Informe patrocinado por el BID explora la cultura ciudadana como factor para el éxito a largo plazo en la mitigación de la violencia
Cualquier estrategia exitosa de prevención de la violencia debe incluir medidas para reconocer y modificar comportamientos que responden a creencias, emociones y factores culturales, según un nuevo estudio patrocinado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Para lograr cambios de fondo en la seguridad de las ciudades latinoamericanas no es suficiente aumentar la capacidad policial, disminuir las desigualdades socioeconómicas o modificar las leyes, indica el estudio. El informe Antípodas de la Violencia examina la cultura ciudadana como mecanismo para transformar comportamientos dañinos que afectan la vida y seguridad de otros ciudadanos, con el fin de ayudar a disminuir los altos niveles de homicidios y lesiones personales en América Latina y el Caribe.
Según el estudio la cultura puede ayudar a regular, justificar e interpretar comportamientos de los individuos. La cultura es definida como el universo de normas sociales, actitudes, creencias y hábitos compartidos por los individuos de un conjunto social y sobre la cual se cimienta la posibilidad de una vida en comunidad con ausencia de violencia.
Sobre la base de la Encuesta de Cultura Ciudadana aplicada en ciudades latinoamericanas tales como Belo Horizonte, México DF, Quito, La Paz, Bogotá, Medellín, y Caracas, y analizando datos sobre seguridad y variables socioeconómicas de dichas ciudades, el estudio explora el papel de las creencias y actitudes en la violencia y la inseguridad, resaltando la necesidad de incluir los aspectos culturales dentro de las políticas públicas destinadas a esta problemática.
“Los comportamientos de las personas tienen una base cultural que los gobiernos pueden ayudar a modificar positivamente para mejorar la convivencia y la seguridad”, opina Efraín Sánchez, investigador, sociólogo y uno de los autores del libro. “La armonía o desarmonía entre la ley, la moral y la cultura suelen determinar las actitudes de las personas frente a la ley y encontrarse en la base de los comportamientos legales o ilegales. Cuando una sociedad o un grupo social aprueba comportamientos ilegales y desaprueba comportamientos legales, la ley, desde luego, pierde fuerza como sistema regulador y crece la probabilidad de que se cometan actos ilegales”.
Factores de tipo cultural en la violencia en América Latina
Uno de los hallazgos del estudio es que en las ciudades analizadas, la violencia interpersonal derivada de riñas, venganzas, y delitos sexuales juega un papel mucho mayor del que usualmente se piensa como causa de muertes. Estas causas son más frecuentes que la violencia causada por factores sociopolíticos, y que los homicidios por atracos y robos, clasificados como violencia económica.
De hecho, América Latina se sitúa muy por encima de otras regiones en la tasa de homicidios de jóvenes entre 16 y 25 años de edad, con un total de 36,4 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que África, por ejemplo, registra 17,6 homicidios para este segmento demográfico.
En Belo Horizonte entre 2004 y 2009, el 92 por ciento de las víctimas de homicidios fueron hombres. En Quito en 2009, el 87 por ciento de los asesinados fueron hombres, comparado con 90 por ciento en Bogotá y 65 por ciento en La Paz.
Aunque la entrada al mundo de la delincuencia de los jóvenes por lo general responde inicialmente a problemas de índole económica o de falta de oportunidades en algunos contextos, los autores del libro insisten en que la causa de fondo es cultural, y que responde a motivos como el reconocimiento social y el machismo.
Entre los jóvenes de las ciudades estudiadas, un 74 por ciento justifica usar la violencia principalmente en defensa propia, un 44 por ciento la usa para ayudar a la familia, y un 41 por ciento lo hace para defender propiedades o bienes. Aunque la respuesta “obtener beneficios económicos” es relativamente alta, con un porcentaje de 37 por ciento, no es la justificación inmediata o más fuerte.
En este sentido, el endurecimiento de penas, por ejemplo, no atacaría el problema de fondo, ya que la imposición de castigos a sujetos que no sienten culpa o vergüenza por sus actos delictivos posiblemente sería inútil para prevenir la reincidencia en ellos, dice el estudio.
Sin embargo, los argumentos culturales y las creencias colectivas que nutren los comportamientos violentos, son susceptibles de ser modificados.
Antanas Mockus, ex alcalde de Bogotá, recoge estas ideas en el estudio técnico “Cultura ciudadana, programa contra la violencia en Santa Fe de Bogotá, Colombia, 1995–1997”, publicado por el BID en 2001: “En síntesis, el divorcio entre los tres sistemas que regulan el comportamiento humano se expresa en acciones muchas veces ilegales pero aprobadas moral y culturalmente, o desaprobadas culturalmente pero aceptables moralmente, o moralmente inadmisibles pero toleradas o aceptadas en lo cultural. Asimismo, algunas obligaciones legales no son reconocidas como obligaciones morales, o carecen de aprobación cultural en ciertos medios sociales”.
Entre varios ejemplos de programas que contribuyen a modificar la cultura ciudadana, los autores de Antípodas de la Violencia mencionan a “Porque nada justifica el maltrato,” una iniciativa aplicada en Barrancabermeja, en el departamento colombiano de Santander.
El programa partió de un diagnóstico que indicaba que la violencia intrafamiliar se había convertido en una de las principales causas de homicidio en esta ciudad. Para contrarrestarla, el programa implementó una serie de acciones que buscaban educar, informar y solidarizar a la ciudadanía sobre el problema. Habiendo detectado que los celos se registraban como uno de los principales detonantes de comportamientos violentos en las dinámicas de familia, se creó una línea telefónica denominada CELAN (Celos anónimos). La línea, dirigida a hombres y mujeres afectados y a sus familiares, brindaba herramientas de desahogo, de contención, de manejo emocional y de comunicación para desactivar posibles agresiones y mejorar la relación entre las parejas.
Según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entre abril de 2009 y marzo de 2010 se reportaba un total de 1,127 casos de lesiones por violencia intrafamiliar. Tras la intervención del programa, se presentaron 717 casos, una disminución del 36 por ciento.
Un resultado del estudio constituye también un llamado de atención frente a las pautas de tolerancia. Cuando se le consultó a los ciudadanos sobre a quién no le gustaría tener como vecino en su barrio, salvo en el caso de Belo Horizonte, en el resto de las ciudades las opiniones mayoritarias sostuvieron que no les gustaría tener como vecino a un drogadicto, por encima de las opiniones que indicaron que no les gustaría tener como vecino a un narcotraficante.