Junio 29, 2020
“¿Ya pensó en no tener internet, ventilador o refrigerador en su casa?", pregunta Pedro Torres, un técnico en distribución eléctrica en Río de Janeiro, Brasil, durante un mensaje televisivo. “Tengo una esposa embarazada de siete meses y medio. Si puede, quédese en casa”, agrega antes de bajar a un pozo de visita para revisar de forma preventiva los equipos de energía.
Torres es uno de los profesionales de mantenimiento que trabaja durante este período de cuarentena por causa del COVID-19. Su trabajo es esencial para evitar que la luz se apague, una necesidad más urgente que nunca. La pandemia ha trastocado cada faceta de lo cotidiano; ahora nos comunicarnos con nuestros seres queridos principalmente por vía electrónica y el trabajo virtual remoto es la nueva realidad para muchos.
A medida que crece el número de contagios del COVID-19 en la región, el acceso a servicios básicos puede ser crucial para salvar la vida de decenas de miles de personas. Un hospital a oscuras o una planta de agua sin energía no son opción.
“El desafío más importante para todas las empresas proveedoras de electricidad en la región ha sido garantizar que el suministro de energía se mantenga a pesar de los efectos de la pandemia. No es una industria en la cual la gente pueda trabajar desde sus hogares; la gestión diaria de los equipos es necesaria para que la electricidad llegue a los hogares en cantidad y calidad apropiadas,” dice Ariel Yépez, jefe de la división de energía en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La provisión de un servicio eléctrico confiable y asequible para 600 millones de latinoamericanos es un reto mayúsculo, especialmente cuando se necesita más que nunca. La respuesta de los gobiernos de la región ha reflejado esta urgencia desde marzo, cuando varios países tuvieron sus primeros casos confirmados de contagio.
“El primer objetivo de los gobiernos fue: ¿cómo hacer para que no haya un hogar sin electricidad? Se decidió no cortar el servicio a usuarios residenciales que no pudiesen pagar la factura, en casi todos los países de la región”, dice Yépez.
“Otras medidas que se tomaron fue diferir el pago de las facturas, por dos o tres meses. Los primeros que lo anunciaron fueron Costa Rica y Panamá. Más ambicioso aún fue cuando los gobiernos no solo decidieron el diferimiento en el pago, sino que a eso también sumaron reducciones de tarifas”, agrega Yépez.
Para garantizar la seguridad de empleados como Torres, las empresas eléctricas han proveído a sus empleados con equipos de protección personal, sobre todo cubrebocas y guantes. Además, implementaron estrategias de gestión para evitar el contacto. Entre ellas, la separación de las flotillas en grupos más pequeños, el establecimiento de trabajo en turnos y el aislamiento respecto del resto de la población.
“No puedes mandar al terreno sin protección a la gente que permite garantizar el suministro de energía, porque si ellos se contagian vas a estar en el peor de los escenarios: ya no vas a garantizar el suministro del servicio”, dice Yépez.
La electricidad no es el único servicio esencial durante la crisis. Uno de los métodos más eficientes para prevenir la propagación del virus es lavarse las manos con agua y jabón. Pero ¿y si no hay agua? En períodos en los que se eleva la demanda en todas partes, en especial los hogares y los hospitales, este servicio es crítico para la lucha contra el virus.
“Casi todos los países han decretado el servicio de agua y residuos sólidos como esenciales y exentos de cuarentena”, dice Sergio Campos, jefe de la división de agua y saneamiento del BID, quien delinea medidas similares a las del sector eléctrico, incluyendo la suspensión de los cortes por falta de pago.
“Va desde El Salvador donde se dijo que no se paga ni se cobra, a Bolivia donde se decidió dar un subsidio, hasta países como Colombia donde se dijo que las deudas podrían pagarse en los siguientes tres años”, dice.
En un coloquio organizado por el BID entre empresas proveedoras de servicios de agua y saneamiento, Cristina Arango, gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, detalló las medidas tomadas para enfrentar el desafío:
“Nosotros tenemos 1.570 personas en operaciones de terreno, porque verdaderamente se requiere para que el agua llegue a los usuarios. Ha implicado un manual de limpieza y desinfección para los operarios y más de 12.038 capacitaciones para informar cómo deben seguirse los más estrictos niveles de protección. Se ha llevado a cabo la desinfección constante de vehículos y overoles, y la entrega de todos los elementos de protección. También tenemos un seguimiento diario de salud a todos los trabajadores y se han implementado cuarentenas”.
Todos estos esfuerzos por parte de los sectores público y privado se inscriben, además, en un contexto en el cual ya existían brechas en el acceso a estos servicios esenciales. El impacto de la pandemia los ha vuelto todavía más urgentes.
