Investing in infrastructure is crucial to promote inclusive development in Latin America and the Caribbean. Such investments require enormous amounts of resources and that is why partnerships between public and private sectors are considered such an important tool for implementing public policies like infrastructure, especially in fiscal constraint scenarios. But in order to build successful and solid public-private experiences, it is necessary to have good, strong building blocks. The current moment in Brazil could not be more appropriate to give a good think to this partnership.
Gestión fiscal
El impuesto a la renta -en rigor, el sistema de impuestos que gravan la renta- es la columna vertebral del sistema tributario porque liga el ahorro con la inversión, y tiene repercusiones sobre los incentivos en los mercados laborales y los emprendimientos. Desafortunadamente, América Latina y el Caribe aún no está aprovechando todo el potencial de esta herramienta para promover el desarrollo. Para el 2013, aproximadamente el 90% de la población de la región no pagaba este tributo.
La desigualdad es uno de los mayores desafíos para América Latina y el Caribe (ALC). Los gobiernos desempeñan un papel importante en promover una mayor equidad, no sólo a través de impuestos y transferencias, pero también mediante el diseño e implementación de políticas públicas que promuevan una mayor distribución del ingreso y otras implicaciones que afectan el bienestar de las personas. Una tarea de tal envergadura puede resultar abrumadora.
La evasión de impuestos, una práctica que echa mano de recursos para ocultar bienes o ingresos con el fin de pagar menos impuestos, es uno de los principales problemas de las economías de América Latina. Un estudio de la Comisión Económica para la América Latina y Caribe (CEPAL), divulgado en septiembre de 2016, muestra que la evasión fiscal representa alrededor de US$ 340 mil millones en 2015, lo que equivale a casi el 7% del producto interno bruto (PIB) regional. Pero esa práctica ha encontrado un nuevo némesis: la factura electrónica.
Facturas en papel, en duplicado y triplicado. Largas esperas en fila en la oficina de Hacienda para hacer trámites. Todos recordamos esos tiempos. Quienes han trabajado en Administración financiera y tributaria (AFyT) también recuerdan un tiempo en el que era casi imposible acceder a datos detallados de la ejecución presupuestaria y financiera de los gobiernos ya que los mismos gobiernos tenían dificultades para hacer estimaciones confiables de sus ingresos y egresos.
Soluciones para proteger las cuentas públicas
La importante caída de los precios de los hidrocarburos experimentada desde la segunda mitad de 2014 ha limitado las opciones de política fiscal para varios gobiernos de América Latina y el Caribe y favorecido la aplicación de políticas pro-cíclicas en un periodo de recesión generalizada. Por ejemplo, entre el año 2000 y el 2015, los ingresos petroleros representaron, en promedio, un 31% del total de los ingresos del sector público no financiero en Ecuador.Uno de los mayores retos estructurales del mundo moderno es la ruptura del equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Los modelos económicos que estimulan la explotación desenfrenada de los recursos naturales sin ninguna preocupación por sus consecuencias han causado serios fenómenos de transformación del medio ambiente, especialmente en relación con el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad. La alteración de este marco autodestructivo es crítico para la supervivencia de los seres humanos sobre la tierra y ha sido objeto de numerosos debates globales.
Los primeros meses del año son para muchos un tiempo de reflexión y de capitalizar las experiencias del pasado, especialmente después de un diciembre en el que muchos gastan quizá más de lo que deberían. Cuando hablamos de finanzas públicas, ese difícil equilibrio entre ingresos y egresos adquiere tonos mucho más serios.
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En el nuevo año hablamos siempre de resoluciones para mejorar. Para la mayoría de países de América Latina y el Caribe (ALC) esto incluye incrementar la productividad y mejorar la equidad social. Para ello se requiere fundamentalmente de un manejo eficiente del gasto gubernamental y una mejor calidad de las políticas públicas y de la gobernanza en general.