- No todos los apoyos agrícolas son efectivos: las distorsiones de precios reducen la productividad, mientras que las políticas basadas en inversión ofrecen mejores resultados.
- Las transferencias directas y la inversión pública en I+D, extensión e infraestructura son motores clave del crecimiento de la productividad, de acuerdo con un estido del BID en 17 países de América Latina y el Caribe.
- Reorientar el gasto público hacia políticas eficientes y basadas en evidencia es fundamental para lograr un sector agropecuario más competitivo, resiliente y sostenible.
La productividad agrícola es uno de los determinantes centrales del desarrollo económico, la reducción de la pobreza rural y la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe (ALC). Sin embargo, pese a su relevancia estratégica, el crecimiento de la productividad agropecuaria en la región desaceleró a alrededor de 0,9% anual entre 2010 y 2020, lo que condujo a una ralentización en el crecimiento de la producción agrícola, en un contexto marcado por mayores exigencias ambientales, volatilidad de precios y crecientes riesgos climáticos.
Frente a este escenario surge una pregunta clave: ¿qué tipo de políticas públicas contribuyen efectivamente a mejorar la productividad agrícola? No se trata solo de cuánto se apoya al sector, sino de cómo se hace. En la publicación insignia del Banco Interamericano de Desarrollo, Productividad agrícola en América Latina y el Caribe: qué sabemos y hacia dónde vamos, aportamos evidencia rigurosa para responder a esta pregunta y ofrecemos lecciones relevantes para el diseño de políticas públicas en la región.
Históricamente, la gran mayoría de los países del mundo han ofrecido apoyos de política pública a la agricultura para sostener la producción, estabilizar ingresos rurales y asegurar el abastecimiento de alimentos frente a riesgos climáticos, económicos y geopolíticos. El informe examina la relación entre distintos instrumentos de apoyo agrícola en 17 países de ALC durante el período 1995–2021 y la productividad total de los factores (PTF). El análisis se apoya en la metodología de Estimados de Apoyo al Productor (PSE) desarrollada por la OCDE y aplicada a la región a través de la iniciativa Agrimonitor del BID desde 2014.
A partir de esta metodología, el apoyo agrícola se clasifica en tres grandes categorías:
- Apoyo a precios de mercado.
- Transferencias directas a los productores.
- Apoyo a servicios generales (que incluye inversiones en investigación y desarrollo (I+D), sanidad, infraestructura, extensión y sistemas de información).
Los principales hallazgos sugieren que no todos los tipos de apoyo son iguales. Los distintos instrumentos de política agrícola tienen efectos muy diferentes sobre los índices de productividad agrícola. Los resultados muestran que el apoyo a precios de mercado (como las distorsiones de precios, por ejemplo), uno de los instrumentos históricamente más utilizados, se asocia negativamente con la PTF agrícola. Este tipo de apoyo, al distorsionar las señales de precios, tiende a desalentar la eficiencia, la reasignación de recursos y la adopción de tecnologías más productivas.
En contraste, las transferencias directas a los productores muestran, en promedio, una relación positiva con la productividad. Cuando un país destina un 1% adicional de su PIB agrícola a estas transferencias, la productividad total de los factores podría aumentar aproximadamente entre 0,5 y 0,75 puntos, dependiendo de cómo se mida la productividad. Estos apoyos pueden aliviar restricciones de liquidez, reducir riesgos y facilitar decisiones de inversión en tecnología, capital humano o prácticas productivas más eficientes. No obstante, su diseño es determinante: cuando están mal focalizados o generan incentivos para mantener estructuras productivas ineficientes, su impacto sobre la productividad tiende a diluirse.
El apoyo a servicios generales, en particular la inversión pública en investigación y desarrollo (I+D) agrícola, también se asocia con una mayor productividad agropecuaria. Cuando el stock acumulado de conocimiento público crece un 1%, la productividad total de los factores podría aumentar aproximadamente entre 0.01% y 0.015%, dependiendo de cómo se mida la productividad. Aunque sus efectos no siempre son inmediatos, la acumulación sostenida de conocimiento, capacidades técnicas e innovación es fundamental para mejorar la productividad de manera durable y a escala sectorial.
En conjunto, estos resultados refuerzan una conclusión central: reorientar el apoyo agrícola desde instrumentos distorsivos hacia transferencias bien diseñadas y políticas basadas en inversión y bienes públicos puede generar mayores y más sostenibles ganancias de productividad.
Las conclusiones tienen implicancias directas para la región. En un contexto de restricciones fiscales, crecientes demandas sociales y presión por resultados, mejorar la composición del gasto público agrícola es tan importante como su nivel.
Invertir en I+D, extensión, infraestructura rural, sanidad agropecuaria y sistemas de información, y complementar estas inversiones con transferencias directas bien diseñadas, no solo favorece el crecimiento de la productividad, sino que también contribuye a la competitividad del sector, la resiliencia climática y la sostenibilidad ambiental. Además, este tipo de políticas tiende a generar beneficios más amplios, llegando a pequeños y medianos productores y reduciendo brechas territoriales.
El estudio también subraya la importancia de mejorar la coherencia, el monitoreo y la evaluación del apoyo agrícola, fortaleciendo la capacidad institucional para diseñar políticas basadas en evidencia y evaluar sus impactos a lo largo del tiempo.
En definitiva, uno de los mensajes centrales de la publicación consiste en que impulsar la productividad agrícola en ALC requiere repensar el rol del Estado en el sector, priorizando políticas que promuevan la inversión, la innovación y la eficiencia, y asegurando que los apoyos directos estén correctamente diseñados para complementar, y no sustituir, las inversiones en bienes públicos.
En un contexto de crecientes desafíos para los sistemas agroalimentarios, la evidencia muestra que una agenda de políticas bien diseñada puede transformar esos retos en oportunidades. Por lo tanto, repensar el apoyo agrícola es una condición necesaria para avanzar hacia sistemas agroalimentarios más productivos, resilientes e inclusivos en la región.
Para profundizar en estos hallazgos y cómo apoya tu país al sector agropecuario, te invitamos a consultar Agrimonitor, la plataforma del BID en la que llevamos más de una década generando información comparable entre países para que gobiernos, sector privado y sociedad civil puedan tomar mejores decisiones sobre el futuro agrícola de la región.
Lina Salazar, Gonzalo Rondinone y Diana Tadeo contribuyeron con esta entrada de blog.