Sostenibilidad

La crisis climática en el Caribe es real. Entre 1970 y 2020, el 91,5% de las catástrofes que ocurrieron en el Caribe estuvieron relacionadas con los impactos del cambio climático: huracanes, inundaciones y sequías, entre otros, lo que provocó más de 250.000 pérdidas humanas y más de 22 millones de personas afectadas. Desde la perspectiva económica, las pérdidas combinadas y los daños causados por los huracanes representan más de 137.000 millones de dólares. Al año, el Caribe sufre pérdidas equivalentes en promedio, al 2% y 3% de su PIB, cifra que supera el porcentaje de crecimiento.

El fondo climático está transformando la realidad en varios países del mundo

Decía Pablo Freire, el filósofo de la práctica de la educación de adultos, que “aprender es para nosotros construir, reconstruir, constatar, para cambiar y es que nada se hace sin apertura en el riesgo y la aventura del espíritu”. Esta frase evoca los aprendizajes que generan los desastres, el ciclo de construcción del desarrollo y la reconstrucción post desastre, donde es fundamental tomar decisiones que busquen el cambio y gestionen el riesgo para reconstruir un futuro distinto y más resiliente.

En días recientes, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución histórica, declarando derecho humano universal el acceso a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, algo que no estaba incluido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.

El sector agropecuario en América Latina y el Caribe (ALC) ha crecido a un ritmo sin precedentes en los últimos 30 años. La región representa una proporción mayor de la producción agrícola global que la de la Unión Europea, o Estados Unidos y Canadá. De hecho, hoy en día es el mayor exportador neto de alimentos del mundo. Aun así, se espera que, con el crecimiento de la población global, la demanda de alimentos aumente considerablemente en los próximos 10 años.

El concepto de derechos humanos es algo reconocido en todo el mundo y consagrado en las leyes de casi todos los países. Además, en América Latina y el Caribe, muchas naciones han ratificado sólidos estándares regionales de derechos humanos. Los derechos humanos también son fundamentales para la misión del BID de mejorar vidas y llevar desarrollo sostenible a la región, razón por la cual son parte medular del nuevo Marco de Política Ambiental y Social (MPAS) del Banco. Pero, ¿cómo podemos comprender y abordar los riesgos para los derechos humanos en los proyectos de desarrollo?

El Fondo Colombia Sostenible (FCS), conocido también como Facilidad Colombia Sostenible, se creó en 2017 como un instrumento de financiamiento internacional para profundizar la agenda del posconflicto. Cuenta con recursos aportados por los Gobiernos de Suecia, Suiza y Noruega y es administrado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sus objetivos son apoyar las metas de desarrollo sostenible (ODS), las Contribuciones Nacionalmente Determinadas de Colombia (INDC) y cumplir los hitos de la Declaración Conjunta de Intención (DCI) para la lucha contra la deforestación.

Han pasado dos años desde que el COVID-19 apareció, y desde entonces se han dedicado grandes esfuerzos para evitar que vuelva a suceder un evento similar. Y, aunque seguimos aprendiendo las lecciones que esta pandemia nos trajo, los expertos aseguran que esta no será la última vez que una enfermedad infecciosa o relativamente extraña surja de nuevo, de hecho, el reciente brote de viruela del mono nos lo demuestra. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar que una pandemia como el COVID-19 vuelva a suceder?

La crisis climática está pasando frente a nuestros ojos. Los efectos comenzaron a materializarse en las últimas décadas y ahora afectan a algunas de las comunidades más vulnerables de América Latina y el Caribe. En 2020, las temperaturas promedias superaron el récord histórico en 4,2 °C en Florianópolis, Brasil; 2,4 °C en Ciudad Juárez, México; o 4,9 °C en Santa Rosa, Ecuador.

República Dominicana está apostando por la acción climática y lo demuestra este año siendo el país anfitrión de la Semana Regional del Clima, que organiza la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) del 18 al 22 de julio. Este evento reúne a los ministros de Medioambiente de toda la región junto con actores del sector privado y de la sociedad civil, de cara a la Conferencia de las Partes (COP 27), que tendrá lugar en Sharm el-Sheikh, Egipto, en noviembre de 2022.