Fue el desastre natural más destructivo de la historia de Colombia. El 25 de enero de 1999 dos terremotos - que alcanzaron una magnitud de 6,2 y 5,8 grados en la escala de Richter - destruyeron más de 100.000 edificios en 28 municipios del centro de la región cafetalera de Colombia, zona de importancia estratégica desde el punto de vista económico. Los terremotos causaron la muerte de 1.185 personas y dejaron a más de 550.000 sin techo en una región montañosa de 1.360 kilómetros cuadrados situada entre el océano Pacífico y Bogotá.
La conmoción causada por el desastre, cuyo costo económico se calcula que asciende al 2,2% del producto interno bruto de Colombia, fue peor al producirse en un período de recesión económica. Gracias a los esfuerzos extraordinarios del gobierno y el pueblo de Colombia, y debido en parte a la reorientación de varios préstamos anteriores del BID a un nuevo paquete encauzado al Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero (Forec), la reconstrucción fue más positiva de lo que podría haber sido.
Se han reparado o reconstruido las viviendas de alrededor de 130.000 familias y se han construido 16.700 viviendas nuevas para personas que antes alquilaban en zonas de alto riesgo de daños sísmicos. Estas familias fueron trasladadas y recibieron un título permanente de propiedad de sus nuevos hogares, con lo cual se creó una nueva clase de propietarios de vivienda de bajos ingresos. Se repararon o reconstruyeron 649 escuelas y 52 centros de salud en los 28 municipios afectados.
Aunque la meta oficial de la tarea de reconstrucción era reparar la infraestructura que había sido dañada o destruida, en algunos casos la región quedó en mejor situación que antes del terremoto. Armenia, ciudad de 300.000 habitantes que fue destruida en un 60% durante el terremoto, ahora tiene un nuevo perfil reluciente, aeropuerto nuevo, comisaría nueva, centro administrativo nuevo y hoteles nuevos. Se construyeron varias escuelas en una zona denominada Ciudadela Educativa del Sur, como parte de una reorganización administrativa que había sido prevista anteriormente pero que repentinamente se convirtió en realidad durante la reconstrucción. Tal vez lo más notable sea que todo esto se logró en sólo tres años y medio.
¿Cómo lo logró el gobierno? Lo irónico es que el gobierno no lo hizo directamente. Convencidas de que los canales burocráticos tradicionales serían demasiado lentos e ineficientes, las autoridades colombianas formularon un plan para movilizar a las organizaciones no gubernamentales y las pusieron a cargo de la tarea de socorro y reconstrucción.
El gobierno seleccionó 28 universidades, cooperativas, grupos cívicos y asociaciones profesionales para administrar las 32 zonas operacionales establecidas para el programa de reconstrucción. Estas ONG se encargaron de seleccionar los proyectos de recuperación y las familias que necesitaban vivienda nueva. También se ocuparon de aplicar métodos administrativos adecuados, mecanismos para promover la participación de los damnificados en la reconstrucción y salvaguardias ambientales. Por último, hicieron un llamado a licitación para empresas constructoras, a las cuales posteriormente se les adjudicaron contratos para las obras de reconstrucción.
El papel del gobierno se limitó a la supervisión general del proceso y la asignación de recursos del Forec. Sólo 120 funcionarios públicos fueron asignados permanentemente al programa de reconstrucción. De conformidad con la meta de limitar las intervenciones burocráticas, el gobierno disolvió oficialmente el Forec en julio de 2002 después de declarar que ya había cumplido su misión.