¿Cuál es el costo económico de la violencia contra las mujeres?

En América Latina y el Caribe, una de cada cuatro mujeres ha experimentado violencia física y/o sexual por parte de su pareja a lo largo de su vida. Como indica un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), este tipo de violencia afecta la salud física, mental y emocional de las mujeres y sus familias, y también puede limitar su participación económica, productividad, y desarrollo laboral. 

Cuando estos impactos se multiplican a escala social, sus efectos alcanzan a comunidades, empresas y economías enteras. La violencia contra las mujeres constituye una barrera para el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza y genera costos significativos para la sociedad.

Sin embargo, son pocos los estudios que han intentado cuantificar su costo económico. Sus estimaciones varían según los tipos de violencia y costos considerados, los datos disponibles y las metodologías utilizadas. Aunque no son directamente comparables, estos estudios muestran que el impacto económico puede representar una porción significativa del producto interno bruto (PIB), y advierten que sus estimaciones suelen ser conservadoras. 

• América Latina: el costo asociado a los homicidios de mujeres se estima que equivale al 0,31% del PIB regional, más del doble del promedio mundial (0,12%). La estimación combina el costo atribuido a este tipo de violencia (homicidio de mujeres, agresión física y sexual, y mutilación genital femenina), multiplicado por datos de prevalencia y mortalidad de fuentes de Naciones Unidas. 
• Paraguay y Ecuador: el costo de la violencia contra las mujeres se estimó en el 5,12% y el 4,3% del PIB, respectivamente, mediante un enfoque que combinó distintas metodologías de cálculo.
• España: el costo de la violencia contra las mujeres se estimó en 4.933 millones de euros, equivalente al 0,37% del PIB. El cálculo incluyó costos sanitarios, laborales-productivos y legales-policiales, asumidos por las propias mujeres y sus familiares, así como por el sector público, privado y la sociedad civil. 
• Sudáfrica: las pérdidas representan entre el 0,9% y el 1,3% del PIB, medido según un modelo que combinó distintos enfoques de estudio. 

Para dimensionar estos porcentajes en términos de PIB, los resultados pueden compararse al gasto público de América Latina y el Caribe destinado a investigación y desarrollo (0,29% del PIB en 2022), asistencia social (1,76% del PIB) y educación (4,4% del PIB) según un estudio del BID.

Un reciente estudio en Argentina estimó que la violencia contra las mujeres representa entre el 0,8% y el 2,1% del PIB. ¿Cómo se llega a una estimación de este tipo? El estudio permite entender qué costos se consideran y cómo se construye el cálculo.

El ejercicio siguió el método contable bottom-up, que estima el costo a partir de casos individuales para luego calcular su impacto agregado. Para ello, multiplicó los costos unitarios de distintos servicios y las pérdidas de días laborales por el número estimado de casos, ajustado según prevalencia, nivel de riesgo y uso efectivo de servicios. El análisis contempló tres grandes componentes:

• Costos jurídico-administrativos: gastos públicos asociados a la actuación policial, el asesoramiento y patrocinio jurídico, los procesos judiciales, las medidas de protección y el encarcelamiento.
• Costos sanitarios: gastos asociados a la atención psicológica y médica brindada por el sistema público de salud.
• Costos laborales: pérdidas asociadas a días de trabajo remunerado y no remunerado, con impactos para las mujeres, sus empleadores y redes familiares.

Para comprender el alcance de esta estimación, es importante considerar algunas precisiones metodológicas. Siguiendo la Ley 26.485 de Argentina, el análisis se centró en la violencia doméstica física, psicológica, sexual y económico-patrimonial, por ser de las más prevalentes y contar con mayor disponibilidad de datos. El cálculo contempló la violencia sufrida durante los últimos 12 meses por mujeres de entre 18 y 65 años, en parejas heterosexuales y residentes en áreas urbanas de 12 provincias. 

El cálculo también consideró qué porcentaje de las mujeres que sufrieron violencia accedió efectivamente a servicios institucionales como asesoramiento, denuncia o asistencia integral, y ajustó los costos según el nivel de riesgo, alto o moderado, de acuerdo con los criterios de la Oficina de Violencia Doméstica. 

A partir de estos datos, el estudio construyó dos escenarios que explican el rango de la estimación: uno de mínima, basado en el uso efectivo de los servicios, y otro de máxima, que supone el acceso pleno a los servicios previstos por la normativa.

Como toda estimación, este cálculo tiene limitaciones. Por falta de datos comparables, el estudio no incluyó los femicidios, la violencia fuera del ámbito doméstico ni la violencia simbólica o política. Tampoco contempló la violencia sufrida por niñas y adolescentes menores de 18 años, mujeres mayores de 65 años o mujeres en relaciones no heterosexuales, debido al alcance de la encuesta de prevalencia utilizada como fuente. 

Además, quedaron por fuera costos que son más difíciles de cuantificar, como los gastos privados en servicios jurídicos y sanitarios, gastos en prevención y los efectos de largo plazo sobre la productividad, empleabilidad y la salud de las mujeres y sus hijos. Tampoco se contabilizaron costos intangibles, como el daño emocional y afectivo. 

Los datos de prevalencia permiten dimensionar la magnitud, complejidad y persistencia de la violencia contra las mujeres. Las estimaciones de su costo económico aportan otra perspectiva: permiten entender cómo sus consecuencias se traducen en costos para las personas, las familias, las empresas y el Estado.

Cuantificar estos impactos, aun con las limitaciones de los datos disponibles, puede aportar evidencia para las discusiones sobre prioridades, presupuestos y políticas públicas, y reforzar la importancia de invertir en prevención y respuesta.

Los estudios presentados dejan un mensaje claro: prevenir la violencia contra las mujeres no solo es fundamental para garantizar el derecho de todas las personas a vivir una vida plena y segura. También es clave para reducir los costos que esta violencia impone a las personas, las familias, las empresas y las economías en su conjunto.

Conoce cómo el BID trabaja para prevenir y responder a la violencia contra las mujeres desde un enfoque integral y coordinado.