- Una encuesta del BID a empresas agroalimentarias de América Latina y el Caribe revela que los costos logísticos, el acceso limitado al financiamiento y el bajo conocimiento de las políticas públicas son las principales barreras para el crecimiento.
- Los resultados respaldan las conclusiones principales de un informe insignia del BID, al mostrar que muchas de las restricciones que limitan el crecimiento de la productividad son percibidas directamente por las empresas, lo que puede influir en decisiones relacionadas con la inversión, la adopción de tecnología y la integración en los mercados.
- En conjunto, estos resultados refuerzan la necesidad de una agenda integrada del BID centrada en políticas públicas más sólidas, mayor productividad agrícola y una mayor integración internacional.
El desempeño del sector agroalimentario es central para el desarrollo económico, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental de América Latina y el Caribe (ALC). En un contexto en el que las empresas del sector operan en un entorno cada vez más exigente, marcado por altos costos logísticos, restricciones de financiamiento, estándares crecientes de acceso a mercados, y crecientes riesgos climáticos, comprender cómo estas dinámicas son percibidas por el propio sector productivo resulta clave para diseñar políticas públicas y herramientas de apoyo más efectivas.
Con este objetivo, en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realizamos una encuesta regional entre octubre y diciembre de 2025 que respondieron 319 empresas agroalimentarias. La encuesta se difundió a través de canales vinculados a iniciativas del BID: la recibieron empresas que usan la plataforma ConnectAmericas, empresas y cámaras empresariales usuarias de la plataforma Agrimonitor, y empresas que recibieron la encuesta a través de las redes sociales.
Perfil de las empresas agroalimentarias encuestadas
El público objetivo de la encuesta está compuesto por un grupo de empresas que ya interactúan con iniciativas o plataformas del BID, lo que refleja un segmento relativamente más formalizado que el conjunto del sector agroalimentario, con mayor familiaridad con los instrumentos de apoyo disponibles y una orientación más marcada hacia la exportación. Alrededor del 63% de los encuestados indicó participar en el comercio internacional, una proporción superior a la que cabría esperar en la población general de empresas agroalimentarias.
En consecuencia, esta encuesta no es estadísticamente representativa del universo de empresas agroalimentarias de la región, y los resultados que se presentan a continuación deben interpretarse como indicios sobre prioridades, brechas y desafíos para este perfil de empresas, más que como una radiografía representativa del sector en su conjunto.
El 66% de las empresas encuestadas se autoclasificó como pequeñas y medianas empresas (pymes) y corresponden a actividades que abarcan producción primaria, agroindustria y servicios conexos. Las respuestas llegaron de 23 países de la región, con Colombia, México, Perú, Argentina y Ecuador siendo los países más representados.
Los resultados de la encuesta destacan varios patrones relevantes que están frenando su potencial de crecimiento:
- Comercio internacional y fricciones persistentes. Entre las empresas que participan en el comercio internacional, los altos costos logísticos y de transporte aparecen como el principal obstáculo (65%), seguidos por los requisitos de certificación (52%), que afectan de manera particular a las pymes.
- Alta demanda de capacitación y desarrollo de capacidades. Las empresas manifiestan un fuerte interés en fortalecer capacidades vinculadas al acceso a mercados y comercio internacional (67%) y al acceso al financiamiento y gestión financiera (61%). También se destaca el interés de las empresas en capacitaciones relacionadas con agregado de valor (55%), innovación tecnológica y digitalización, y certificaciones (51%). En el plano ambiental sobresale el deseo de capacitarse en sostenibilidad (42%) y la gestión de riesgos (32%). Los seminarios web en vivo (72%) y los cursos autogestionados (59%) son las modalidades de capacitación preferidas.
- Limitado conocimiento de las políticas públicas. Solo el 47% de las empresas declara conocer instrumentos de política pública de apoyo al sector. Entre quienes conocen estos instrumentos, el uso se concentra en capacitación (49%), ferias o espacios de comercialización (40%) y asistencia técnica (32%). Esto sugiere no solo un conocimiento acotado del conjunto de herramientas disponibles, sino también un potencial aún poco aprovechado.
- Alta dependencia del autofinanciamiento. El 83% de las empresas financia sus inversiones principalmente con recursos propios. El sector financiero formal es utilizado por el 43% de las firmas, mientras que el financiamiento por parte de proveedores alcanza al 21%. En este marco, las empresas identifican el acceso al financiamiento como la principal prioridad para la política pública (76%), seguido del apoyo a la comercialización y del acceso a mercados internacionales (69%).
Estos resultados son en gran medida consistentes con los hallazgos del estudio insignia del BID Productividad agrícola en América Latina y el Caribe: qué sabemos y hacia dónde vamos, publicado a fines del año pasado, y aportan evidencia complementaria desde la perspectiva directa del sector productivo agroalimentario.
En particular, la identificación de los altos costos logísticos y las restricciones de financiamiento como principales obstáculos al desempeño empresarial es coherente con la evidencia del estudio, que muestra que la desaceleración reciente de la productividad agropecuaria está asociada a limitaciones en la adopción de la innovación más que a la falta de tecnologías disponibles.
Asimismo, la fuerte demanda de capacitación en acceso a mercados, gestión financiera, innovación y sostenibilidad refuerza el diagnóstico de brechas persistentes en capital humano, capacidades gerenciales y servicios de asesoría, factores que el estudio identifica como determinantes clave del bajo crecimiento de la eficiencia técnica en la región.
El limitado conocimiento de los instrumentos de política pública sugiere una brecha entre la oferta de políticas y su apropiación por parte de las empresas, lo que refuerza la necesidad de fortalecer la eficacia y la cobertura de las políticas agropecuarias, sobre todo los apoyos a servicios generales —como extensión, asistencia técnica e infraestructura — junto con medidas no distorsivas de apoyo directo orientadas a impulsar la productividad y la sostenibilidad.
En conjunto, la encuesta refuerza los resultados del estudio, al mostrar que muchas de las restricciones que limitan el crecimiento de la productividad son percibidas directamente por las empresas y parecen estar afectando decisiones concretas de inversión, adopción tecnológica e inserción en los mercados.
Estos resultados refuerzan el valor de una agenda integrada del BID en políticas públicas, productividad agropecuaria e inserción internacional. Además del apoyo técnico y financiero a gobiernos y sector privado, las plataformas de conocimiento, análisis e interacción permiten un diálogo más directo desde el Banco con los actores del sector.
En ese sentido, ConnectAmericas fortalece capacidades empresariales y acceso a mercados; Integra aporta una mirada estratégica sobre los mercados internacionales; y Agrimonitor refleja los incentivos de las políticas públicas para las empresas privadas, en un marco comparado de análisis de políticas agropecuarias, políticas comerciales y sostenibilidad.
Estas herramientas ofrecen una base concreta para seguir fortaleciendo el diálogo entre el sector privado agroalimentario y los actores de políticas públicas, y para orientar una agenda integrada que contribuya a avanzar hacia sistemas agroalimentarios más productivos, competitivos, integrados y sostenibles en la región.