Más de cien expertos internacionales analizaron políticas y mecanismos para prevenir la exposición a amenazas físicas, químicas, biológicas y psicosociales en el lugar de trabajo en una conferencia el 19 y 20 de junio en el Banco Interamericano de Desarrollo.
La reunión sobre Seguridad y salud en el trabajo se centró en el estudio de los costos económicos y sociales del tema, frecuentemente olvidado, de los peligros vinculados con la actividad laboral en América Latina y el Caribe.
La falta de conciencia y el escaso cumplimiento de la legislación sobre seguridad ocupacional exponen a hasta un 80 por ciento de la creciente fuerza laboral de América Latina, de más de 200 millones de personas, a accidentes y consecuencias para su salud vinculadas con el trabajo, con un costo anual estimado de unos 76.000 millones de dólares, según algunos cálculos.
Aunque la información es escasa debido al subreporte y a registros inconsistentes, las cifras presentadas en la conferencia mostraron que los países en desarrollo sufren grandes pérdidas debido a enfermedades, accidentes y muertes relacionadas con el trabajo, que representan hasta un 10 por ciento del producto bruto de los países.
Según datos de la Oficina Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas, estos costos son absorbidos tanto por el sector privado como por el público, concentrando este último la mayor proporción de la fuerza laboral aún después del proceso de privatización que tuvo lugar en América Latina.
"Debemos trabajar con los países y las demás organizaciones internacionales para asegurar condiciones de trabajo seguras y eficientes e instalar el tema en el centro del debate, porque es un factor crítico para el desarrollo económico y social", dijo el presidente del BID Enrique V. Iglesias en la sesión de apertura de la conferencia de dos días.
Como un elemento clave del desarrollo, las condiciones de seguridad y salud en el trabajo no sólo tienen un impacto directo e indirecto en la salud pública, sino también en áreas tales como el ingreso y la pobreza, la productividad laboral, el mercado de trabajo, los sistemas de seguridad social, el medio ambiente y el comercio internacional.
"Muchos esfuerzos se pierden en la región debido a la falta general de conciencia en la población sobre los riesgos en el lugar de trabajo, la subestimación de la magnitud del problema y la falta de una adecuada infraestructura institucional", afirmó Iglesias. "Pero se percibe un creciente interés en el tema en la región, tal como lo demuestran reacciones tales como aquellas frente al trabajo infantil y la explotación laboral."
En América Latina, factores tales como la expansión del sector informal –incluyendo el auto-empleo, el servicio doméstico y la microempresa-- las mayores tasas de desempleo, bajos niveles de negociación colectiva, mayor movilidad laboral y la creciente participación de la mujer en la fuerza de trabajo son factores a considerar cuando se analiza la situación de la seguridad, resaltó Ricardo Paredes Molina, decano de la Escuela de Negocios y Economía de la Universidad de Chile.
"Además del hecho de que la prioridad en la región es generar empleo, el problema de la seguridad ocupacional no se visualiza con claridad", dijo Paredes, quien comentó un documento de trabajo preparado por el BID para la conferencia.
Paredes destacó la importancia de las políticas públicas y de los instrumentos para asegurar su cumplimiento y añadió que "el desafío es a veces lograr un equilibrio entre empleo menos seguro o empleo más caro". Pero en muchos casos uno no necesariamente excluye al otro, particularmente cuando van acompañados de un incremento en la productividad. Los incentivos a las empresas para la prevención pueden cumplir un papel importante para que los empleadores no perciban las medidas de seguridad como "un impuesto al empleo".
Paredes destacó también que las dimensiones de las ciudades latinoamericanas, mayores que la mayor parte de los centros urbanos del resto del mundo, crean problemas de contaminación, seguridad y mayores tiempos de transporte.
Expertos de instituciones internacionales, de los sectores público y privado y de organizaciones laborales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, México, Perú y Suecia analizaron en distintos paneles las dimensiones económicas de la salud y seguridad ocupacional, así como también las políticas globales, las regulaciones e iniciativas para mejorar la seguridad en el lugar de trabajo.
El ministro de Trabajo de El Salvador, Jorge Isidoro Nieto, también coordinador del Grupo de Ministros de Trabajo de América Central, presentó un Plan de Salud Ocupacional que el grupo prepara para su región. El embajador de Brasil en Estados Unidos, Rubens Barbosa, se refirió al plan de su país de incluir elementos de seguridad y salud en el trabajo en las negociaciones con la comunidad multilateral.
Los panelistas discutieron la fijación de estándares en relación con el libre comercio y la integración y el impacto de las reformas de seguridad social y salud, la situación de los grupos más vulnerables, incentivos para la pequeña y mediana empresa y enfoques sectoriales en minería, construcción y agricultura, los sectores más riesgosos.
Por razones económicas y humanas, la información y los ejemplos estudiados mostraron la existencia de abundantes espacios para mejorar la salud y seguridad en el trabajo en forma fácil y costo-efectiva, particularmente en el sector formal de la economía en primer término, para brindar más oportunidades a unos tres millones de trabajadores que pierden su bienestar o sus vidas anualmente por condiciones prevenibles.
Diecisiete millones de niños entre 1 y 14 años de edad trabajan en América Latina, muchas veces en condiciones riesgosas. Otros grupos vulnerables incluyen a la mujer, los migrantes y los miembros de grupos minoritarios, que trabajan frecuentemente con falta de seguridad y en condiciones sin control en el sector informal.
Expertos de la Comisión Internacional de Salud Ocupacional, del BID, la Oficina Internacional del Trabajo y la Organización Panamericana de la Salud/OMS debatieron el papel de las agencias multilaterales en el establecimiento de políticas.
Un panel de cierre resumió temas y tendencias en seguridad y salud ocupacional para apoyar la elaboración de una agenda del BID destinada a ayudar a financiar y promover reformas y proyectos en los países interesados en mejorar su productividad, eficiencia y seguridad en el trabajo.
La conferencia fue auspiciada por el Fondo Fiduciario Sueco y el Fondo Multilateral de Inversiones del Grupo BID.