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Gestión fiscal

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Las reglas fiscales funcionan como una estrategia para incentivar el compromiso con la sostenibilidad de las finanzas públicas, al imponer límites al gobierno y restringir la discrecionalidad fiscal. También constituyen una estrategia de señalización para revelar las preferencias y los planes del gobierno a los mercados públicos y financieros.

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Es cada vez mayor el uso de servicios en la nube por las organizaciones, principalmente las del sector privado, entre las cuales ya más del 80% usan este tipo de servicio, pero todavía no es tan común en el sector público, principalmente entre los países de América Latina y el Caribe (ALC).

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En las últimas décadas el mundo ha experimentado cambios tecnológicos muy importantes. Uno de los más consecuentes es el surgimiento y expansión del internet, con las tecnologías y modelos de negocio que éste facilita. Para citar algunas cifras, el número de conexiones móviles o de banda ancha en el mundo creció de cerca de 500 millones en 1997 a más de 2,000 millones en el 2011; el 95% de las empresas tienen conexión a internet de alta velocidad; y cerca del 80% tienen página de internet.

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¿Te animas a pensar en la regla fiscal “óptima” para tu país? Esta es tu oportunidad para analizar y proponer posibles mejoras a las reglas fiscales de América Latina y el Caribe (ALC). El BID lanza una convocatoria para analizar la relación entre el diseño de las reglas fiscales y el comportamiento de la inversión pública en los países de ALC.

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La contratación pública cumple un rol fundamental en la dinamización de la economía de cualquier país. Es mediante el ejercicio de comprar y contratar que los gobiernos brindan a sus ciudadanos servicios básicos como educación, salud e infraestructura. Se trata de una actividad que cubre desde el abastecimiento de computadores en las escuelas, vacunas en centros de salud, y hasta grandes obras como aeropuertos y carreteras.

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Los aumentos de la inversión pública y privada en infraestructura y una mayor eficiencia en el suministro de estos servicios, pueden contribuir a dinamizar las fuentes internas del crecimiento en América Latina y el Caribe. Pero en situación de fragilidad de las finanzas públicas, cuando los gobiernos implementan sus planes de consolidación fiscal, el gasto de capital es casi siempre recortado, a pesar de las buenas intenciones de los responsables de política que entienden los efectos positivos de la inversión pública sobre el crecimiento económico y la equidad.

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La actividad económica, las personas, los empleos y los niveles de vida a menudo no se distribuyen de manera uniforme a lo largo de un país, o incluso en el área de una ciudad.  Para poder alcanzar un desarrollo genuino y con equidad, llegando a cada rincón del país, incluyendo a cada ciudadano dentro de sus fronteras, son necesarias gestiones locales institucionalmente fortalecidas, financieramente sostenibles y técnicamente sólidas. En la Argentina los municipios tienen cada vez más funciones a su cargo, y estas son cada vez más complejas.

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Los países de América Latina y el Caribe recaudan en promedio el 22,8% de su producto interno bruto en impuestos. El nivel de carga tributaria en la región es 11,4 puntos porcentuales más bajo que el de los países miembros de la OCDE (34,2% del PIB en 2017). Además, la evasión fiscal hace que deje de recaudarse hasta un 50% de lo que debería obtenerse por impuestos directos. Este contexto genera grandes limitaciones presupuestarias de los gobiernos a la hora de promover el desarrollo y reducir la desigualdad.

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