El Banco Interamericano de Desarrollo anunció hoy la aprobación de un préstamo a Venezuela de 75 millones de dólares destinado a apoyar la reforma del sistema de justicia penal y mejorar su equidad, eficiencia y transparencia.
El financiamiento proveerá recursos para implementar el Código Orgánico Procesal Penal de 1999, que cambia el sistema previo de juicios por un modelo oral como parte del proceso de modernización.
El programa del BID enfatiza la capacitación para ayudar a satisfacer las nuevas demandas que el nuevo código de 1999 ejerce sobre investigadores policiales, fiscales, jueces, defensores del pueblo, funcionarios carcelarios y oficiales de rehabilitación.
El código también plantea nuevas demandas a los ciudadanos al exigirles comparecer como testigos en los juicios y participar como jurados en paneles con jueces. El financiamiento del BID contribuirá también a cumplir estos desafíos otorgando prioridad a la educación cívica sobre derechos y responsabilidades de los ciudadanos en el sistema de justicia penal.
El financiamiento mejora los mecanismos mediante los que los ciudadanos pueden iniciar denuncias cuando son víctimas de delitos, y también amplía los mecanismos por los que se pueden realizar quejas sobre las investigaciones y la conducta de la policía y los fiscales. También financiará actividades de las organizaciones de la sociedad civil que apoyan la rehabilitación de los ex-reclusos y su colocación en programas de trabajo al tiempo de su liberación.
El Ministerio Público* recibirá apoyo para completar los esfuerzos encaminados a solucionar casos atrasados —instancias en que los ciudadanos han planteado una querella penal sin que el caso fuera llevado a juicio o resuelto.
Los fiscales recibirán también entrenamiento para ayudarlos a llevar adelante sus nuevas responsabilidades bajo la ley, que les asigna el rol de preparar los casos, supervisar el proceso de investigación y presentar los casos ante el juez. Esta capacitación busca reducir el gran número de casos que son devueltos por los tribunales o bien descartados por falta de preparación.
Los recursos financiarán la expansión de un programa de rehabilitación que Venezuela ha llevado adelante durante varios años, enfatizando la reintegración de ex presidiarios a la sociedad y la economía local. Se realizarán inversiones tales como la construcción de centros residenciales, que serán equipados para recibir a los reclusos liberados bajo palabra.
El financiamiento permitirá al Cuerpo Técnico de Policía Judicial adoptar un proceso de planificación estratégica, sistemas de supervisión interna, un plan de modernización tecnológica y otro de información pública. Las oficinas centrales y regionales serán rehabilitadas y se capacitará a los oficiales de policía en investigación penal y medicina forense con el objetivo de reducir el número de casos no resueltos.
El programa está destinado a reducir la violencia y mejorar el respeto de los derechos humanos y los debidos procesos en las cárceles del país. El gobierno de Venezuela realizará mejoras en la infraestructura y contratará más personal en las prisiones para reducir la violencia y mejorar las condiciones de vida. En consonancia con estas acciones, el financiamiento del BID apoyará la construcción de áreas para que los visitantes y familiares puedan reunirse con los reclusos, talleres de entrenamiento laboral, centros de atención hospitalaria y de enfermería y espacios de recreación.
El sistema correccional será equipado con un moderno sistema de información que permita una mejor administración de las prisiones y mayor acceso a información por parte del público.
"Lo significativo de este proyecto es su enfoque integral —al atender múltiples temas en diferentes instituciones— y su foco en los aspectos sociales de la justicia penal, tales como la rehabilitación de los reclusos e impulsar una mayor confianza de los ciudadanos en el sistema", dijo el jefe de proyecto del BID, Raimundo Arroio.
El costo total del programa es de 132 millones de dólares. El préstamo del BID se otorga a un plazo de 20 años, con un período de gracia de cinco años y medio, a una tasa de interés variable, actualmente de 6,97 por ciento anual. Los fondos locales de contrapartida totalizan 57 millones de dólares.
El proyecto estará a cargo del Ministerio del Interior y Justicia y el Ministerio Público*. La operación complementará proyectos financiados en Venezuela por el Banco Mundial y el gobierno Español para reformar y mejorar el sistema de justicia penal.