En las últimas semanas, se han puesto en evidencia los numerosos desafíos que enfrentan nuestras sociedades a raíz del coronavirus. El aislamiento, el teletrabajo, la pérdida de empleos y la escasez de insumos médicos fundamentales son apenas algunos de los temas que se han hecho recurrentes en los medios de América Latina y el Caribe y el mundo entero. Además, por los datos que conocemos, son los adultos mayores los que se exponen a un riesgo mayor en el contexto del COVID-19, y consecuentemente existe un reto adicional para protegerlos. ¿Qué relación hay entre esta pandemia y la seguridad social? ¿Cómo ha afectado el coronavirus a nuestros sistemas de pensiones y a sus instituciones? ¿Qué está pasando en la región?
Desafíos para los sistemas de pensiones en tiempos de coronavirus
El primer gran desafío práctico ha sido cómo gestionar el pago de pensiones a los adultos mayores. En la gran mayoría de los casos, los pensionados están acostumbrados a acudir regularmente a un lugar físico para recibir su pensión, ya sea una agencia bancaria, una oficina de correos, o alguna otra institución. Sin embargo, hacer esa diligencia durante esta contingencia implica un gran riesgo de contagio. En este sentido, algunas autoridades ya están tomando medidas para promover la bancarización de sus pensionados. Un ejemplo es Colpensiones, en Colombia, que está entregando tarjetas bancarias a domicilio y habilitando líneas telefónicas para atender dudas relacionadas con este procedimiento (antes de la pandemia, un 20% de sus 640 000 pensionados mayores de 70 años cobraban personalmente su pensión en oficinas bancarias). Otro ejemplo viene de Chile, en donde se están haciendo depósitos automáticos en las cuentas bancarias personales de aproximadamente 590 000 pensionados del Instituto de Previsión Social sin la necesidad de realizar ningún trámite.El primer gran desafío práctico ha sido como gestionar el pago de pensiones a los adultos mayores.El segundo desafío surge debido a la necesidad de protección de los ingresos de los ciudadanos en un contexto de paralización económica. En este caso, los gobiernos están recurriendo a varios instrumentos relacionados con los sistemas de pensiones para proveer este ingreso. Por un lado, algunos países están ampliando el alcance de sus beneficios pensionales para llegar a más ciudadanos más rápidamente. En Argentina, por ejemplo, se está entregando un bono extraordinario en el mes de abril a los jubilados y pensionados que reciben el haber mínimo, mientras en Brasil se ha adelantado el décimo tercer pago de beneficios de pensiones para los meses de abril y mayo. Por otro lado, los sistemas de capitalización individual se están planteando el acceso parcial a los fondos de pensiones para paliar el shock económico que van a recibir los ciudadanos. En Perú, por ejemplo, recientemente se aprobó el retiro del equivalente a aproximadamente USD 600 de los fondos de pensiones individuales de trabajadores desempleados en los últimos seis meses para alivianar la crisis actual. Otros países de la región están discutiendo medidas similares. En Chile, un grupo de parlamentarios y una Administradora de Fondos de Pensiones propuso que los afiliados puedan retirar hasta un 10% de sus fondos de pensiones para hacer frente a las dificultades financieras desatadas por esta crisis sanitaria.
El segundo desafío surge debido a la necesidad de protección de los ingresos de los ciudadanos en un contexto de paralización económica.Finalmente, un tercer desafío tiene que ver con la protección al empleo formal y la mantención de la capacidad de nuestras economías una vez pase la crisis. En este ámbito, una medida que han implementado países como Argentina y Costa Rica es la reducción de las contribuciones de los empleadores a la seguridad social. Ya en Perú se optó por decretar para el mes de abril lo que en inglés se conoce como contribution holiday, que se refiere a un período determinado en que se suspenden las contribuciones a la seguridad social. Estas medidas de reducción de los aportes a la seguridad social pueden ser particularmente relevantes para sistemas de pensiones de reparto y beneficios definidos que presenten déficit financiero, como es el caso de Argentina.
Un tercer desafío tiene que ver con la protección al empleo formal y la mantención de la capacidad de nuestras economías una vez pase la crisis.