- El proceso de reformas iniciado en la década de 1990 respondía a la urgencia de mejorar el funcionamiento de un Estado ineficiente, lastrado por la baja recaudación, la fragilidad financiera y la escasa capacidad institucional.
- Sin embargo, el punto de inflexión llegó con la crisis de 2003: el acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional permitió ordenar las finanzas públicas e implementar cambios clave en el banco central, la gestión financiera pública y el marco regulatorio.
- Hoy, este recorrido le ha valido la obtención del grado de inversión por parte de las principales agencias de calificación, pero le plantea un nuevo desafío: sostener esa credibilidad exigirá elevar la recaudación, consolidar las reformas y avanzar en productividad.
En julio de 2024, Moody’s elevó la calificación de la deuda soberana de Paraguay a grado de inversión, y en los meses siguientes Standard & Poor’s y Fitch Ratings hicieron lo propio al mejorar su evaluación del país. Estos anuncios no han tomado por sorpresa a quienes siguen de cerca la economía latinoamericana. Al contrario, vienen a confirmar una trayectoria que el país ha ido recorriendo con paciencia y consistencia a lo largo de más de tres décadas.
El año pasado, la economía paraguaya creció un 6,6%, el desempleo cerró en 3,6% y la pobreza se redujo hasta situarse cerca del 16% de la población, cuando hace diez años rondaba el 29%. Son números que hablan por sí solos, pero solo cobran sentido a la luz del proceso que los hizo posibles. Esta es precisamente la historia que documenta el nuevo libro Paraguay: El camino hacia la consolidación del grado de inversión y la credibilidad institucional, publicado por el BID.
El proceso de transición democrática iniciado en Paraguay en 1989 tuvo que hacer frente a un Estado con serias debilidades estructurales: baja recaudación tributaria, fragilidad del sistema financiero, un sector público sobredimensionado y una institucionalidad económica casi inexistente.
La década de 1990 y los primeros años de la década de 2000 estuvieron marcados por sucesivas crisis financieras (1995, 1997 y 2002), que golpearon duramente a los hogares más vulnerables y erosionaron la confianza ciudadana. Sin embargo, las primeras semillas del cambio se sembraron precisamente durante ese período.
La Constitución de 1992 consagró la independencia del Banco Central y creó la Contraloría General de la República. En 1995 se reglamentó la autonomía funcional del Banco Central y hacia finales de la década se aprobaron una ley sobre la administración financiera del Estado y una primera ley sobre la función pública. Eran pasos pequeños, pero apuntaban en la dirección correcta.
El punto de inflexión llegó en 2003, en medio de una crisis, con la firma de un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional, que impulsó reformas clave como la creación del Fondo de Garantía de Depósitos, la reforma de la Caja Fiscal, la modernización de las compras públicas y la reestructuración del Banco Nacional de Fomento, y dio inicio a un proceso sostenido de disciplina macroeconómica que desde entonces ha definido de forma permanente la trayectoria del país.
Entre 2010 y los comienzos de la década de 2020, Paraguay pasó de disponer de un marco macroeconómico razonablemente estable a contar con una arquitectura institucional de primer nivel. Tres hitos son particularmente importantes.
En 2011 se adoptó el régimen de metas de inflación; en 2013 se aprobó la Ley de Responsabilidad Fiscal, que fijó reglas de déficit y gasto; y en 2019 se impulsó una reforma tributaria que amplió la base impositiva y fortaleció la recaudación, lo que permitió corregir una presión tributaria históricamente baja, inferior al 10% del PIB, muy por debajo del promedio regional.
El resultado de estas medidas no tardó en dar sus frutos: los ingresos fiscales superaron el 11% del PIB por primera vez en la historia del país. Posteriormente, la pandemia de COVID-19 puso a prueba la solidez de ese andamiaje, pero Paraguay pudo afrontarla con relativa solidez gracias al espacio fiscal acumulado. Aun así, la agenda de recaudación sigue pendiente y el país debe continuar avanzando.
La agenda de transformación no se detuvo. La última etapa del proceso es quizás la más ambiciosa en términos de modernización del aparato estatal.
La creación del Ministerio de Economía y Finanzas en 2023, mediante la Ley N° 7158, constituye una de las reformas institucionales más relevantes desde el retorno a la democracia, al unificar en una sola entidad funciones antes dispersas entre el Ministerio de Hacienda, la Secretaría de Planificación y la Secretaría de la Función Pública.
La centralización de la política económica, fiscal y de gestión del capital humano permitió eliminar duplicidades, mejorar la coherencia en la toma de decisiones y avanzar hacia una administración más profesional y orientada a resultados. En ese proceso también se creó la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, que integró la administración tributaria y aduanera y fortaleció la eficiencia recaudatoria.
En 2024 se aprobó la Ley de Organización Administrativa del Estado, que redujo la fragmentación institucional y fortaleció la rendición de cuentas, y en 2025 la nueva Ley de la Función Pública y del Servicio Civil, que consagró el mérito y la evaluación del desempeño como principios rectores de la carrera administrativa, e impulsó un cambio cultural en un contexto históricamente marcado por el clientelismo.
También destaca la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, operativa desde enero de 2026, que estableció por primera vez una supervisión integral de los fondos previsionales, junto con la aprobación del Registro Unificado Nacional, que puso fin a la fragmentación catastral y registral y mejoró la seguridad jurídica de la propiedad y los costos de transacción.
Este proceso de reformas también alcanzó al sector financiero, que se modernizó mediante la actualización del sistema de pagos, la regulación de los medios electrónicos y el fortalecimiento de la supervisión bancaria, lo que impulsó la inclusión financiera y reforzó la resiliencia ante shocks externos.
En infraestructura persisten brechas, pero se han registrado avances institucionales: en 2025 se aprobó una nueva Ley de Asociaciones Público-Privadas, más moderna y orientada a atraer inversión con mayor certeza jurídica, mientras que las operaciones con participación privada han crecido y la actualización del régimen de maquila ha impulsado la diversificación productiva y el empleo formal.
Finalmente, en materia de transparencia e integridad institucional, Paraguay ha avanzado en la adopción de estándares internacionales de rendición de cuentas, lo que ha reforzado la percepción de sus instituciones; de hecho, Moody’s destacó la solidez institucional y la baja vulnerabilidad externa al justificar la mejora de la calificación.
En un contexto internacional más exigente y volátil, Paraguay deberá perseverar en sus esfuerzos para enfrentar desafíos internos y externos y seguir fortaleciendo sus instituciones, así como su capacidad de implementar políticas públicas, con vistas a preservar la credibilidad alcanzada, evitar retrocesos y mejorar su calificación soberana.
Lo que hace valiosa la experiencia paraguaya no son solo sus resultados, como el grado de inversión, el crecimiento y la reducción de la pobreza, sino también el camino recorrido. Estos logros no responden a ningún big bang de reformas ni a un ciclo excepcional de precios de las materias primas. Esta es la historia de un proceso sostenido de acumulación, basado en reformas graduales y consistentes que han construido de manera continua la credibilidad institucional.
Palabras clave:
Análisis Económico