiante puede continuar sus estudios desde su casa, o cuando una persona logra certificarse en competencias que le abren oportunidades laborales.
¿Qué sigue para El Salvador? Una agenda de país basada en inclusión digital
El camino que se está construyendo no es únicamente tecnológico; es profundamente social. La Agenda Digital Nacional 2020–2030 de El Salvador plantea que el país debe avanzar en una transformación que integre innovación, educación, servicios públicos modernos y gobernanza.
Para que esta apuesta se consolide, El Salvador deberá continuar avanzando en cuatro frentes: ampliar la cobertura de conectividad en los territorios más excluidos, fortalecer las competencias digitales de toda la población, modernizar los servicios públicos con una visión de gobierno digital y garantizar que la infraestructura instalada sea sostenible, segura y de largo plazo.
El desafío es grande, pero la oportunidad también lo es. Conectar a una escuela, un centro de salud o una comunidad no transforma únicamente un territorio: transforma vidas. Y construye las bases para una economía más integradora, resiliente y preparada para el futuro.
En resumen, El Salvador ha tomado la decisión de avanzar hacia un país donde la conectividad sea sinónimo de bienestar.
El BID, junto a sus socios de la Unión Europea y Corea, seguirá acompañando este proceso con una visión integral: contribuir al crecimiento sostenible y equitativo del país, fortalecer la sostenibilidad fiscal y la modernización del sector público, desarrollar las capacidades de la población y fomentar un sector privado competitivo. Todo ello forma parte de una misma apuesta: que el acceso digital sea una herramienta poderosa para expandir derechos, generar oportunidades y fortalecer la cohesión social.