Hace más de 10 años la ciudad de Porto Alegre, en el sur del Brasil, inició un novel experimento que le brindó a la población la oportunidad de participar en las decisiones y la administración del municipio. El presupuesto participativo iniciado en 1989 ha ido ganando adeptos poco a poco hasta llegar a adoptarse en aproximadamente unas 180 municipalidades brasileñas y en varios otros países latinoamericanos.
Recientemente, el BID comisionó al Centro de Estudios para el Desarrollo Urbano de la Escuela de Postgrado de la Universidad de Harvard un estudio del alcance que tiene el presupuesto participativo en la asignación equitativa de los recursos, y en la participación de la comunidad tanto en la planificación como en la gestión de las localidades que usan este modelo. Los resultados obtenidos muestran que el presupuesto participativo contribuye a la consecución de la equidad social en el país, uno de los primordiales objetivos del BID en Brasil.
Mona Serageldin, directora adjunta del Centro y líder del equipo, presentó los resultados del estudio durante un taller organizado por el departamento para el desarrollo sostenible (SDS) del BID. El informe se basó en un exhaustivo estudio realizado en Porto Alegre y en otras ciudades del estado de Río Grande do Sul, único estado en Brasil que ha implementado la modalidad de manera exitosa.
Serageldin detalló cómo la Constitución de 1988 otorgó nuevas facultades y un porcentaje de los impuestos nacionales a las municipalidades, lo cual hizo que algunos alcaldes instituyeran una serie de reformas e innovaciones para obtener una gobernabilidad estable de sus municipios. Las enmiendas posteriores a esta Constitución incluyen la Ley de Responsabilidad Fiscal de 2000, la cual aboga por la responsabilidad y la transparencia fiscal en todo nivel gubernamental, a través de la adopción de medidas como el acceso público a información fiscal y presupuestaria.
Al tener que involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones, las municipalidades comenzaron a experimentar con diferentes sistemas. El experimento de Porto Alegre ha sido tan exitoso que la ciudad ha sido reconocida internacionalmente como líder en cuanto a la transparencia democrática y la rendición de cuentas a nivel de gobierno local.
La esencia del presupuesto participativo son los encuentros comunitarios. Estos comienzan a principios de la primavera con unas reuniones preparatorias en las cuales las autoridades municipales informan sobre la ejecución del presupuesto y el plan de inversión del año anterior y, también, se analizan las prioridades locales. Estos encuentros se realizan como: plenarios temáticos en los que los residentes locales analizan el presupuesto del estado y determinan las prioridades para las inversiones; y plenarios ordinarios en los que se eligen a los delegados para el siguiente período.
Todos los meses de junio se celebra un foro de delegados durante el cual se estudian las proyecciones de los ingresos y los gastos por parte de la ciudad. Los delegados visitan las localidades de las obras y los servicios para los que se ha solicitado financiamiento y se evalúan las necesidades. A continuación, los delegados priorizan los proyectos en cada área de inversión según determinados indicadores y a un sistema de puntaje. Simultáneamente, se elige al Consejo de Operabilidad Participativa (COP) el cual al asumir responsabilidades presenta un informe de prioridades al gobierno local.
En el segundo semestre del año, el COP trabaja conjuntamente con la municipalidad para cotejar las prioridades identificadas por los delegados comunales con las necesidades de infraestructura que fueran identificadas por la ciudad. A continuación, el COP, conjuntamente con la municipalidad, prepara los planes de presupuesto, de inversiones y de servicios que serán enviados al alcalde y a la municipalidad para su aprobación final.
Tras la presentación de Serageldin, un economista indagó sobre la factibilidad económica del presupuesto participativo. Serageldin indicó que este sistema representa un instrumento para la inclusión social y no para la eficiencia económica. Su estudio sugiere que efectivamente este objetivo se ha alcanzado. Por ejemplo, los grupos de menores recursos de Rio Grande do Sul, los cuales representan un 10 por ciento de la población total de la región, reciben actualmente un 56 por ciento del presupuesto estatal para la vivienda. Serageldin también señaló que desde que en 1996 se implementó el presupuesto participativo para la vivienda, no ha habido incidencias de invasión de viviendas debido a que la población se siente incluida en el proceso.