- El principal desafío para América Latina es lograr que el crecimiento del sector minero se traduzca en un desarrollo sostenible e inclusivo.
- Una buena gestión fiscal del sector minero ayuda a abordar este desafío al crear oportunidades de generar más empleo, mejores servicios públicos y mayores capacidades para las generaciones futuras.
- Nuestro nuevo estudio identifica tres grandes oportunidades para fortalecer la institucionalidad fiscal y aumentar la recaudación de manera eficiente, promoviendo así una minería más competitiva, transparente y alineada con los objetivos de desarrollo sostenible.
Mining is key to global economic development, as it drives technological and industrial progress in sectors such as agriculture, energy, and transportation. Moreover, the revenues generated by the sector, through taxation and royalties, contribute to financing essential infrastructure for the provision of public services.
A key challenge for Latin America is ensuring that mining sector growth drives sustainable and inclusive development. This means moving beyond attracting investment to ensure that mining delivers consistent and meaningful contributions to public finances and improves people’s well-being.
Effective fiscal management plays a critical role in converting underground mineral wealth into long-term development gains. When well designed and properly implemented, mining fiscal regimes can generate quality jobs, strengthen public service provision, and build institutional and economic capacities for future generations. This is precisely the focus of the study: Ideas to Improve Mineral Taxation in Latin America and the Caribbean: Opportunities for Sustainable Development (in Spanish), published by the Inter-American Development Bank (IDB) and the Intergovernmental Forum on Mining, Minerals, Metals and Sustainable Development (IGF).
The publication identifies three major opportunities to strengthen fiscal institutions and increase revenue efficiently, thereby promoting a more competitive, transparent mining industry aligned with sustainable development goals. Below are the main recommendations of the study, which form part of an institutional strengthening agenda that both the IDB, through its Fiscal Management Division, and IGF are promoting in the region.
Mining tax incentives aim to attract and promote private investment and develop the sector. To achieve this, governments must properly manage risks and assess the fiscal costs— including administrative costs— of providing such incentives, ensuring they are effective and that the balance between investor benefits and societal benefits is appropriate.
After evaluating the tax structure and incentives offered in Argentina, Guyana, Mexico, and Peru (Figure 2), we found that their impact on tax revenue is significant and therefore deserves detailed analysis to promote greater efficiency and sector development.
Most incentives —such as rate reductions, loss carryforwards, and tax credits— reduce taxation but do not necessarily achieve their main objective of generating additional, sustainable investment. For this reason, we recommend a periodic review and assessment of these incentives to determine their cost-effectiveness, as excessive use compromises resources that could be allocated to development policies, including those that foster innovation, energy transition, and productive infrastructure development.
La atracción a la inversión se cimienta al establecer las condiciones de participación y competitividad del sector, entre ellas, la asignación de licencias mineras. Existen múltiples métodos de asignación dependiendo del estado de la institucionalidad: el orden de llegada, licitación pública, negociación directa, subasta y asignación administrativa, inter alia (ver Tabla 1).
Tabla 1. Comparación entre el método primero en el tiempo, primero en el derecho y la licitación competitiva respecto de distintos aspectos procedimentales.
Asignación bajo solicitud – Primero en el tiempo, primero en el derecho | Licitación competitiva | |
| ¿Quién da inicio al proceso? | El inversionista | El Estado |
| ¿Quién define los términos mínimos de la inversión? | La propuesta del inversionista | El pliego de condiciones |
| ¿Existe competencia entre inversionistas? | No hay competencia entre oferentes, quien hace la solicitud es el primero en el tiempo. | Hay competencia entre oferentes |
| ¿Quién ostenta la información sobre el área a ser asignada? | Información sujeta a disponibilidad. | Información en manos del Estado y el Inversionista. |
| ¿Con qué sustento se definen los términos del contrato de asignación? | Propuesta del inversionista. | Pliego de condiciones creado por el Estado. |
| ¿Susceptibilidad de renegociación del contrato de asignación? | Aumenta si el inversionista no ha definido el alcance total de la operación minera. | Disminuye cuando el Estado establece condiciones mínimas para todas las fases del proyecto. |
Fuente: Información recogida por los autores dentro del estudio con base en las experiencias de Brasil, Colombia y Surinam.
