Gestión fiscal

In response to the international crisis of 2008 and the ending of the commodities super cycle (circa 2013), the countries of Latin America reacted with countercyclical policies to tackle the impacts of the global economic downturn. In fact, Latin America’s average fiscal balances deteriorated, from -0.3 percent of GDP in 2006 to -3.6 percent in 2017. Hence fiscal rules (FRs) and their complementary instruments—Medium-Term Fiscal Frameworks (MTFFs) and Independent Fiscal Councils (IFCs)—began to gain importance in the region (Barreix and Corrales, forthcoming).

Suele argumentarse que evaluar los resultados de las reformas fiscales es una tarea difícil, sino imposible. Mientras que en algunas ramas de política pública el “tratamiento” de interés se encuentra asignado de manera aleatoria permitiendo la identificación de impactos causales, en el caso de la política fiscal esta última tarea es desafiante, ya que las reformas tributarias, ajustes a la política de subsidios, o la introducción de reglas fiscales difícilmente pueden implementarse lanzando una moneda al aire.

Chile remains one of the more centralized unitary countries within the OECD and also among emerging markets. Regional governments have traditionally been deconcentrated arms of the central government, with virtually non-existent own revenues. Municipalities have also a more limited range of responsibilities than is typical internationally.

The scene repeats itself over and over again. The end of the month arrives and you ask yourself: “How did I spend my salary so quickly? How do I make it last? What am I investing in?” If you could have all this information in one place, would you be interested in accessing it? The same thing happens to governments. They try to achieve efficient spending while at the same time promoting efficacy, transparency, competition and value for money.

Every day we’re bombarded with buzzwords like digital economy, blockchain, artificial intelligence, machine learning, robotic automation, innovation, and at times we wonder what all of that has to do with us and our job as public procurement officers. But the reality is we’ve been experiencing the digital transformation for a long time. Our phone is our agenda, music player, TV, notebook, wallet, all our information is somewhere on the cloud, we shop online, and a lot of products we buy are being made by robots.

América Latina y el Caribe se ha caracterizado por tener bajos niveles de recaudación tributaria. Mientras que en países de la OECD el promedio de recaudo como proporción del PIB equivale al 34.3%, en América Latina y el Caribe esta cifra se centra alrededor del 22.7% (OECD et al. 2018).La evasión tributaria explica en cierta medida los bajos niveles de recaudo en la región.

¿Sabías que, de acuerdo con un estudio del 2016 del Ministerio de Economía de Chile, el Producto Interno Bruto (PIB) de ese país podría aumentar un 0,65% en promedio si se incorporaran 100 mil mujeres al mercado laboral?

El rápido crecimiento urbano, la escasez de recursos técnicos y financieros, y la falta de voluntad o de incentivos políticos -entre otros factores- han hecho que los gobiernos municipales tengan dificultades importantes en mantener actualizados sus sistemas de catastro como parte de sus esfuerzos de planificación urbana. Esto, ha reducido el potencial de los tributos municipales y, consecuentemente, ha impactado sobre las inversiones en infraestructura y servicios que demanda la población.

Incrementar la eficiencia del gasto público es una prioridad de todos los gobiernos. Para esto se requiere que los presupuestos asignen recursos para aquellos fines de mayor valor de la sociedad y que se obtenga la mayor cantidad de bienes y servicios públicos para un determinado nivel de gasto. Lograr esta eficiencia requiere, por lo tanto, una evaluación continua de los programas presupuestarios y una contención de los costos de proveerlos. Sin embargo, en la práctica, el proceso de presupuestación es distinto.

Imagínese que usted es asesor técnico del Ministerio de Finanzas o Hacienda de un país donde el Poder Ejecutivo está por enviar al Congreso una propuesta de reforma fiscal orientada a disminuir el déficit primario en 3 puntos porcentuales del producto. En particular, se prevé recortar el gasto público en 2% y aumentar los ingresos tributarios en 1% del PIB, respectivamente. Como miembro del equipo asesor a las máximas autoridades del Ministerio, usted está encargada de responder dos preguntas que serán discutidas durante el debate parlamentario de la reforma: