El tema de la pobreza y la marginación de los grupos étnicos y raciales está hoy en el debate público de América Latina y el Caribe con un ímpetu hasta ahora desconocido. Se está despertando entre los gobernantes una nueva sensibilidad hacia un viejo problema enquistado en la sociedad por desinterés y falta de acción. Las palabras del presidente mexicano, Vicente Fox, en su discurso inaugural, comprometiéndose “a eliminar toda forma de exclusión y discriminación de nuestros grupos minoritarios” sobresaltaron a su audiencia en el Congreso. En términos parecidos se ha expresado el presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, refiriéndose a la situación de los afrobrasileños e indígenas de su país.
Quizás se esté llegando a pensar, con razón, que mantener una parte importante de la población marginada de las agendas nacionales y del futuro no es rentable para el país y, a la postre, perjudica a todos. Enrique V. Iglesias, presidente del BID, declaraba recientemente: “Para nosotros, el crecimiento económico es también inversión en recursos humanos. El recurso más importante del que dispone una economía es su gente; las oportunidades perdidas por causa de la exclusión social son altas”.
Y si además se llegaran a eliminar las brechas que separan a estos grupos del resto de la población, como por ejemplo en el campo de la educación o de la salud, los beneficios serían todavía más palpables. Con igualdad de oportunidades en el acceso a los mercados laborales, Brasil, por ejemplo, aumentaría su Producto Nacional Bruto en un 25 por ciento, según datos recientes del BID. En este mismo estudio se confirma que el 25 por ciento de la pobreza de Bolivia, Brasil, Guatemala y Perú se debe a razones de raza y origen étnico. Y según el Departamento de Planeación Nacional de Colombia, en la Costa Pacífica, cuya población es 90 por ciento afrocolombiana, un 85 por ciento de los habitantes vive en condiciones de pobreza, comparado con el promedio nacional de 32 por ciento.
El papel del Estado. La Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, convocada por la Organización de Naciones Unidas a finales de agosto de este año en Sudáfrica para redactar un programa de acción que explique la naturaleza del racismo y establezca estrategias para combatirlo. “Las generaciones futuras no nos perdonarán el que no estemos a la altura de las circunstancias para intentar resolver este problema hoy”, afirmaba recientemente Mary Robinson, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Muchas han sido las organizaciones no gubernamentales y las asociaciones de grupos raciales y étnicos que llevan tiempo luchando por los derechos de este sector social a lo ancho del planeta. Pero poco se puede llegar a conseguir sin la voluntad política de los gobiernos de adoptar los cambios necesarios para desmantelar un aparato que permite, e incluso fomenta, la discriminación y la marginación que salta a los ojos del visitante cuando recorre los países de la región.
“El Estado continúa y continuará desempeñando un papel fundamental en varios frentes claves para promover la inclusión social: educación, salud, lucha contra el crimen, reducción de la pobreza y eliminación de la discriminación en el mercado laboral”, dijo el presidente del BID pronunciadas durante el seminario sobre exclusión social celebrado en la sede del Banco en Washington en junio pasado. “Los gobiernos son las locomotoras en este campo. Nosotros estamos aquí para ayudarles”, puntualizó.
Dado que el mercado no es capaz de resolver por sí mismo estos temas, Iglesias reclamó intervenciones inteligentes por parte del Estado allá donde existan desigualdades y donde haya necesidad de preparar a la gente para entrar al mercado de trabajo y ofrecerle así mayores oportunidades.
Acabar con la negación del racismo fue la principal recomendación del seminario del BID. El proceso de participación cívica se describió como una actividad que va más allá de las consultas, porque incluye el derecho a la evaluación de los programas y sus impactos, así como una exigencia de transparencia en la distribución y el manejo de los presupuestos nacionales.
El compromiso del BID. El BID ha sido pionero en el campo de la lucha contra la exclusión social desde 1995, en que aprobada su Octava Reposición de Recursos, adoptó el compromiso de invertir el 50 por ciento de sus préstamos en áreas sociales. Más del 40 por ciento de la cartera actual va dirigida a proyectos relacionados con la reducción de pobreza y la equidad social. En el año 2000, el 10 por ciento de los proyectos aprobados por el Banco reconocen como beneficiarios o interesados a grupos de población indígena.
Recientemente, el Banco aprobó un Plan de Acción para combatir la exclusión social en el que se destacan la asignación de 250 millones de dólares para avanzar en el desarrollo de estrategias y proyectos que amplien las oportunidades de las poblaciones de ascendencia africana y de los pueblos indígenas; un mayor énfasis en la recolección de información estadística; nuevas investigaciones y esfuerzos de diseminación informativa y capacitación de representantes de grupos tradicionalmente excluidos y de organizaciones de la sociedad civil.
“Pregonamos diversidad, pero nuestros modelos de desarrollo siguen siendo uniculturales”, señalaba Victor Hugo Cárdenas, ex vicepresidente de Bolivia y ex presidente del Fondo Indígena. Y es que no es fácil pasar de un sentimiento de desprecio por otras culturas a apreciarlas y respetarlas como parte de una diversidad enriquecedora.