Politólogo, periodista y especialista en seguridad ciudadana, Andrés Restrepo fue Subsecretario para Asuntos de Convivencia y Seguridad Ciudadana de Bogotá por más de seis años. En esta entrevista sintetiza la experiencia de Colombia en sus esfuerzos por mejorar las condiciones de seguridad ciudadana.
¿Cuál era el cuadro en Colombia antes de cambiar de estrategia para reducir el crimen y la violencia?
A principios de la década de los años noventa, Medellín llegó a alcanzar una tasa de homicidios de 381 por 100.000 habitantes. Bogotá una tasa de 86 homicidios por 100.000 habitantes. La discusión en ese momento era la misma que se da hoy en América Central: cómo parar la violencia para propiciar el desarrollo.
En Colombia coincidieron dos situaciones afortunadas para iniciar una gestión ordenada en el tema de seguridad ciudadana. De una parte el cambio de paradigma: al terminar la “guerra fría” se inició un cambio dramático en la concepción de la seguridad en todo el continente, que obligó a mirar hacia adentro y, especialmente, hacia la seguridad de las ciudades y de los ciudadanos. Ese cambio de enfoque estuvo acompañado de una feliz coincidencia, y es que la Constitución de 1991 creó un marco de gestión de la seguridad, no sólo en perspectiva de derechos, sino que asignó a las autoridades locales responsabilidades concretas de manejo del orden público y de la seguridad, salvo para casos de evidente afectación nacional.
Así los gobiernos locales comenzaron a discutir cual sería la arquitectura institucional más indicada para responder a ese reto. Las respuestas se dieron dependiendo del desarrollo institucional de cada sitio. En el caso de Bogotá se creó una subsecretaría de seguridad dependiente de la Secretaría de Gobierno. Otras ciudades colombianas optaron por asesorías especiales anexas al despacho del alcalde o dependientes del secretario de gobierno. Esto se ha ido unificando. La mayoría de las ciudades grandes tienen subsecretaria, dependiendo en cada caso de sus características particulares, su estructura institucional y de los problemas de seguridad que les toca atender.
¿Cuál fue el nuevo enfoque? ¿Cómo se diferencia del pasado?
El BID promueve un enfoque integrado que demanda una adecuada arquitectura institucional para la seguridad, una intensa capacitación de sus operadores (la fuerza pública, las autoridades civiles y los ciudadanos), una enorme capacidad de coordinación y consulta, mucha voluntad y decisión política, y una decidida participación ciudadana y del sector privado. Eso hace posible que surjan “pactos colectivos por la seguridad”, donde todos trabajen por un objetivo común: más y mejor seguridad.
¿Cómo se involucra el BID en este tema?
De manera paralela a lo que sucedía, se dieron dos discusiones a las que llega el BID y hace su aporte. La primera es la definición de una política de seguridad ciudadana, que paradójicamente primero se logró en las ciudades que en el propio ámbito nacional. Luego el BID contribuyó a las discusiones sobre la necesidad de definir planes y programas de largo plazo, sostenibles, con posibilidad de ser medidos, trabajando por resultados. Es ahí cuando aparecen los observatorios de violencias y delitos, tanto en Cali como en Bogotá y Medellín. A la postre el de Bogotá se convirtió en el más grande de toda América Latina y en un centro de entrenamiento en el tema para toda la región.
La experiencia de Cali, con el ex alcalde Guerrero, también fue muy importante por el aporte enorme que hizo desde la perspectiva epidemiológica al análisis de la criminalidad y otras violencias. De hecho, el proyecto de estandarización de indicadores regionales lo realiza hoy el BID con CISALVA, de la Universidad del Valle, del que hacen parte el propio ex alcalde y algunos miembros de su equipo.
El BID llega ofreciendo una experiencia técnica, a partir de la cual abre diálogos con los alcaldes de las principales ciudades, explicándoles sobre la necesidad de definir una política clara en seguridad ciudadana, de la importancia de una gestión planificada de seguridad, los planes locales de seguridad. Lo que sigue es la discusión sobre cómo se financia la seguridad ciudadana y de la importancia de adecuar los mecanismos normativos para que esos planes se puedan aplicar debidamente en un contexto geográfico especial.