Desde antes del impacto económico y social de COVID-19, cerca de 18 millones de personas en América Latina y el Caribe ya vivían en pobreza energética, como se denomina a los hogares que no tienen electricidad, o carecen de los ingresos para pagar la energía domiciliar.
Fuente: Basado en Encuestas de Gasto de Hogares: 2017 para México DF, 2018 para Lima y Santiago, y 2019 para São Paulo (Cavallo, Powell y Serebrisky, 2020)
Asimismo, el acceso al agua potable es un desafío en la región, donde un 30% no cuenta con este servicio de forma constante. Además, las poblaciones vulnerables se ven doblemente afectadas, ya que incurren en mayores gastos físicos y monetarios para abastecerse de fuentes alternativas como pozos y bombeo de agua, camiones cisterna o agua embotellada.
“Hay cerca de un tercio de la población en Latinoamérica, más de 200 millones, que reciben un servicio intermitente”, explica Campos. “Quienes más se ven afectados por esta crisis son los más vulnerables, los dos quintiles de ingresos más bajos, de los cuales el 70% no tiene acceso a agua potable y el 85% no tiene acceso a saneamiento. Para ellos el lavado de manos no está dado”.
Ante desafíos históricos, exacerbados por una crisis cuyas ramificaciones podrían sentirse por años, las respuestas se inscriben no sólo en el presente sino en la planeación de un futuro distinto.
Para Ariel Yépez esto requiere mirar, desde ahora, hacía la recuperación después de la pandemia. Implica no solo apoyar a las empresas prestadoras de servicios eléctricos, sino invertir en energías renovables de generación y en el acceso universal a la electricidad.
“Con el COVID-19 lo que vemos es una oportunidad para ayudar a los países a promover esa agenda de desarrollo que esté vinculada al tema de acceso, para que cuando inicie la reactivación económica uno de los instrumentos sea crear empleos y nuevas fuentes de ingreso que estén vinculados al objetivo de dar acceso universal a la energía eléctrica”, dice.
Desde el sector de agua y saneamiento, la prioridad en la región ha sido garantizar que el agua llegue a quienes no cuentan con ella, expandiendo la cobertura para responder a la crisis. Un ejemplo de ello es Perú, donde el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL) ha distribuido diariamente agua de forma gratuita a 700.000 habitantes.
"En acuerdo con el gobierno asumimos el compromiso de entregar agua a todas las áreas no administradas, y se contrataron más de 300 camiones cisterna para abastecerlas”, dijo Jorge Rucoba Tello, Gerente de Desarrollo e Investigación de SEDAPAL, durante el coloquio organizado por el BID.
Este tipo de medidas es solo una de las facetas de la estrategia que requiere el presente y futuro del sector en tres líneas de trabajo, según Campos:
“La primera es asegurar flujos financieros para la adecuada operación y mantenimiento de la infraestructura: que las empresas tengan para pagar a su personal o hacer rehabilitaciones rutinarias. Sin recursos no van a dar agua y saneamiento y surgirán otras enfermedades como diarrea, dengue o zica, que van a poner mucho más estrés en el sistema de salud. Lo segundo es que, si no se dota de acceso a agua y saneamiento a las poblaciones más vulnerables, la pandemia no se va a ir. La tercera línea de trabajo son planes de emergencia: muchas empresas van a tener que contratar segundos turnos de operadores, financiar horas extras, obras de emergencia y compra de equipamiento adicional”.
Estos esfuerzos pueden ser la base para las mejoras duraderas que se requieren para acelerar la conectividad para las poblaciones vulnerables, para revertir las brechas existentes, y transformar la gestión deficiente del agua, que hoy hace que se pierda el 50% de todo el líquido en las tuberías antes de llegar a quienes la necesitan.
La inspección del alumbrado público o que el agua siga saliendo de la llave son posibles gracias al trabajo de miles de operadores de la región que garantizan la continuidad de estos servicios. Esos trabajos son esenciales, antes, durante y después de la pandemia.
Para obtener más información sobre la respuesta del BID al coronavirus, visite nuestro nuevo portal con toda la información.
Para saber más, descarga nuestra ultimas publicaciones del tema:
· Plan de respuesta para sistemas de agua potable: Enfoque en la pandemia COVID-19 https://publications.iadb.org/es/plan-de-respuesta-para-sistemas-de-agua-potable-enfoque-en-la-pandemia-covid-19
· COVID-19 y el sector eléctrico en América Latina y el Caribe: ¿Cómo ayudar a grupos vulnerables durante la pandemia?
Luis Carlos Pérez
