- Con el respaldo del BID, Colombia ha fortalecido la capacidad de su sistema jurídico, ha mejorado la capacidad del país para gestionar reclamaciones y ha reducido los pagos relacionados con los fallos adversos.
- En el centro de esta estrategia, se encuentra eKOGUI, una plataforma digital unificada diseñada para estandarizar y centralizar la información sobre los procedimientos legales en que participa el Estado.
- La plataforma permite a los equipos legales tener acceso a información consistente y de alta calidad para identificar casos de alto riesgo, evaluar la exposición fiscal y asignar recursos más eficazmente.
Según la constitución de Colombia, el gobierno debe compensar a las personas por daños causados de manera ilícita. La gestión de estas demandas legales se ha convertido en un asunto fiscal de primer orden: en 2024, las responsabilidades potenciales representaban casi el 5% del PIB, es decir más de US$166.000 millones.
A comienzos de la década del 2000, no existía un marco institucional para la defensa legal del Estado: los sistemas de datos fragmentados en diferentes ministerios y gobiernos locales dificultaban la evaluación de la exposición, la priorización de casos o la coordinación de estrategias de defensa. Como resultado, los riesgos de litigio absorbían recursos públicos que de otra manera podrían destinarse a servicios esenciales. La respuesta de Colombia ha sido emprender una iniciativa a largo plazo para fortalecer su capacidad de defensa jurídica situando los datos y las tecnologías digitales en el centro de la reforma.
La creación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) en 2011 marcó un paso inicial para evitar los daños ilícitos y mejorar la capacidad del Estado para gestionar las demandas. Un decreto de 2025 amplió el alcance del sistema para incluir a las entidades nacionales y locales, lo cual aumentó la necesidad de información consistente y de una acción coordinada de todo el gobierno.
Construcción de una capacidad institucional duradera
Desde 2012, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha apoyado la estrategia de Colombia para modernizar y consolidar su sistema de defensa jurídica en tres operaciones de préstamos. La segunda operación desempeñó un papel central en el fortalecimiento de uno de los sistemas de defensa jurídica más estratégicos de la región, reforzando una asociación institucional de toda una década y facilitando la continuidad para generar evidencia rigurosa sobre qué es lo que funciona.
Esta operación mejoró las herramientas digitales de gestión de casos, introdujo prácticas proactivas de mitigación de riesgo y sentó las bases para que las instituciones utilizaran la inteligencia artificial (IA) de manera responsable para mejorar la calidad, la puntualidad y la consistencia de las respuestas ante litigios a nivel nacional. También reforzó las capacidades institucionales de la ANDJE, lo cual facilitó la transición de la agencia de una gestión reactiva de los casos a una defensa jurídica estratégica y basada en datos.
Un componente central de la modernización es eKOGUI, una plataforma digital unificada diseñada para estandarizar y centralizar información sobre los procedimientos judiciales que conciernen al Estado. Actualmente la plataforma permite a los equipos legales tener acceso a información consistente y de alta calidad para identificar casos de alto riesgo, evaluar la exposición fiscal y asignar recursos de manera más efectiva.
Una gestión inteligente de los casos reduce los costos fiscales
Hacia finales de 2025, eKOGUI se había convertido en la piedra angular de la defensa jurídica del Estado. El porcentaje de registros completos y validados aumentó desde algo más de un tercio a comienzos de la primera operación respaldada por el BID a más del 90%, lo que fortaleció la capacidad del gobierno para intervenir tempranamente en los litigios, priorizar los casos con mayor impacto fiscal y adoptar estrategias de defensa más fundamentadas.
Siguieron otras mejoras. Los datos sobre la conciliación prejudicial—un mecanismo importante para resolver disputas antes de que lleguen a juicio—se volvieron más habituales y accesibles. La ANDJE aumentó del 48% al 57% su participación en los casos de mayor valor. Se ampliaron las iniciativas de construcción de capacidad, y el porcentaje de abogadas certificadas en herramientas de defensa relacionadas con el género aumentó del 18% en 2020 al 39% hacia finales de 2025.
Es crucial saber que estas mejoras institucionales y tecnológicas generaron resultados fiscales medibles. Al final del programa, el gobierno había evitado aproximadamente US$61.000 millones en pagos asociados con fallos adversos. Las conclusiones de la evaluación de impacto relacionaron la plataforma eKOGUI mejorada con una reducción del 40% en el valor de los fallos adversos, una disminución del 35% en los montos demandados y una reducción de la duración de los casos de hasta tres años.
La operación recientemente aprobada también establece las bases para una ampliación experimental a los gobiernos subnacionales y crea una oportunidad única para medir la vulnerabilidad fiscal a escala y generar lecciones que podrían fundamentar las reformas de defensa jurídica en la región.
Continuación de un enfoque proactivo ante los desafíos emergentes
A pesar del considerable progreso, los desafíos persisten. La participación de ANDJE en casos a nivel local sigue siendo limitada y los riesgos emergentes, como los arbitrajes internacionales de inversión, requieren una mayor experiencia técnica. Las mejoras continuas de las capacidades digitales, la asignación basada en riesgo de los recursos legales y la prevención de daños ilegales siguen siendo centrales para reducir la exposición fiscal a largo plazo.
Una lección clave de la experiencia es la importancia del liderazgo y la gestión de datos. El enfoque de Colombia demuestra que cuando una institución tiene el mandato de coordinar y la infraestructura digital para respaldar ese mandato, la defensa legal se vuelve más estratégica, preventiva y costo-efectiva.
A través de su asociación con el BID, Colombia ha mejorado la velocidad, la consistencia y la calidad del sistema de defensa jurídica. Estos avances han ayudado al gobierno a evitar pérdidas fiscales considerables y han salvaguardado recursos que permiten la prestación de servicios públicos.
Para los países que se enfrentan a riesgos crecientes de litigios, Colombia ofrece un ejemplo práctico de cómo la transformación digital, las políticas basadas en evidencia y el fortalecimiento institucional a largo plazo pueden mejorar la gestión de las responsabilidades legales y proteger los recursos públicos.