El océano es el ejemplo perfecto de interconexión y sustento de millones de familias alrededor del mundo; nutre nuestras vidas, conecta continentes y ofrece un refugio para una rica biodiversidad. Y es que, en realidad, existe un solo océano, compuesto por varias cuencas, que cubre el 71% de la superficie de la Tierra y cuyas aguas y biodiversidad están plenamente interconectadas.
América Latina y el Caribe es una superpotencia en biodiversidad: si bien representa el 16% de la superficie de la Tierra, alberga el 40% de la biodiversidad mundial. Posee la mitad de los bosques tropicales, es la mayor reserva de agua dulce y en ella habita el 12% de los manglares del mundo. Al mismo tiempo, la región tiene una de las mayores tasas de deforestación a nivel global y viene perdiendo su capital natural de forma acelerada.
Las actividades agropecuarias, de pesca y acuacultura en Ecuador son sectores productivos de relevancia histórica para el desarrollo económico, la generación de empleo, la seguridad alimentaria y la inserción del país en el comercio internacional. Entre 2011 y 2021, el sector agropecuario representó el 8,1% del PIB, con un crecimiento anual promedio de 2,3%, mientras que la acuacultura y la pesca representaron un 1,1% del PIB, y tuvieron un crecimiento promedio anual de 9,2%.
América Latina y el Caribe tienen un papel crucial en la transición hacia economías positivas para la naturaleza. Pero ¿qué significa esto? Es promover un modelo económico que no solo minimice el impacto ambiental negativo, sino que también contribuya activamente a la regeneración y conservación de los ecosistemas. Este enfoque se basa en la idea de que las actividades económicas pueden y deben ser diseñadas para beneficiar tanto a la sociedad como al medio ambiente, creando un ciclo virtuoso de desarrollo sostenible.
Imagina un mundo donde la naturaleza se recupera por sí misma, los ríos fluyen libres, los bosques prosperan y los animales pasean por sus hábitats. En eso consiste el rewilding o reasilvestramiento, una estrategia de conservación que permite a la naturaleza regenerarse y funcionar de manera autónoma. Ahora imagina que todo eso pasa sin comprometer la provisión de alimento, madera, combustibles y productos de la biodiversidad. Puede sonar como un sueño lejano, pero afortunadamente no lo es. ¡Este proceso ya está en marcha!
La alta-montaña colombiana se ve afectada constantemente por el avance de la huella urbana y la expansión de la frontera agrícola, factores que contribuyen significativamente con la pérdida de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos prestados por los páramos. Por otro lado, los impactos del cambio climático constituyen un factor externo que amenaza la salud de los ecosistemas y la viabilidad de muchos de los medios de vida existentes en la alta montaña.
Para abordar el cambio climático y alcanzar las metas del Acuerdo de París, los países deben implementar profundas transformaciones socioeconómicas que nos encaminen hacia la carbono neutralidad. Pero ¿cuáles son los impactos que dicha transición traería a nuestra región? ¿Cómo podemos integrar una transición justa en la agenda de cambio climático? ¿Y qué acciones pueden llevar a cabo los gobiernos de la región para asegurar que el cambio hacia la carbono neutralidad sea justo e inclusivo?
Ninguna región del mundo es inmune a los impactos negativos del cambio climático, ya sean directos o indirectos. Los países de América Latina y el Caribe están entre los más afectados. El Instituto para la Economía y la Paz (IEP) predice que 1,2 mil millones de personas podrían ser desplazadas a nivel mundial antes del año 2050 debido al cambio climático y los desastres naturales.
América Latina y el Caribe (LAC) conforman una región rica y compleja, albergando alrededor del 60% de la vida terrestre, una variada flora y fauna marina y de agua dulce (UNEP-WCMC, 2016). Abarca regiones mega diversas como la Amazonía e incluye también los mayores humedales del mundo, como el Pantanal en Brasil o los esteros del Iberá en Argentina. Entre los biomas de LAC se cuentan desiertos, bosques tropicales, praderas, ecosistemas costeros y de altitud.
Los proyectos financiados por el BID deben cumplir con los requisitos del Marco de Política Ambiental y Social (MPAS), que exige a las agencias implementadoras de proyectos respetar los derechos humanos y abordar los riesgos e impactos relacionados con los derechos humanos. El compromiso del BID con los derechos humanos incluye los derechos reconocidos en instrumentos legales internacionales y regionales.