¿Cuánto paga un país por la falta de confianza de los empresarios en los sistemas judiciales y de resolución de conflictos? Demasiado. Un estudio recientemente preparado por el BID estima que la desconfianza de los empresarios le cuesta a Perú entre US$65 millones y US$200 millones en términos de producto interno bruto.
Alvaro Herrero y Keith Henderson, coautores del estudio titulado El Costo de la Resolución de Conflictos para la Pequeña Industria, llegaron a dicha estimación tras realizar encuestas y entrevistas a pequeños propietarios de negocios, personal judicial, economistas, banqueros y oficiales públicos en el Perú.
Herrero y Hernández se propusieron averiguar cómo utilizan el sistema judicial los empresarios, los efectos de las ineficiencias del sistema en la industria y cuáles son las repercusiones económicas de estas ineficiencias en el sector productivo.
Los autores concluyeron que tanto los micro como los pequeños empresarios consideran que el sistema judicial peruano está corrupto, es lento y, además, es demasiado complejo y caro. "Sólo un 5 por ciento de los empresarios entrevistados piensan que el sistema judicial funciona bien o muy bien", expresó Herrero. "Pero apenas un 15 por ciento afirman haber usado el sistema". Por lo tanto, tanto los micro como los pequeños empresarios evitan, a todo costo, las cortes y el sistema judicial, empleando métodos informales para la resolución de conflictos.
Oportunidades perdidas
El estudio también indica que cuando los mecanismos para la resolución de conflictos no son adecuados, los pequeños empresarios pierden oportunidades comerciales y se muestran reacios a asumir riesgos. Esto termina limitando sus mercados e incrementando los costos de las transacciones comerciales.
"Durante nuestra investigación encontramos un estudio de 2002 que indica que el 73,7 por ciento de los propietarios de micro y pequeñas empresas no usan la modalidad de contratos con sus clientes, y debido a esto los empresarios tienden a mostrarse reacios a asumir riesgos al tomar decisiones comerciales”, manifestó Henderson. “Por ejemplo, algunos de los entrevistados expresaron que prefieren vender a clientes que ya conocen a buscar nuevos clientes y arriesgarse a que no les paguen; por lo cual evitan, en algunas ocasiones, expandir a sus empresas o realizar inversiones".
Herrero agregó que "estas transacciones informales sin contratos también tienden a incrementar los costos para los empresarios. En muchos casos prefieren comerciar con proveedores en los que confían antes que negociar con un nuevo proveedor. Esto sucede incluso cuando el nuevo proveedor sea menos costoso. El 24 por ciento de los microempresarios entrevistados expresaron que no piensan cambiar de proveedores, sin importar cuánto dinero les pudiera ahorrar; un 26 por ciento afirmó que cambiarían de proveedores solamente si el nuevo abastecedor les ofreciera un descuento mayor al 30 por ciento en los precios".
El estudio indica también que los empresarios tienden a exigir un contrato escrito al negociar con una empresa estatal o con el gobierno, en un 81 y un 76 por ciento respectivamente. Varios empresarios afirmaron no negociar con el Estado, al no confiar que éste se atenga a los términos del contrato o que pague por los bienes o servicios brindados. La falta de voluntad para acceder al sistema público de licitaciones constituye una limitación adicional para la expansión de la micro y pequeña empresa.
Recomendaciones
Los autores proponen varias recomendaciones de política y de procedimiento para que sean analizadas por los gobiernos regionales y del BID. Declaran, además, que varios proyectos para la consolidación de los sistemas de arbitraje y de conciliación financiados por el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) en el Perú y en otros países ya están teniendo "un impacto muy positivo".
El estudio recomienda el financiamiento de cursos de capacitación para los pequeños empresarios y la elaboración de material informativo sobre los derechos de los empresarios. Herrero y Henderson también recomiendan la creación de "centros de asesoramiento" que asistan a los empresarios en las transacciones legales relacionadas con la creación de oportunidades comerciales y con la resolución de conflictos.
De igual forma recomiendan crear un registro de deudores de acceso público, fomentar la transparencia y la estandarización de las licitaciones públicas, reformar los mecanismos para el cumplimiento de las ordenanzas judiciales y promover la formación de alianzas y coaliciones comerciales para la micro, la pequeña, y la mediana empresa.
Alvaro Herrero, consultor especializado en la reforma judicial y en programas de asuntos legales, cuenta con vasta experiencia en América Latina. Ha trabajado con el sistema federal de justicia de la Argentina, en el Diálogo Interamericano, el IFES, y el BID.
Keith Henderson profesor en la facultad de Leyes de American University en Washington D.C. y especialista en asuntos legales en IFES trabajó previamente con USAID como especialista en políticas contra la corrupción. También ha brindado servicios legales a la Casa Blanca y a bufetes privados. Ha escrito numerosos artículos sobre corrupción, autonomía judicial, transparencia, las penas legales e integridad judicial.