América Latina y el Caribe, al igual que el resto del mundo, se encuentra transitando por un momento complejo. En entradas anteriores hemos ofrecido reflexiones y elementos de juicio para la política pensional en tiempos de pandemia, y en los webinars recientes de la Red PLAC hemos visto que la crisis del COVID-19 impacta todos los parámetros relevantes de los sistemas de pensiones y exacerba los retos de sostenibilidad, adecuación y cobertura más allá de los desafíos que ya veníamos observando. Sin embargo, las razones fundamentales para reformar los sistemas de pensiones no han cambiado: la población de la región está envejeciendo más rápidamente que otras, y para 2085 seremos la región más envejecida del mundo.
Estos desafíos se presentan en un momento en el que las reformas introducidas en América Latina y el Caribe durante las últimas décadas están llegando al fin de un primer ciclo. Las personas que cotizaron toda su carrera laboral en el sistema reformado han comenzado a retirarse hace algunos años o están cercanas a su retiro. Sin embargo, la mayor parte de los esfuerzos de diseño y reforma en la región se han concentrado históricamente en la etapa de acumulación. La etapa de desacumulación (o fase de pago) se veía lejana, pero hoy ese futuro ya nos alcanzó. Por ello, con su objetivo de acompañar los esfuerzos de nuestros países para mejorar la capacidad institucional y técnica de sus entidades de pensiones, la Red PLAC está desarrollando una serie de documentos de buenas prácticas que abordan un conjunto de temas de interés para la región. En este artículo compartimos los mensajes principales del segundo documento de esta serie, que se titula Directrices para el diseño y la implementación de la fase de desacumulación.
Las personas que cotizaron toda su carrera laboral han comenzado a retirarse o están cercanas a su retiro. Sin embargo, la mayor parte de los esfuerzos de diseño y reforma de pensiones se han concentrado en la etapa de acumulación.
Una fase de pago con grandes retos
La mayoría de los países de la región no cuentan con un mercado de rentas vitalicias (pensiones que se pagan hasta que el pensionado fallece), y cuando existe, no es funcional. Un primer reto se arrastra desde la etapa de acumulación: los mercados de productos de desacumulación enfrentan un problema estructural de demanda, ya que las reglas de retiro requieren mínimos necesarios de ahorro acumulado para acceder al mercado de rentas vitalicias. Los recientes retiros parciales como respuesta a la crisis del COVID-19 en varios países exacerban este reto. A esto se le suman desafíos por el lado de la oferta, tales como un ambiente económico y financiero global no favorable y un contexto regulatorio complejo.
En este segundo documento de nuestra serie de buenas prácticas proporcionamos un conjunto práctico de directrices para ayudar a reguladores y supervisores a diseñar e implementar marcos legales, regulatorios y de supervisión de la fase de pago o desacumulación de pensiones. El documento establece dieciséis directrices divididas en cuatro áreas principales: (i) enfoque estratégico y diseño regulatorio; (ii) datos, análisis y evaluación de riesgos; (iii) acciones de supervisión para mitigar riesgos y mejorar la fase de desacumulación; y (iv) recursos y organización para la supervisión efectiva de la fase de desacumulación.
El segundo documento de la serie de buenas prácticas de la Red PLAC proporciona un conjunto práctico de directrices para diseñar e implementar marcos legales, regulatorios y de supervisión de la fase de pago o desacumulación de pensiones.
Mejores prácticas para una fase de pago más eficiente
Un mensaje clave del documento, y que es la base de las directrices, es la importancia de fijar objetivos claros y basados en resultados para orientar la regulación y la supervisión. En última instancia, un sistema de pensiones debe estar enfocado en los ingresos de jubilación. Los objetivos también deben abordar la inequidad por ingresos, género, lugar de residencia y/o raza. Otro mensaje fundamental es que los reguladores y supervisores deben adoptar una perspectiva amplia y holística respecto a los riesgos que enfrentan durante la etapa de desacumulación, y que los diferentes desafíos se deben integrar en un marco unificado.
La recomendación central de las tres directrices centradas en los datos, análisis y evaluación de riesgos es incorporar la fase de desacumulación a un modelo integral de evaluación de riesgos. Los supervisores necesitan recopilar, analizar y publicar datos para identificar y tomar acciones para mitigar los riesgos. Existen además cuatro directrices centradas en acciones de supervisión para mitigar riesgos y mejorar la fase de desacumulación. Algunas se aplican a todos los tipos de pensiones y otras son específicas a los planes de beneficio definido. Las últimas tres directrices cubren los recursos y organización para una supervisión efectiva de la fase de desacumulación de pensiones.
Los formidables retos de la etapa de desacumulación requieren además que los reguladores y supervisores estén al tanto de las innovaciones en cuanto a productos, procesos e instrumentos. El documento contiene una revisión de algunas de esas innovaciones, así como directrices para incorporar esas innovaciones en el marco de los llamados sandbox regulatorios, que son espacios de experimentación para promover la innovación dentro de un entorno seguro.
Haz clic aquí para descargar Directrices para el diseño y la implementación de la fase de desacumulación