- La nueva Política de Acceso a Información del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) fija un criterio claro y objetivo para decidir qué información se publica y cuál se protege, sopesando el beneficio de compartirla frente al riesgo de hacerlo.
- En su primer año de implementación, la política ya redujo a 25 días el plazo de respuesta y elevó la divulgación proactiva a 19.190 documentos, un 19% más que en 2024.
- El texto completo de la política está disponible para su consulta.
El acceso a la información es una de las herramientas más valiosas para las comunidades vinculadas a proyectos de desarrollo. Cuando las personas pueden conocer de manera oportuna y transparente las actividades, productos o servicios que se implementan en su entorno, están en mejores condiciones de participar activamente en el diseño y la ejecución de los proyectos, o simplemente de mantenerse bien informadas sobre sus posibles impactos y beneficios.
A su vez, diversos estudios muestran que muchos de los proyectos que enfrentan quejas o reclamos formales por parte de las comunidades comparten un factor común: la falta de acceso adecuado a información relevante y oportuna.
Por ello, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) adoptó una nueva Política de Acceso a Información que va más allá de responder solicitudes de información: promueve su divulgación activa y sistemática. Esta política, vigente desde el 1 de septiembre de 2025, se basa en el principio de máximo acceso a la información, según el cual la divulgación es la regla general y la confidencialidad es la excepción, que debe estar debidamente justificada. Además, establece plazos más oportunos para la publicación de información, reduce las circunstancias en las que esta puede reservarse y fortalece la transparencia con acceso a la información.
En su primer año de implementación, la política ha impulsado avances concretos en materia de transparencia. El BID ha incrementado la publicación de documentos y ha comenzado a divulgar los criterios utilizados para determinar si un documento concreto debe hacerse público. De esta forma, el BID ofrece mayor claridad sobre sus procesos de divulgación.
Esta entrada del blog describe los cambios introducidos en la nueva Política de Acceso a Información y los resultados que se han derivado de ella.
¿Qué cambió con la nueva Política de Acceso a Información?
La política introdujo cambios importantes para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. El más importante de ellos es la valoración de daño, un novedoso mecanismo que permite determinar con criterios objetivos cuándo una información debe protegerse o puede divulgarse ponderando el posible perjuicio real de su divulgación frente al beneficio que podría generar. El BID es el primer banco de desarrollo multilateral en contar con una valoración de daño estructurada en su política que permite definir cuando una información debe divulgarse y cuando existen razones para protegerla.
Además, la política reduce el plazo de respuesta a las solicitudes de información a 25 días calendario, elimina la llamada “dispensa negativa” (una facultad excepcional prevista en la política anterior que, si bien nunca se utilizó, permitía restringir la divulgación de información) y, finalmente, reconoce la posibilidad de divulgar información inicialmente considerada confidencial cuando existan motivos de interés público que lo justifiquen.
¿Cuáles son los resultados iniciales de la implementación?
El primer resultado observable es el aumento de la divulgación proactiva de documentos. De enero a diciembre de 2025, el BID divulgó 19.190 documentos de forma proactiva, el nivel más alto del período analizado, lo que significa un aumento del 19% frente a 2024 y del 67% respecto del 2019. El crecimiento estuvo impulsado principalmente por los documentos operativos, que pasaron de 12.494 en 2024 a 16.330 en 2025, equivalente a un incremento del 31%.
El aumento de la divulgación proactiva hizo que los usuarios acudieran al Centro de Información Pública para consultas más específicas. En 2025, el tema más solicitado fue investigación y datos, con 146 solicitudes, equivalente al 20% del total, seguido por infraestructura, información institucional, educación, medio ambiente y agricultura. Esto dio lugar a un descenso de solicitudes de acceso a información de 1.664 en 2024 a 714 en 2025: en un contexto de mayor disponibilidad de información pública, los usuarios acuden al Centro de Información Pública para consultas más específicas.
La valoración de daño se está consolidando como un mecanismo que aporta mayor transparencia a las decisiones de proteger o divulgar información. Hasta la fecha se han realizado más de 20 valoraciones de daño que han permitido divulgar información que, de otro modo, podría haberse mantenido reservada. Este análisis facilita soluciones más equilibradas que la divulgación o la reserva total, como la publicación de versiones públicas de documentos con información sensible debidamente protegida.
Implementación de la política
Desde el BID continuamos expandiendo el conocimiento y la aplicación de la política en toda la institución, como parte de una cultura de apertura integrada a la gestión cotidiana del Banco. Ese proceso comenzó en 2025 mediante capacitaciones dirigidas al personal del BID que alcanzaron a más de 870 personas en 2025 y más de 712 en lo que va del 2026.
El BID también está afianzando la valoración de daño como práctica institucional. El seguimiento y acompañamiento de la Sección de Acceso a Información del Banco es clave para asegurar criterios comunes, brindar orientación especializada y apoyar a los equipos en su aplicación.
Finalmente, el Banco continúa fortaleciendo los sistemas y mecanismos de medición que sostienen la implementación de la política. Esto incluye avanzar en la transición tecnológica, reforzar la coordinación entre áreas y mejorar los registros institucionales para evaluar con mayor precisión el impacto de la política.
Hacia una mayor transparencia institucional
En conjunto, el primer año de implementación muestra que la nueva Política de Acceso a Información empieza a reflejarse en mejoras observables en la gestión institucional. El compromiso del BID es que la información esté disponible lo antes posible para todos los interesados y que sea un instrumento que facilite la toma de decisiones informadas y fortalezca la participación de las comunidades.