- Colombia está implantando una política a diez años para regularizar a los migrantes venezolanos y vincularlos a servicios esenciales y empleo formal.
- Para implementar dicha política y con el apoyo del BID, Colombia ha reducido las barreras administrativas para los migrantes actualizando los procesos y las regulaciones, mejorando el registro de migración y haciendo un seguimiento del progreso de la regularización, el acceso a los servicios y la inclusión en el mercado laboral.
- Esta iniciativa ha permitido a millones de migrantes integrarse en el sistema nacional de salud, matricularse en escuelas y tener acceso a oportunidades de empleos formales, a la vez que generar retornos fiscales medibles.
Durante la última década, Colombia ha demostrado que una migración a gran escala se puede gestionar como responsabilidad humanitaria y como oportunidad para las políticas públicas. Habiendo acogido a casi tres millones de migrantes venezolanos, el país se movilizó tempranamente desde las respuestas de emergencia hasta una inclusión a largo plazo basada en marcos legales, capacidad institucional y datos administrativos. Los resultados son visibles en la salud y la educación, el mercado laboral y la administración pública.
En 2021, el gobierno de Colombia presentó el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), una política a diez años diseñada para proporcionar un estatus regular a los migrantes venezolanos y vincularlos con servicios esenciales y con el empleo formal. El objetivo de la reforma consistía en reducir la informalidad, fortalecer la productividad y apoyar la inclusión basada en derechos. La implementación dependía del Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV) y del Permiso de Protección Temporal (PPT), que en abril de 2023 llegó a tener 2,46 millones de prerregistros y 2,09 millones de inscripciones biométricas.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) apoyó estas iniciativas mediante un préstamo de US$300 millones para el Programa de apoyo a reformas de política para la inclusión social y económica de población migrante venezolana en Colombia, cuyo objetivo era asegurar que la regularización se tradujera en un acceso real a la atención sanitaria, la educación y el empleo formal. La operación formaba parte de un paquete de financiamiento más amplio que superaba los US$700 millones, complementados con más de US$70 millones en ayudas y cooperación técnica, así como un apoyo coordinado del Banco Mundial y del Mecanismo Global de Financiación Concesional (GCFF).
Cómo traducir el estatus legal en acceso a servicios
El programa del BID fortaleció la capacidad del gobierno para traducir la documentación legal en acceso efectivo a los servicios. Como resultado, más de 1,4 millones de migrantes se inscribieron en el sistema de seguridad social nacional, lo cual redujo la dependencia de atención puntual de urgencias y mejoró la planificación de la salud pública.
Más de 500.000 niños venezolanos se matricularon anualmente en la escuela entre 2021 y 2023, apoyados por protocolos actualizados que clarificaron los trámites para los administradores y las familias. Por otro lado, las instituciones comenzaron a utilizar datos de registro en tiempo real para elaborar presupuestos y proveer personal y servicios, lo cual redujo la incertidumbre para los hogares y mejoró la gestión fiscal y operativa en diferentes sectores.
La experiencia demuestra que los marcos legales por sí solos son insuficientes; la prestación de servicios requiere instituciones con sistemas adecuados, presupuestos y datos interoperables, especialmente a nivel local. El programa también apoyó medidas para mejorar la inclusión económica. Numerosos migrantes llegaron con competencias y experiencia laboral pero no tenían acceso a empleos formales debido a barreras administrativas. Para abordar este problema, la operación puso énfasis en el reconocimiento de los títulos, la certificación de competencias y las vías de formalización, lo que permitió a los empleadores validar las cualificaciones y facilitar la inclusión de los migrantes en las nóminas, la seguridad social y los sistemas tributarios.
Estas iniciativas produjeron retornos fiscales medibles: se estima que hacia 2024 y solo en Colombia los migrantes venezolanos contribuyeron con aproximadamente US$529 millones en impuestos sobre la renta, lo que representa el 1,91% de los impuestos sobre la renta personal, según un estudio de la Organización Internacional para las Migraciones.
Implementación de políticas basadas en evidencia
El enfoque de Colombia puso gran énfasis en el monitoreo y la evidencia. Más allá del mero registro, las agencias y los socios de gobierno desarrollaron sistemas para hacer un seguimiento del progreso de la regularización, el acceso a los servicios y la inclusión en el mercado laboral. Estas herramientas, basadas en datos administrativos e informes rutinarios, se han convertido en referencias regionales para gestionar los procesos de inclusión y focalizar el apoyo de manera efectiva.
Lecciones clave para los responsables de las políticas
La experiencia de Colombia ofrece diversas perspectivas para los países que experimentan migraciones a gran escala:
- La migración es un motor de desarrollo cuando existen políticas a largo plazo, coordinadas y respaldadas por instituciones competentes.
- La regularización debe gestionarse operativamente con sistemas, datos y capacidad de primera línea que garanticen que un estatus legal permite un acceso real.
- La inclusión económica proporciona los ingresos, las contribuciones fiscales y los vínculos con la seguridad social que permiten que la integración sea sostenible.
El apoyo del BID ilustra cómo los préstamos basados en políticas y la implementación sustentada en evidencia pueden producir un fortalecimiento institucional y contribuir a que los gobiernos conviertan la compleja dinámica de la migración en resultados de desarrollo inclusivo que benefician tanto a los migrantes como a las sociedades de acogida.