Millones de dólares se invierten anualmente en programas para combatir la pobreza, pero la experiencia enseña que la obtención de resultados satisfactorios no sólo depende del dinero que se invierte ni de las buenas intenciones de los encargados de formular las políticas. Un estudio recientemente publicado por el BID plantea que la viabilidad política de las reformas también es una variable clave en la ecuación.
Los autores de La Economía Política de las Reformas del Sector Social, Wolfgang Munar y Alejandra González, analizaron varias de las reformas de política realizadas entre diciembre de 2000 y noviembre de 2003 en República Dominicana, y descubrieron que adaptar los programas de reforma a las limitaciones políticas permitió implementarlos mejor y aumentó su probabilidad de sostenibilidad y eficacia del desarrollo a largo plazo. La evaluación y seguimiento de la viabilidad política e institucional de las reformas durante la preparación y la implementación de varios proyectos financiados por el BID tuvieron significativos efectos positivos en ese país.
Los autores, tomando en cuenta que las decisiones de reforma social dependen de preguntas complejas como qué sector se beneficiará de los servicios, cuáles son las prioridades, quién proveerá los servicios y cuánto dinero se asignará a cada proyecto, estiman que “es la política lo que determinará el resultado final de una reforma, y su impacto en el bienestar general de la sociedad y al alivio de la pobreza”.
Luego de evaluar explícitamente los riesgos políticos e institucionales como también las oportunidades para realizar las reformas, el gobierno dominicano y los equipos del BID acordaron a principios de 2001 un plan para llevar a cabo las reformas sociales. Este enfoque, agregado a la actual oferta de instrumentos tanto de préstamo como de otra naturaleza por parte del BID, ya ha generado importantes resultados.
La primera etapa de reformas se financió con un préstamo de política por US$ 200 millones, unido a los programas técnicos no reembolsables y la cartera del Banco para el país. Durante las etapas de diseño y ejecución del programa, el Banco desarrolló una “caja de herramientas” de políticas que ayudó a los profesionales de la institución y a los especialistas en los países prestatarios a evaluar la viabilidad de las reformas propuestas. Esta caja de herramientas fue también fundamental en la ejecución exitosa de los proyectos, y se espera incluirla en otros países y en la preparación de otros proyectos.
Este forma de enfocar la modernización del sector social representa una respuesta nueva a los desafíos implícitos en la preparación y la implementación de reformas políticas complejas, y es parte integrante de una incipiente tendencia: los encargados de formular políticas y los donantes, quienes hasta hace poco se preocupaban principalmente de la solidez técnica de los proyectos, ahora investigan las maneras en que la política incide en el proceso de reformas, sus objetivos y medios, y su impacto en el alivio de la pobreza.
Según los autores, todo esto ha llevado a un mayor grado de compromiso en la formulación de las reformas. Por consiguiente, los donantes buscan adaptar sus políticas, instrumentos de préstamo y estrategias de diálogo de política para apoyar los esfuerzos de los gobiernos para incrementar la equidad, calidad y eficiencia de los servicios sociales.
El desempeño de los proyectos de reformas en el sector social mejorará si se da prioridad a sus aspectos políticos e institucionales al evaluar las opciones de políticas para las reformas, al mismo tiempo que las herramientas analíticas ayudan a incorporar dicho análisis a la preparación e implementación de un proyecto.
Todo esto contribuirá a integrar los proyectos en el contexto político donde se desarrollan, promover el sentimiento de propiedad de ellos a nivel local, y convertirá al BID en un aliado más poderoso en la lucha contra la pobreza.