En el caso de Bogotá el tema avanzó hasta la construcción con la ciudadanía del Código de Convivencia, que es el instrumento que recoge las claves del buen comportamiento ciudadano y el conjunto de sanciones a aplicar, experiencia que luego se replicó en Medellín. En todos estos procesos estuvo presente el BID, construyendo con las autoridades locales un proceso que después se ha ido replicando y perfeccionando.
La gestión local de la seguridad ciudadana acarrea costos adicionales para las ciudades. ¿Cómo se abordó ese tema?
En Colombia se ha dado una larga discusión sobre cómo financiar mejor los gastos de la seguridad. Se configuraron unos fondos de seguridad que se nutren de aportes por cada obra pública que se construye. Ese instrumento ha sido muy importante. El BID ha contribuido al análisis del tema de cómo financiar mejor la seguridad. De hecho en las reuniones del Grupo de Países Amigos de la Estrategia de Seguridad para Centroamérica se ha tocado este asunto, que se considera de la mayor importancia. Tenemos como tarea sistematizar la experiencia regional en el tema, porque los mecanismos son muy diversos.
¿Cuáles han sido los programas más efectivos?
El BID llegó a Medellín, Cali y Bogotá justo en la época en que estas ciudades estaban más afectadas por la violencia. Gracias al trabajo serio que se hizo con autoridades locales y otros actores muy importantes, como la policía, la sociedad civil y el sector privado, se logró revertir esas tendencias. Bogotá tiene hoy su plan plurianual de seguridad, tiene identificadas las zonas más críticas. Medellín, por su parte, ha hecho un importante avance al comprender la importancia de la acción integral en la atención a las problemáticas de seguridad ciudadana. Lo que hoy se llama “Laboratorio Medellín en convivencia y seguridad ciudadana” también es motivo de permanente consulta por países de toda la región.
Tal vez lo más destacable ha sido el tema de los observatorios. Este es uno de los mayores aportes que puede hacer Colombia a los demás países de la región. Todas las ciudades que tienen observatorios han podido hacer una gestión más ordenada en seguridad ciudadana, gracias a que ahora cuentan con mecanismos de seguimiento al comportamiento del delito. También tienen la manera de hacer seguimiento al cumplimiento de metas concretas de reducción de tasas de delitos, que empezaron a aparecer en los planes locales de desarrollo. Esto está siendo usado como lección en países centroamericanos.
Otras experiencias, como las de Brasil y Chile, sirven de referencia para la región en otros aspectos de la gestión de la seguridad ciudadana. La experiencia de la policía chilena, por ejemplo; o la metodología de intervención de territorios críticos y altamente afectados por violencias, como la que se ha desarrollado en varias ciudades de Brasil. El BID funge como una cadena de transmisión constante de buenas prácticas y experiencias.
¿Cómo se explican los repuntes en los niveles de violencia y delito?
Los fenómenos de violencia o delincuenciales son cíclicos. Tienen alta movilidad, utilizan cualquier resquicio o desatención institucional. Por eso es tan importante la gestión sistemática y sostenible en seguridad. En el caso de Colombia, por ejemplo, después de la desmovilización de las autodefensas o de los denominados "paramilitares", se presentó un serio cambio cualitativo en el comportamiento del delito que hoy está exigiendo de renovados esfuerzos.
¿Cuál es la agenda hacia adelante?
Hay que seguir trabajando en el fortalecimiento institucional: ante el crimen organizado hay que estar organizados. Formar más y mejores actores civiles para el gobierno de la seguridad; acompañar los procesos de mejoramiento de calidad de las policías; acompañar los procesos de innovación tecnológica para la seguridad; enfatizar el trabajo de prevención con jóvenes y una política activa de desarme ciudadano. También es fundamental el trabajo en el fortalecimiento de la justicia y de los sistemas penitenciarios, no perdiendo nunca de vista el respeto a los derechos humanos y las libertades democráticas.