Cada uno de estos métodos requiere de distintos niveles de transparencia, información y competencia. El método más común (y menos demandante de recursos) es conocido como “primero en el tiempo, primero en el derecho”. A través de este método, el Estado recibe la solicitud del inversionista para explorar y explotar determinada área, para lo cual presenta los documentos sobre el tipo de inversión que está en capacidad de realizar, generalmente en terrenos delimitados por el gobierno a través de un instituto geológico o del ministerio de minas.
Con este enfoque, el Estado también puede recaudar otros ingresos, como derechos de participación, derechos de adjudicación o licencias, remesas por adquisición de pliegos, o componentes financieros dentro de la licitación como compensaciones económicas adicionales. Estas opciones requieren que el Estado elabore el pliego de condiciones para las áreas de inversión, lo que implica conocer de antemano qué productos pueden extraerse y la calidad, con base en la información geológica disponible.
Nuestra investigación analiza los avances en legislación minera de Brasil, Colombia, y Surinam, países que han incorporado la licitación competitiva como mecanismo para asignar licencias de uno o más minerales. En esos tres países, la licitación competitiva no sólo es un paso natural hacia una mejor gestión y desarrollo del sector, sino que también contribuye al aumento de los ingresos gubernamentales. Eso se logra mediante la selección de los proyectos más costo-eficientes y la generación de recursos adicionales a través del establecimiento de derechos y contribuciones económicas complementarias a las regalías mineras, cuyo valor puede definirse como condiciones para la participación en las rondas de licitación.
En América Latina y el Caribe, y la mayoría de los países a nivel mundial, las regalías mineras se calculan como un porcentaje fijo de la valoración de la producción o de las ventas (i.e., volumen o ad valorem). En un número reducido de países y de minerales, como son el cobre en Chile y Perú, las regalías se calculan de mediante un porcentaje variable y progresivo sobre el margen operativo de los proyectos mineros.
La progresividad es una característica importante de los esquemas de recaudación tributaria, pues promueve su equidad tributaria. En un esquema tradicional de tasa fija sobre el valor bruto de las ventas, la participación estatal de las rentas distorsiona las decisiones de producción y de inversión, sin distinción del estado del ciclo de negocios, los precios de los minerales o de los insumos de producción.
Los esquemas progresivos de regalías permiten capturar estos eventos y mantener así el equilibrio entre los intereses de los inversionistas y los beneficios sociales. Esto es particularmente importante en los súper-ciclos, o sea, en momentos en que el ciclo es positivo debido a un aumento significativo de los precios. Un ejemplo de ello es el Litio en Chile, donde la recaudación tributaria alcanzó a superar el 1,9% del PIB en 2022, cuando no superaba el 0,7% del PIB anual en años anteriores.
En este sentido, es relevante considerar migrar hacia esquemas progresivos para fomentar la competitividad de la actividad de minería, la promoción y protección de la inversión y para la generación de recursos adicionales que contribuyan a la financiación de nuevas tecnologías y de políticas públicas para la atención de necesidades sociales y ambientales.
La región enfrenta desafíos para aprovechar de manera sostenible las oportunidades que ofrece la minería. Avanzar hacia una institucionalidad fiscal moderna implica ir más allá del diseño tributario: requiere fortalecer la capacidad del Estado para planificar, supervisar y administrar los ingresos mineros con una visión estratégica y de largo plazo.
Las tres oportunidades destacadas son pasos concretos hacia un modelo más equitativo y eficiente, donde la riqueza mineral se transforma en mejores escuelas, hospitales, infraestructura y empleos de calidad, con políticas públicas que perduren más allá de los ciclos de precios.
En definitiva, fortalecer la gobernanza y la capacidad fiscal del sector minero no solo mejora la recaudación: también impulsa la competitividad, la transparencia y la posibilidad de construir un futuro más próspero e inclusivo para toda la región.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de su División de Gestión Fiscal, y el Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF), continúan apoyando a los países de la región en el fortalecimiento de su institucionalidad fiscal, promoviendo un desarrollo económico más equitativo, sostenible y orientado al bienestar de sus ciudadanos.