- Las comunidades más seguras requieren a la vez instituciones sólidas y ampliación de las oportunidades sociales.
- Guyana ha seguido este enfoque integrado a través del Programa de Fortalecimiento de Seguridad Ciudadana apoyado por el BID.
- El programa financió intervenciones focalizadas para promover una conducta prosocial y fortalecer la policía y las instituciones judiciales, lo que contribuyó a reducir considerablemente la violencia y mejoró los resultados judiciales.
A comienzos de la década de 2010, Guyana se enfrentó a desafíos persistentes de seguridad pública. Durante la década anterior, las tasas de homicidio habían aumentado notablemente, los niveles de los robos eran altos en comparación con los promedios globales y la confianza pública en las instituciones de resguardo de la ley y la seguridad era baja.
Las poblaciones vulnerables experimentaron los mayores impactos: más de una de cada seis mujeres declaró haber sufrido violencia doméstica, la tasa más alta del Caribe en aquel período.
Estas tendencias reflejaban la interacción de las vulnerabilidades socioeconómicas, las escasas oportunidades económicas y las limitaciones de la capacidad institucional, más que cualquier otra causa subyacente por sí sola, y afectaban particularmente a los jóvenes y a las mujeres.
Para abordarlas se requerían intervenciones focalizadas que promovían las conductas prosociales y mejoraban el rendimiento operativo de la policía y las instituciones judiciales.
Una estrategia de seguridad ciudadana focalizada
Para abordar estos desafíos, el gobierno de Guyana y el Banco Interamernicano de Desarrollo (BID) lanzaron el Programa de Fortalecimiento de Seguridad Ciudadana, con un presupuesto de US$15 millones. El programa concentró los recursos en las veinte comunidades más vulnerables identificadas a través de evaluaciones de riesgo objetivas y consultas con las partes interesadas locales.
Combinó el apoyo a la modernización de la policía y el sector judicial con iniciativas a nivel comunitario destinadas a reducir los factores de riesgo asociados con la violencia -un enfoque basado en el reconocimiento de que las comunidades más seguras dependen tanto de la capacidad institucional como de las oportunidades de desarrollo social.
Los programas de este tipo ayudaron a construir la evidencia y experiencia operativa que sirvió de base para la creación en 2025 de la División de Seguridad Ciudadana y Justicia del BID que dirige actualmente los proyectos del Banco para abordar los delitos y la violencia como obstáculos estructurales para el desarrollo en toda América Latina y el Caribe.
Fortalecimiento de la policía, servicios judiciales y confianza de la comunidad
Un componente central del programa consistió en mejorar la presencia física y operativa de los agentes policiales. El programa construyó o modernizó 18 estaciones de policía diseñadas para ser más accesibles y propiciar la interacción con la comunidad.
Más de 300 agentes de policía recibieron capacitación en ámbitos como la respuesta a la violencia doméstica, la participación comunitaria y los procedimientos de investigación. El programa también apoyó el Laboratorio de Ciencias Forenses de Guyana y le permitió obtener una certificación internacional, así como ampliar las capacidades de análisis forense.
El programa se complementó con reformas institucionales y medidas diseñadas para reducir los factores de riesgo social. Más de 1.200 jóvenes participaron en programas de capacitación profesional que mejoraron sus competencias prácticas y sus perspectivas de empleo.
El programa también financió veinte proyectos en la comunidad, que incluían terrenos de juego, canchas deportivas y mejoras de bibliotecas, lo cual se llevó a cabo con la participación local para fortalecer los espacios compartidos y reforzar la participación comunitaria en materia de seguridad.
Resultados: mejoras medibles de la seguridad
El programa produjo una reducción importante de la violencia y mejoró los resultados de la justicia en las comunidades beneficiadas. Entre 2013 y 2022, las tasas de homicidio disminuyeron un 46% y las tasas de robos disminuyeron un 26%. El porcentaje de casos de violencia doméstica denunciados y que fueron procesados aumentó un 67%, superando las metas del programa en todos los ámbitos clave de resultados.
La pandemia de la COVID-19 generó desafíos operativos, particularmente para la capacitación presencial y la participación comunitaria. El programa se adaptó lanzando un plan piloto que consistía en iniciativas de capacitación digital, incluyendo una colaboración con la Universidad de Guyana para impartir un curso de competencias digitales de quince semanas a los reclusos en los Servicios de Prisiones de Guyana.
Treinta participantes completaron el curso, que abarcaba desde clases de apoyo educativo hasta la creación y gestión de páginas web y capacidad emprendedora. Es importante señalar que la intervención demostró ser sostenible más allá de la terminación del préstamo, dado que el gobierno de Guyana institucionalizó el programa de capacitación, lo incorporó en el presupuesto nacional y permitió su implementación continua mediante una asociación con la Universidad de Guyana que sigue activa en 2026.
El programa también apoyó a la Autoridad Nacional de Gestión de Datos, permitiendo que los promotores locales diseñaran y mantuvieran un sistema de gestión de la información de las prisiones.
Lecciones para intervenciones futuras
En general, este programa muestra que las inversiones focalizadas y bien diseñadas en seguridad ciudadana pueden producir reducciones medibles de la violencia y fortalecer la capacidad institucional, además de proporcionar beneficios que se extienden más allá de las comunidades directamente servidas. Sin embargo, la participación y la movilización de liderazgo a nivel local fue un desafío persistente a lo largo de la implementación.
La experiencia puso de relieve la necesidad de una asociación más sólida entre las instituciones públicas, el sector privado y los habitantes de la comunidad para apoyar una acción colectiva a largo plazo con el fin de mejorar la seguridad en las comunidades más vulnerables.
Además, se tradujo en mejoras concretas y generó lecciones clave sobre cómo ofrecer respuestas integrales adaptadas, que han tenido como resultado iniciativas de la División de Seguridad Ciudadana del BID, como la Fuerza de Tarea de Respuesta Rápida para Seguridad en América Latina, que ofrece la posibilidad de intervenciones rápidas en situaciones de violencia generalizada.