El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito de US$160 millones a Bahamas con el fin de que este país realice reformas de política que le permitan mejorar su gobernanza para la gestión del riesgo de desastres naturales. Con la operación se pretende mejorar las condiciones de gobernanza para la implementación de políticas públicas de identificación y reducción del riesgo, la preparación para desastres, la recuperación y la protección financiera.

Con este préstamo se espera que exista un entorno macroeconómico propicio para la consecución de los objetivos del programa. Además, esta operación va en línea con la Ley de Gestión del Riesgo de Desastres (DRM, por sus siglas en inglés), que establece las condiciones legales, institucionales y presupuestarias necesarias para implementar políticas públicas más efectivas en la gestión del riesgo de desastres.

Esta legislación, aprobada en el Parlamento en diciembre de 2022, introduce un nuevo paradigma para abordar el riesgo de desastres, priorizando la prevención basada en un análisis de riesgo preciso y estableciendo un marco institucional que define las responsabilidades de varias entidades públicas y niveles de gobierno, junto con recursos financieros para prevención y respuesta a emergencias.

Con el objetivo de medir las condiciones de gobernanza que faciliten la gestión del riesgo de desastres, el BID diseñó en 2012 el Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas en Gestión del Riesgo de Desastres (iGOPP), avalado por Naciones Unidas. El iGOPP se mide en porcentajes que oscilan entre el 0% y el 100%. El puntaje del iGOPP en el caso de Bahamas fue del 22% en 2020, por debajo del promedio del 33% que registra América Latina y el Caribe. Con la aprobación de la Ley DRM, se proyectó un aumento del puntaje iGOPP de Bahamas al 38 % en 2022.

Bahamas es uno de los países de la región de América Latina y el Caribe más expuestos a desastres naturales, sobre todo los relacionados con el clima. En los últimos 20 años ha registrado 14 grandes catástrofes, principalmente huracanes, con un resultado de 400 víctimas mortales, 50.000 personas damnificadas y daños que ascendieron a más de US$6.700 millones. Es probable que el cambio climático agrave estos impactos.

El programa aprobado por el BID beneficiará a los habitantes del país expuestos a desastres, cifra que puede llegar a 344.279 personas en el caso de un huracán con vientos extremos.

La operación es el primer préstamo de una serie programática de dos. El crédito tiene un periodo de amortización de 20 años y un periodo de gracia de 5,5 años.